Un caso que involucra a un grupo de abogados y a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha generado controversia en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Todo comenzó cuando la Fiscalía solicitó autorización para realizar diligencias intrusivas en un estudio jurídico. Esto estaba relacionado con una investigación por presunta falsificación y presentación de documentos falsos en juicio.

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La autorización fue concedida por una jueza, lo que llevó a la PDI a realizar una diligencia en el estudio jurídico. Durante esta operación, la Policía de Investigaciones incautó computadoras y teléfonos celulares de los abogados presentes en el lugar.

Los abogados afectados interpusieron un recurso de amparo y alegaron que esta acción fue desproporcionada y arbitraria, ya que ninguno de ellos estaba siendo investigado como imputado en la causa penal. Además, afirmaron que se les privó injustificadamente de sus herramientas de trabajo.

Sin embargo, la Corte de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por los abogados. Argumentaron que la decisión de autorizar las diligencias estaba dentro de las medidas que los jueces pueden tomar en el marco de los procesos legales.

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Además, señalaron que la PDI actuó conforme a las órdenes judiciales recibidas y que la solicitud de la Fiscalía estaba respaldada por suficientes antecedentes.

El fallo de la Corte fue adoptado con el voto en contra de una de las abogadas integrantes, quien consideró que las medidas tomadas durante la diligencia deberían haber sido menos intrusivas y que la incautación de los dispositivos electrónicos fue excesiva.

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