Una nueva propuesta legislativa está en marcha para fortalecer la seguridad pública a nivel municipal en Chile. Patrocinada por el diputado Daniel Manoucheri y la diputada Daniella Cicardini, esta iniciativa busca modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades para incluir una nueva atribución al director de seguridad pública municipal.
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Con ley buscan autorizar uso de elementos de defensa personal a inspectores municipales
Los impulsores de la moción argumentan que los problemas de seguridad pública son una preocupación constante para la ciudadanía, lo que requiere de políticas públicas adecuadas y esfuerzos coordinados para hacer frente a esta problemática.
Desde hace varios años, los municipios han asumido un papel crucial en la prevención del delito, especialmente desde la implementación de la ley N°20.965 en el año 2016, que permite la creación de consejos y planes comunales de seguridad pública.
Sin embargo, señalan que aún falta una regulación integral que aborde todas las aristas necesarias en esta materia, incluyendo funciones y atribuciones, capacitaciones, modalidades de contratación e implementos de protección personal para los funcionarios de seguridad municipal.
La falta de regulación integral se ha vuelto especialmente preocupante ante los frecuentes ataques con armas blancas y de fuego a funcionarios municipales, quienes se encuentran desprotegidos y expuestos a la violencia de bandas delictuales.
¿Qué busca la propuesta?
En este contexto, la propuesta busca dotar de elementos básicos de protección a los funcionarios de seguridad municipal, tales como chalecos y cascos balísticos, bastones retráctiles y gas pimienta, excluyendo el uso de armas de fuego.
Se argumenta que experiencias internacionales, como en Argentina, España, Australia y Estados Unidos, demuestran la efectividad del uso de armas no letales, como las tasers o de electroshock, para resguardar la integridad física de los funcionarios y mantener el orden público.
Este proyecto de ley representa un paso importante hacia la protección y seguridad de los funcionarios municipales encargados de velar por la seguridad de la comunidad, y se espera que su tramitación avance prontamente en el Congreso Nacional.