Para ser completamente honesto, la gente que no aprecia los derechos humanos siempre me ha parecido rara. Gente extraña. ¿Cómo puedes tener dudas sobre cosas como si es lícito torturar? ¿Cómo podrías ser considerado normal si te resulta aceptable disparar bombas lacrimógenas a la cara de las personas en una manifestación?

Para mí, esas personas tienen problemas mentales, indudablemente. Una frialdad emocional terrorífica. Por supuesto, los que violan los derechos humanos de manera directa hacen de su trastorno mental algo palpable, visible y, algunos de ellos, terminan por lo mismo condenados por el tibio e indolente sistema de justicia.

Pero hay otro grupo de seres igualmente raros, que padecen del mismo tipo de frialdad emocional y que pasan más desapercibidos. Se trata de políticos que aplauden, alientan o apoyan las violaciones de derechos humanos. Relativizan la brutalidad de las dictaduras, piden apoyo para las instituciones que violan los derechos humanos o claman por indultos, amnistías y perdonazos para los sujetos concretos que violan esos derechos.

Son peligrosos porque se enquistan en lugares de poder y pretenden ser inocentes seres que solo hacen su trabajo. Olvidan que sus órdenes claras, o discursos más respetuosos y reconocedores de los derechos de todos, podrían haber evitado sufrimientos terribles.

Ese tipo de gente a veces dirige institutos armados, municipios o integran la mesa que dirige una Cámara de Diputados. Veamos.

Tras el estallido social, más de 460 personas sufrieron un gravísimo trauma ocular a causa de disparos efectuados por uniformados cuyos salarios les pagamos todos. Son funcionarios del Estado de Chile. Y en la arista “responsabilidad de mando”, según leí días atrás, el Ministerio Público aparentemente cuenta con más de 1.000 casos.

Casi 1.500 episodios dan para pensar que más se trata de una política institucional que del arranque individual de carabineros con problemas de control de impulsos. Da para investigar al menos, ¿no cree usted? El que no lo cree es el general director.

De hecho, estima que investigar eso, y formalizar esa investigación, es… ¡inconstitucional! Por ello, ha recurrido al Tribunal Constitucional. Notable desparpajo, me parece a mí. Investigar sería inconstitucional. Ese es el fondo del alegato.

Es raro que alguien así esté a cargo de Carabineros, ¿no le parece?

Pero si esto es raro, ¿habrá personas aún más raras que estimen que en verdad no se debería siquiera investigar o cuestionar a Carabineros, el Ejército u otros similares que se entrenan para obedecer sin pensar? ¿Habrá quienes creen que no se les debe cuestionar, aunque violen los derechos humanos?

Por increíble que parezca, hay gente así. De hecho, dirige un municipio y sueña con ser presidente de la República algún día: Rodolfo Carter, nuestro futuro Bukele, demoledor de casas de narcos, perseguidor del lavado de activos que se esconden entre tanta barbería experta en cortes tipo sopaipilla, opinólogo sempiterno de matinales, plantea algo así.

Recientemente le hizo un llamado al presidente Boric para que indulte a Carabineros condenados en hechos relacionados con violación a los derechos humanos durante el estallido social y para que impulse una ley de amnistía para aquellos que estén enfrentando procesos judiciales en curso, sólo excluyendo los casos de muerte.

¿El fundamento? En palabras de don Carter “…brindar una señal de apoyo y tranquilidad a Carabineros de Chile en un momento en el que el país enfrenta una crisis delictual significativa… esto fortalecería la institución, permitiendo a sus miembros operar sin el temor de persecuciones judiciales mientras combaten el crimen organizado que ha invadido barrios enteros” (ver aquí).

Que las señales para las víctimas de los derechos humanos sean tan espantosas como lo han sido casi siempre es algo que a don Carter no le importa. Lo relevante es la tranquilidad de Carabineros, no que la ciudadanía cuente con que sus derechos humanos estarán a salvo.

