El diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que su expareja utilizó indebidamente una tarjeta del Congreso para cargar combustible en un vehículo privado durante cinco años.

Esta controversia, expuesta por el medio de investigación Ciper y confirmada por Tamara Küpfer, expareja del diputado, ha desencadenado un intenso debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de los recursos estatales.

La tarjeta en cuestión, destinada a facilitar la labor legislativa de los parlamentarios a través del abastecimiento de combustible para sus desplazamientos, se convirtió en el centro de una práctica indebida que ha llamado la atención sobre la gestión de fondos públicos.

Según declaraciones de Küpfer a Ciper, la entrega de la tarjeta se justificó en su momento como una medida de "comodidad", permitiendo así que el gasto en combustible, que debió ser destinado exclusivamente a actividades legislativas, se extendiera a uso personal y familiar.

La respuesta institucional no se hizo esperar. La diputada independiente Mónica Arce tomó cartas en el asunto, enviando a Urruticoechea a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Arce calificó la situación de "realmente grave", subrayando la necesidad de una sanción adecuada y de una rendición de cuentas por parte del diputado hacia sus electores.

"No podemos pasarlo por alto", afirmó, señalando las implicancias potencialmente delictivas de este acto.

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Este caso, que abarca el período desde mediados de 2018 hasta noviembre de 2022, pone de manifiesto un vacío en la regulación del gasto de combustible para parlamentarios y sus equipos, una laguna que, según Miguel Landeros, secretario de la Cámara, impediría tomar acciones punitivas basadas en normativas que aún no estaban vigentes.

La presidenta de la Comisión de Ética, la diputada Ana María Bravo, indicó que Urruticoechea podría enfrentarse a diversas sanciones, incluida la censura y una multa de hasta el 25% de su remuneración.

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