El Estado chileno admitió este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad "parcial" por abusos en sus centros de reclusión de menores y en especial en la muerte de diez adolescentes en 2007.

El reconocimiento fue expresado por la representación chilena en una audiencia de la CorteIDH celebrada en Brasilia, en el marco del 167 período de sesiones de ese organismo.

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El jefe de Derechos Humanos de la cancillería, Pascual Ricke, aseguró que el Estado ya ha reconocido los hechos y cumplido con su deber de investigación por el incendio ocurrido en octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria ´Tiempo de Crecer´ de Puerto Montt, a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Rechazó la posición de los representantes de las víctimas, que alegan la falta de castigo a los responsables, pues, según Ricke, tras una investigación que duró 20 meses la Fiscalía "no encontró evidencias de delito doloso".

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La causa concluyó entonces con sanciones administrativas contra seis funcionarios del Sename y la Justicia determinó el sobreseimiento del caso.

Ricke agregó que, además, las familias de cada una de las víctimas recibieron una indemnización equivalente a 88 millones de pesos y reconocieron "la integralidad de la reparación".

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, enumeró por su parte las medidas adoptadas por el Estado en los últimos años para poner fin a los abusos en toda la estructura del Sename, las cuales, sostuvo, se enmarcan en "recomendaciones" recibidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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También subrayó que este mismo año será creada una Comisión de Verdad y Reparación "para abordar todos los casos de violencia institucional desde la creación del Sename", en 1980.

Asimismo, afirmó que en los últimos años han mejorado todas las condiciones de reclusión, en el marco de una reforma estructural que ha permitido acabar con el hacinamiento y perfeccionar las acciones para la reinserción social de los adolescentes.

La representación de las víctimas reconoció la intención de esas reformas, pero sostuvo que "aún no cumplen sus objetivos, pues en los años recientes se han registrado casos de abusos y muertes" en los centros del Sename.

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Esa posición fue respaldada en parte por la abogada Marina Rosa, asesora de la CIDH, quien dijo en la audiencia que, si bien hay un reconocimiento "parcial" por parte del Estado y un empeño por corregir la situación, eso aún no se refleja en la práctica.

"Se valoran las medidas para la no repetición y hay una serie de mejoras, pero persisten las malas condiciones, pues la implementación toma tiempo y aún no se puede verificar" su efectividad, declaró.

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Según la asesora de la CIDH, "las normas están en el papel, pero no se han manifestado aún en cambios con efectos reales".

La presidenta de la CorteIDH, la costarricense Nancy Hernández, dio por concluida la sesión tras escuchar a cada una de las partes, a las que dio un plazo "improrrogable" hasta el próximo 24 de junio para la presentación de sus alegatos por escrito.

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