Para qué regocijarnos en el flaco favor que hace por la causa de Carabineros, ¿no? Es un poco cómico apoyar tan funestamente a Carabineros. Porque, al fin y al cabo, uno pide indultos y leyes de amnistía en relación con delitos y delincuentes. Si se anda pidiendo indultos y amnistías para Carabineros es casi como injuriarlos, digo yo. Es lo que pasa cuando se habla más rápido de lo que se piensa. Y también cuando no se piensa.

Pero juguemos a la distopía: don Carter fue elegido presidente y está, a esta hora, mientras escribo, en reunión en La Moneda, junto al general director de Carabineros (todo esto es fantasía, por favor, no vaya a creer que tenga alguna conexión con la realidad).

Tras sorber un poco de su café, el presidente señala: “Le comunico, señor general director que, para brindar una señal de apoyo a su institución, he indultado a todos los carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos y que, gracias a una ardua negociación, que ha incluido la desagradable advertencia, aunque no amenaza, de desclasificar las 700.000 páginas de unas transcripciones de conversaciones de alguien que no recuerdo, el parlamento me apoyó entusiastamente en la aprobación de una ley de amnistía para todo su personal. La ley incluye que no es necesaria una investigación previa, para evitar sutilezas jurídicas. Así que todo lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019 ha quedado en nada”.

Emocionado, el general director exclama: “¡En buena hora! Al final, uno ha entrado en esto para proteger a los inocentes y a la patria. Muchas gracias señor presidente", responde conmovido el uniformado.

“No es nada, hombre”, responde don Carter. “Y ahora, vaya a ver las manifestaciones en Plaza Baquedano, mire que tengo un 3% de apoyo y están todos los días marchando. Pero vayan no más, tranquilos. Si las bombas dan en la cara de las personas, no se preocupen. Son cosas que pasan. Aquí siempre les brindaremos apoyo, porque son el baluarte de los valores patrios”.

El uniformado se retira, más enamorado que nunca de la bandera, el huemul y el cóndor, y más dispuesto que nunca a escarmentar compatriotas. Así se ama a la patria.

Pero la Cámara Baja también hace su aporte. Gaspar Rivas es su vicepresidente. Hace tiempo señaló que había que terminar con “el show de los derechos humanos”. En otra ocasión dijo que los “derechos humanos” son para los “humanos derechos”, o sea, no para todos, sino para los que él considere que son “derechos”. La lista de los que no tienen derechos humanos no la ha entregado, pero debe ser larga.

Pero siempre tiene sorpresas mejores. Ahí está su última frase: “A esa señorita llamada Constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario”.

Tiritones justificados produjeron sus palabras no solo entre las mujeres feministas. Me informaron que cayó mal incluso en la Asociación Nacional de Mujeres Patriarcales (de la existencia de esa asociación tomé conocimiento gracias a Andrés Gallardo y su libro “La ciencia de las mujeres”), porque incluso a ellas esas referencias político-sexuales les parecieron de mal gusto. Como ordinario, pos oye.

Pero el diputado se justificó aclarando que no es algo que se le haya ocurrido a él –eso, admitámoslo, es creíble, pues pocas cosas se le han ocurrido, a juzgar por su producción legislativa–, explicó que quien lo dijo fue Diego Portales, a quien parece admirar porque, pese a tan grotesca frase, lo considera un “fundador del Estado de Derecho”. Uno de los pocos que no necesita respetar la Constitución para crear un Estado de Derecho. Siempre hay gente que logra lo imposible, ¿no?

Sin embargo, convengamos en que la frase es repugnante por donde se la mire y el que la haya dicho Diego Portales no la embellece en nada; por lo demás, ¿no moría de ganas el autocrático Portales de “embodegar” a Constanza de Nordenflycht por “tener pésimo genio, ser muy emperrada y testaruda”? Un machito a la antigua, como parece que le gustan a don Gaspar.

El general director de Carabineros, don Carter y el incombustible Gaspar Rivas tienen una característica en común que los hace igualmente raros: desprecian los derechos humanos y su vulneración no les quita el sueño. Y los tres son autoridades relevantes en este país. Nadie se escandaliza por ello.

Algo anda mal, ¿no creen?