“Lamentamos profundamente esta decisión con desesperanza y mascando mucha rabia, porque las vecinas y vecinos de Tiltil por mucho tiempo hemos tenido que soportar los costos del desarrollo y del progreso”.

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Con estas palabras el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, declaró que acudirá a la justicia para intentar revertir la decisión del Comité de Ministros, que aprobó este jueves 18 de abril la instalación de una planta de residuos industriales en la comuna.

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De construirse, esta se convertirá en la 50° planta industrial contaminante de alto impacto en operar en la comuna, donde ya van a parar más de la mitad de los residuos que se generan en todo Santiago. Vertederos, relaves, plantas criadoras de cerdos y la planta de residuos de aguas andinas son solo algunas de las industrias que allí operan.

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Vecinos y vecinas de Tiltil llevaron durante años una férrea lucha contra el proyecto CIGRI (Centro Integral de Residuos Industriales) de la empresa Ciclo de capitales franceses. El recinto permitirá “tratar la peligrosidad de una importante fracción de los residuos industriales que se generan en el país”, según se describe en el estudio presentado por la empresa. Allí pueden ir a parar residuos de la minería, combustibles, baterías, suelos contaminados con hidrocarburo y más.

Un informe del Colegio Médico destacaba ya en 2017 los efectos a la salud que podrían tener filtraciones de este proyecto en el aire, los suelos y el agua de la comuna. Estos van desde una mayor prevalencia de cáncer, hasta daños neurológicos, demencia y problemas de desarrollo fetal.

El alcalde de la comuna declaró que presentará un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental, mientras se “evalúa acudir a instancias internacionales” para “demandar al Estado de Chile por vulneración de derechos humanos, pues no nos garantiza vivir en un ambiente libre de contaminación, perpetuándonos a ser ciudadanos de segunda categoría”, manifiesta.

Además señala que el estudio presentado por la empresa y aprobado este jueves fue realizado hace casi diez años, por lo que “no considera las condiciones basales del territorio en la actualidad”.

Injusticia territorial

“Tiltil presta un servicio a toda la Región Metropolitana, permitiéndose ahí la localización de infraestructura necesaria para el buen desempeño de las actividades productivas y residenciales. Pero lejos de recibir una contrapartida, la comuna presenta no solo una concentración de actividades molestas y peligrosas, sino que sus indicadores de calidad de vida y desarrollo también presentan una situación de desmedro respecto de los niveles nacional y regional”.

Así lo afirma un informe del Instituto de Derechos Humanos (INDH), donde se manifiesta la deficiencia de servicios básicos para una vida digna en la comuna, como por ejemplo el agua potable, que para una buena parte de la comunidad llega en camiones aljibe; una solución parche que se volvió permanente.

“En el caso de Tiltil, queda en evidencia que los actuales instrumentos de ordenamiento territorial y la evaluación ambiental de proyectos, no abordan el efecto de la concentración de actividades industriales en los territorios ni pueden hacerse cargo de las consecuencias acumulativas de sus desarrollos”, concluye el informe.