Desde el 2000, la empresa salmonera de origen noruego Nova Austral se instaló en las antes prístinas aguas del Parque Nacional Alberto D’Agostini, en el extremo sur del país. Desde allí hizo crecer su actividad y su reputación como una salmonera sustentable.

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Pero en los últimos años, fiscalizaciones de autoridades han develado un historial de daños ambientales e incumplimientos que, entre otras cosas, hoy tienen a la empresa en una situación legal y económica crítica.

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Este martes 14 de mayo, el Juzgado de Garantías de Porvenir declaró en quiebra la empresa y ordenó su liquidación. Esto luego de que dos proveedores de la empresa impugnaran el acuerdo de reorganización que había presentado la empresa ante su situación económica. Ejecutivos buscan revertir la decisión ante la Corte de Apelaciones.

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“La compleja situación legal y económica que atraviesa Nova Austral es producto de un largo prontuario ambiental que incluye la entrega de información falsa a las autoridades, la contaminación del fondo marino y la reiterada producción de salmones por sobre los límites autorizados en sus permisos ambientales al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini”, recuerda el abogado de la fundación Terram, Eduardo Konig.

Sin embargo, la situación también genera incertidumbre entre trabajadores de la empresa, que a través del sindicato lamentaron la decisión del tribunal, afirmando que existen hasta 3500 puestos laborales que de forma directa o indirecta dependen de Nova Austral.

Historial polémico

Una de las infracciones más recurrentes de Nova Austral fue la de producir más salmones que la cantidad permitida, lo que genera un aumento de nutrientes en el mar por las fecas acumuladas de los peces y de comida no digerida, que absorben todo el oxígeno, matando lo que habita en el fondo marino.

Desde la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) declaran que estos hechos de sobreproducción generaron un daño ambiental al interior del parque nacional, por lo que se aplicaron multas y se ordenó revocar el permiso de los centros para operar, aunque este último aspecto de la sanción fue revertido en tribunales.

Además, los ex ejecutivos de la salmonera falsificaron información para maquillar la sobreproducción en sus centros. Con dichos datos falsos, la empresa se adjudicó fondos públicos de hasta $60 mil millones a través de la Ley Navarino.

En 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra la empresa por este hecho, aunque en 2024 llegó a un acuerdo con la empresa que ha sido catalogado como “perdonazo” por organizaciones ambientales. Esto porque parte de la deuda tributaria de la salmonera se paga con los fondos públicos que obtuvo de forma ilícita.

Por último, se constató que ejecutivos de Nova Austral contrataron a una empresa para tapar con arena y un agente químico el fondo marino bajo uno de sus centros de cultivo, intentando ocultar el daño ambiental que había dejado allí su actividad.

Por esta falta, la SMA multó a la empresa por más de $900 millones. Desde la empresa intentaron revertir la decisión ante la justicia, pero la Corte de Apelaciones rectificó la multa en abril de 2024.

Pero además, el CDE está demandando personalmente a los ex ejecutivos de la salmonera pidiendo once años de cárcel: cuatro por daño ambiental y siete por fraude la fisco. También está pidiendo multas de casi $680 millones por ambos delitos a cada uno de los cinco acusados: gerente general Nicos Nicolaides, el gerente de producción Arturo Schofield, el gerente regional de Magallanes Drago Covacich, y los jefes de área Isaac Ollivet Besson y Rigoberto Garrido.