El derecho al asilo no es solo un principio legal, sino un acto de humanidad que salvaguarda la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que experimentan persecuciones y violaciones de sus derechos en sus países de origen por razones de raza, religión, género, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.

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La importancia de este derecho se evidencia a lo largo de la historia. Más aún, de acuerdo al derecho internacional, no se discute que es privilegio del país que concede u ofrece asilo determinar quienes pueden o deben acceder a su protección, sea en su legación diplomática, sea en su territorio.

Nuestro país fue pionero en esta materia. Durante la Guerra Civil Española, la embajada de Chile, desempeñó un papel crucial en la protección y salvamento de miles de vidas amenazadas. Mi abuelo, Aurelio Núñez Morgado, como embajador de Chile en España y decano del Cuerpo Diplomático, fue un líder en esta iniciativa humanitaria, que trascendió las fronteras normales de la diplomacia para ofrecer refugio a los perseguidos, llegando hasta introducir la preocupación por las personas que buscaban refugio en las embajadas, en los debates de la entonces Sociedad de las Naciones.

Su labor, junto con la de otros diplomáticos y funcionarios consulares, fue un ejemplo de solidaridad y compromiso con los valores universales de justicia y libertad. Esa labor fue continuada por los diplomáticos chilenos, entre otros, el Encargado de Negocios que lo sucedió, don Carlos Morla Lynch.

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Durante la dictadura militar en Chile el derecho al asilo adquirió una importancia crucial en la protección de aquellos que huían de la persecución política y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En ese período oscuro de la historia chilena numerosos ciudadanos se vieron obligados a buscar refugio en embajadas y consulados extranjeros, buscando escapar de la represión y el peligro inminente.

Fueron innumerables los perseguidos políticos, chilenos y extranjeros que pudieron salvar sus vidas gracias a la generosa protección de las embajadas. Agradezco al embajador de Holanda que dio refugio, entre muchos otros, a mi padre y a mi hermano. Y no podemos olvidar y menos dejar de agradecer a diplomáticos como el embajador de México que dio refugio a la familia del Presidente Allende, al de Francia, al de Italia, al de Suecia y a tantos otros de países europeos y latinoamericanos. No podemos nombrar a todos, pero no podemos dejar de decir que ni siquiera la dictadura de Pinochet se atrevió a desconocer el derecho de las legaciones extranjeras a recibir y proteger a los perseguidos.

El asalto a una embajada extranjera constituye un delito internacional de suma gravedad, ya que viola la inviolabilidad de los espacios diplomáticos reconocida por el derecho internacional. Este principio fundamental, consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, establece que las sedes diplomáticas son territorio soberano del Estado acreditante y, por lo tanto, cualquier acción que atente contra su integridad o seguridad es considerada una infracción flagrante del derecho internacional.

El asalto a la embajada mexicana en Quito no solo representa una violación directa de la soberanía de México, sino que también ofende a toda la comunidad internacional, como bien ha reconocido nuestro país y la misma Organización de Estados Americanos.

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En un mundo marcado por conflictos, desplazamientos forzados y crisis humanitarias, la defensa y promoción del derecho al asilo son esenciales para construir sociedades más justas, inclusivas y humanitarias. No podemos permitir que los intereses políticos y las consideraciones de conveniencia socaven este principio fundamental que protege la vida y la libertad de las personas en todo el mundo.