Una estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Chile, después de terminar todas sus materias, enfrentó un gran obstáculo: la universidad no le quería dar su título porque tenía una deuda de colegiatura que asciende a los $42.249.714.

La situación parecía injusta, ya que había cumplido con todo lo necesario para graduarse, excepto por el dinero que aún debía.

Ante la negativa de la universidad, la estudiante decidió buscar ayuda legal y presentó un recurso de protección.

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Inicialmente, la Corte de Valparaíso no le dio la razón y mantuvo la decisión de la universidad, argumentando que, según sus registros, no había problemas con la decisión del ente educativo.

Sin embargo, no contenta con esta decisión, la estudiante llevó el caso a la Corte Suprema, buscando un cambio en la decisión anterior.

La Corte Suprema revisó su situación y decidió que, en efecto, la universidad estaba actuando de manera incorrecta al no entregarle su título.

El tribunal explicó que el derecho a la educación es fundamental y que recibir el título una vez completados los estudios forma parte de ese derecho.

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Además, señalaron que todos los estudiantes en su misma situación deberían ser tratados de la misma manera, sin ser bloqueados por deudas.

Por lo tanto, la Corte Suprema revocó la decisión anterior y ordenó a la Universidad de Chile que le entregara su título sin considerar la deuda pendiente.

Este caso es un recordatorio de que los derechos estudiantiles son fundamentales y que las barreras financieras no deberían impedir que los estudiantes reciban sus títulos después de haber completado sus estudios.

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