Entre 2016 y 2019, los entonces ejecutivos de la salmonera Nova Austral falsificaron datos ambientales por los cuales recibieron subsidios del Estado y maquillaron el daño ambiental que generaron al producir más peces del máximo autorizado y ocultar eventos de mortandad masiva de salmones.

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Además, para ocultar los impactos que dejó dicha actividad desmedida en los mares magallánicos, pagaron a una empresa para tapar el fondo marino con arena y una sustancia química, y así ocultar los desechos y condición de falta de oxígeno causada.

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La empresa, que ahora es dirigida por otras personas, fue multada por casi un millón de dólares. Pero ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también demanda a los ex ejecutivos de la salmonera pidiendo once años de cárcel: cuatro por daño ambiental y siete por fraude al fisco.

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También está pidiendo multas de casi $680 millones por ambos delitos a cada uno de los cinco acusados: el gerente general Nicos Nicolaides, el gerente de producción Arturo Schofield, el gerente regional de Magallanes Drago Covacich, y los jefes de área Isaac Ollivet Besson y Rigoberto Garrido.

La causa penal se puede seguir en la plataforma de consulta de causas del Poder Judicial. Se tramita en el Juzgado de Garantías de Porvenir y el rol es 150-2020.

Fraude y perdonazo

La demanda contra los ex ejecutivos se suma a otra causa abierta por el CDE contra la empresa como tal por el fraude tributario, para lo cual se llegó a un acuerdo que ha sido acusado por organizaciones de derecho ambiental como “perdonazo”.

El acuerdo permite suspender el proceso judicial durante tres años, y cerrarlo si dentro de ese período la empresa cumple ciertas condiciones, como el pago de la deuda tributaria.

Pero la principal crítica es que, de los $30 mil millones de deudas de la empresa, $9 mil millones serían pagados a través de bonificaciones estatales obtenidas por la Ley Navarino, que son parte de la acusación del CDE por lo que están retenidas como medida cautelar.

“Cabe recordar que entre los años 2001 y 2022, esta empresa de capitales noruegos recibió un total de casi 150 mil millones de pesos en subsidios estatales vía Ley Navarino, además de otros beneficios tributarios y aduaneros, siendo por lejos la empresa más beneficiada por esta ley. A pesar de ello, no ha sido capaz de cumplir la regulación ambiental de nuestro país”, reflexiona el abogado de la fundación Terram, Eduardo Konig.