El 1° de mayo conmemora las movilizaciones en Chicago contra condiciones laborales injustas: jornada de trabajo de 12 horas diarias, 7 días a la semana; salarios bajos y carencia de normas de seguridad e higiene, en un momento en que se admitía incluso el trabajo de niños desde los 6 años. Los dirigentes sindicales de esa movilización fueron condenados a muerte o presidio perpetuo.

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La sociedad ha avanzado, pero subsisten condiciones laborales que exigen un continuo movimiento reivindicativo y convocan al mundo sindical a sostener acciones de presión, con el 1° de mayo como centro focal, unitario, masivo y fundamental de las demandas de trabajadores.

Ya no son legales las jornadas de 12 horas: En Chile, logramos la aprobación de una jornada laboral de 40 horas, que se implementará con gradualidad y permanente fiscalización a empleadores que tuercen la interpretación de la norma hasta niveles absurdos, como prorrogar la hora de almuerzo en 12 minutos.

Aunque celebramos este avance impulsado por el mundo sindical, es bueno recordar que una gran cantidad de países disponen de jornadas de 40 horas desde comienzos del siglo pasado y han avanzado en reducciones hasta 30, 32 o 35 hrs, sin que esto haya perjudicado la productividad del país.

Del mismo modo, la mayoría de los países desarrollados han hecho esfuerzos significativos por elevar las remuneraciones vitales de sus trabajadores, llegando a 14 mil pesos la hora (cerca de $2,200,000 mensuales con 40 horas semanales en Australia), promediando cerca de 9 mil 800 pesos la hora en Europa.

Por supuesto, con Chile hay diferencias impositivas y de costo de la vida, pero salarios más altos aumentan el consumo impulsando la economía, y no perjudican la productividad. Con la certeza de que hoy muchos trabajadores no disponen de ingresos para mantener una familia, pese a trabajar jornada completa, como CUT demandamos el aumento del salario vital a 630 mil pesos.

Hoy, los dirigentes sindicales no son encarcelados ni asesinados como ocurrió en Chicago, aunque está muy reciente aún la experiencia en dictadura con la aberración de asesinato y condena a líderes de trabajadores. Persiste de aquellos tiempos la prohibición a los dirigentes sindicales de ser electos en cargos de representación popular -que no afecta a ningún otro tipo de dirigente gremial- y el desconocimiento de la negociación ramal, que introduce equidad en las condiciones laborales al interior de un rubro.

Esto nos sitúa muy atrás de los países desarrollados, que reconocen el potencial redistributivo de la negociación ramal y la necesidad de equiparar el poder de empleadores y trabajadores para obtener mejores respuestas. De nuevo, nada de esto ha afectado la productividad.

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Y, en los países desarrollados, el rol de los sindicatos es esencial también en el ámbito de las pensiones, ya que en muchos de ellos el pilar fundamental de las jubilaciones está dado por el aporte de los empleadores, a partir de acuerdos alcanzados entre trabajadores y empresarios. Chile necesita una urgente reforma al Sistema de Pensiones, pero la derecha se aferra a las AFPs, se niega a fortalecer la solidaridad y se preocupa de defender a los empleadores.

Del mismo modo, el sistema de salud sigue anclándose en otro sistema fracasado: el de las Isapres. Con integración vertical han encarecido la salud para todos, y en su afán de mantener utilidades millonarias han obligado a una masiva migración a Fonasa.

Hoy, el sistema público de salud está sobredemandado, pero en vez de dotarlo del financiamiento que requiere para dar respuesta oportuna y de calidad a la mayoría de los chilenos, el Parlamento discute cómo salvar las Isapres. Quienes lucraron de manera escandalosa con las necesidades de salud de la población parecen más importantes para el mundo político que aquellos a los que las Isapres les cobraron de más hasta obligarlos a irse.

Trabajadoras/es debemos estar alerta ante intenciones de volver a convertir derechos de las personas en situaciones en que los proveedores lucran con fondos públicos y los beneficiarios sufren. Como el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que no propone sala cunas, sino guarderías, y no es universal, beneficia a quienes más tienen.

Nuestras niñas y niños merecen una atención profesional, con especialistas en caso de dificultades, con proyectos educativos que desarrollen al máximo el potencial de cada uno. Es lo que les ofrece nuestro reconocido sistema público de Educación Inicial.

Nuestro rechazo a este proyecto es también un ejemplo de cómo trabajadoras/es organizados vamos más allá de nuestras propias reivindicaciones para poner nuestro conocimiento y nuestra fuerza al servicio de Chile.

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Esa vocación por un país más justo, que no deja a nadie atrás, que ve a los trabajadores como personas con un sentido de vida, responsabilidades familiares, proyectos y sueños -y no sólo un recurso productivo- es la que caracteriza al movimiento sindical chileno, que se expresa en plenitud cada 1° de mayo.