La política y el crimen organizado: Educación y desamparo neoliberal

La política y el crimen organizado: Educación y desamparo neoliberal

Por: El Desconcierto | 22.05.2024
El informe concluye, citando a otros autores, que sociedades más igualitarias tienden a ser más cohesionadas. En tanto, el sentido de injusticia social aumenta cuando miembros de una sociedad viven en mundos totalmente distintos, con sistemas educativos y de salud con resultados diferentes.

*Este texto es la continuación de una entrega en serie, siendo la segunda parte (ver la primera columna aquí)

La columna anterior sobre este tema terminaba con una interrogante: si ya estamos -o aún no- en la cuarta fase del desarrollo del crimen organizado, que es la penetración de las instituciones. El panorama no es esperanzador, por los indicios que se observan. El camino para llegar a este punto ha sido largo, y ciertas condiciones del país lo han facilitado.

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Condiciones estructurales que favorecieron al crimen organizado

La delincuencia organizada requiere de ciertas condiciones que faciliten su penetración de la sociedad. El crimen requiere reclutar nuevos integrantes, para copar territorios y diversificar los delitos. Estos deben ser audaces, jóvenes, dispuestos a escalar en la carrera delictual y en principio, servir de “soldados”. ¿Dónde encontrarlos? Deben ser pobres, sin oportunidades, que tengan nada o poco que perder, sin horizontes, que no se sientan parte de un destino común. Digamos que en Suecia, imposible. ¿Y en Chile?

Abandono de la Educación Pública por parte del Estado

La dictadura militar eliminó el anterior Estado Docente y su rol preferente en la Educación Pública. Este rol preferente se consignaba ya en la Constitución de 1833 y se reafirmó en la Constitución de 1925. Pero fue eliminado de un sablazo. La educación pública dejó de ser importante, dejó de estar en permanente expansión para servir a más chilenos. Debía quedar a nivel municipal, debía ser preocupación de los alcaldes y desde allí, competir con la nueva educación particular subvencionada. De esa competencia saldría una educación de excelencia.

La nueva política educacional favorecía el desarrollo de establecimientos particulares subvencionados, los que recibirían un financiamiento similar a la educación pública, según asistencia de los alumnos, pero podrían cobrar un valor adicional a los padres (financiamiento compartido).

También podían seleccionar alumnos, sin restricciones, asegurando el ingreso de los mejores, y obteniendo así, mejor ubicación y prestigio en los ranking. El Estado también financió el mejoramiento de su infraestructura, y muchos se enriquecieron abriendo colegios subvencionados. Se creó un mercado educativo, en que la libertad de enseñanza se transformó en libertad para generar negocios y lucrar.

El sistema escolar se fue configurando como una de las versiones más extremas de privatización, así como también de los más desiguales en la región (Falabella A, Ilabaca T, 2020). La educación subvencionada florecía, pero no alcanzaba para todos. Había que pagar, y quienes no pudieran pagar debían ir a la educación municipal. Esa era la lógica, la educación pública recibía a la población más empobrecida, y así han permanecido durante 40 años. Es un modelo segregado y pensado de esa manera, bajo una racionalidad ultra neoliberal en que el mercado manda.

Esta segregación tuvo tres fuentes: la política educacional y su componente de financiamiento compartido, las prácticas de selección de parte de la educación particular subvencionada y decisiones de las propias familias, en donde influían el desprestigio de la educación municipal por los reiterados paros de los profesores, que hicieron lo suyo, extremando el recurso a la huelga. El resultado fue catastrófico.

En Chile, durante años la educación pública expresaba una abrumadora mayoría de los establecimientos: en 1880 el 76%, en 1970 el 90%. Al año 2020 la situación ya ha variado radicalmente: establecimientos privados 9%, particular subvencionados 54%, municipales 36%.

Varían los subvencionados, a costa de la educación municipal, y en ésta quedaron los más pobres, los del grupo D, el 36% de los hogares, y grupo E, con 14% , según la estratificación de hogares por nivel de consumo (AIM Chile 2019).

Los que pudieron cambiarse a la educación subvencionada, se cambiaron. Los que no pudieron, quedaron segregados, fuera de la modernidad, todos juntos en las poblaciones, abandonados por el Estado en colegios municipales. Si los alumnos faltaban a clases, lo que es más viable en familias disfuncionales por la misera, la droga, el alcohol, la menor educación de los padres, no importaba a nadie.

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El Estado simplemente hacía un menor aporte por asistencia en aquellos establecimientos, y se empobrecían más. De modo que allí, en esas poblaciones, en esas escuelas, estaban los potenciales “soldados” y allí los fueron a buscar. Como país, no nos extrañemos ahora.

Débil cohesión social

Después del estallido social de octubre del 2019, el gobierno de entonces reunió un grupo de trabajo denominado Consejo Asesor para la Cohesión Social, constituido por especialistas, quienes elaboraron un diagnóstico para una aproximación a la Cohesión Social en Chile (Informe Final del Consejo Asesor para la Cohesión Social, octubre 2020). El gobierno intentaba comprender la convulsión social del año anterior. Al respecto, sostiene dicho informe que la cohesión social depende en gran medida de los niveles de bienestar y equidad que alcanzan las sociedades.

Por su parte, Naciones Unidas define a una sociedad cohesionada, como aquella que crea un sentido de pertenencia, promueve la confianza, combate la exclusión y la marginación, y ofrece a sus miembros la oportunidad de una movilidad ascendente (Naciones Unidas 2016, en informe citado).

Siguiendo estudios internacionales, el Informe considera tres componentes de la cohesión social: Calidad del Vínculo Social, Sentido de Pertenencia y Foco en el Bien Común, cada uno con sus dimensiones e indicadores.

Para este análisis, nos detenemos en el Sentido de Pertenencia. Este factor se refiere a la dimensión vertical de la cohesión social, es decir por estratos sociales, y sus indicadores captan tres factores: identificación con el país, confianza en las instituciones, y percepción sobre si hay justicia social.

Concluye el informe que existe una alta identificación nacional, el elemento más positivo del estudio. Que la confianza institucional ha caído dramáticamente en los últimos diez años, con instituciones claves de la democracia que no alcanzan el 5% de confianza, y que son percibidas como corruptas, y por tanto las personas no se sienten representadas, lo que va generando una pérdida del sentido de pertenencia. Que la percepción de injusticia social, clave en el sentido de pertenencia, ha aumentado en los últimos años, especialmente en torno a la salud, educación, pensiones; no se percibe que el esfuerzo sea recompensado, tanto en el trabajo como al pensionarse.

El informe concluye, citando a otros autores, que sociedades más igualitarias tienden a ser más cohesionadas. En tanto, el sentido de injusticia social aumenta cuando miembros de una sociedad viven en mundos totalmente distintos, con sistemas educativos y de salud con resultados diferentes. Poblaciones segregadas suelen ser objeto de discriminación, estigma y maltrato, que además, dejan profundas huellas de resentimiento y rabia.

Esa rabia estaba y está, especialmente en los que provienen de las poblaciones y de la educación pública abandonada. Son los “soldados”, aquellos en que el sentido de pertenencia es casi inexistente, para quienes plegarse al crimen organizado puede ser una oportunidad, jóvenes a quienes no les importa morir.

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Así se entiende también que para el estallido social diversos estamentos sociales salían a las plazas a gritar sus reivindicaciones y su descontento, y otro sector social, salía a destrozar la ciudad, porque sentía no pertenecer a ella.