En nuestro país el sueldo mínimo asciende a 460.000 pesos, y si bien es uno de los más altos en la región no les permite a los ciudadanos acceder al consumo mínimo y a servicios básicos para vivir, esto haciendo el ejercicio de proyectar un arriendo, alimentación, salud o traslados, por lo que parte importante de la población vive inmersa en economías frágiles, en donde una enfermedad o un imprevisto puede afectar de modo decisivo a las familias de menores ingresos.

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En este contexto, llegar a fin de mes es un reto para miles de familias vulnerables, lo que se traduce, por ejemplo, en que parte importante de la población se ve conminada a comprar en mercados informales de toda índole, esta situación ha propiciado la venta de artículos sin procedencia conocida ni la certificación de idoneidad por parte de instituciones públicas reguladoras, lo que sigue siendo un tema de preocupación para las autoridades.

Artículos de aseo, cuidado personal y alimentación en general se encuentran a muy buenos precios lo que ha legitimado al comercio ambulante como una opción y un aporte significativo en esta lucha constante por terminar el mes.

Es aquí donde principalmente los supermercados han instaurado una modalidad de venta de productos a 1.000 pesos, reduciendo posiblemente el peso y los centímetros cúbicos de los originales, generando una opción de fácil acceso a la población que además se acerca al precio al que compran en el comercio informal instaurado en radios urbanos y ferias libres en todas las regiones del país.

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Si lo llevamos a la realidad a modo de ejemplo, las familias que perciben como ingreso el sueldo mínimo, todos los meses destinan cerca del 30% de sus ingresos, unos 138.000 pesos promedio, por concepto de alimentación por lo que esta modalidad les permitiría pasar de acceder a 108 productos de un costo unitario promedio de 1.300 pesos a acceder a 138 productos de 1.000 pesos. Lo que se traduce en un 27,8% más, impactando positivamente en las familias.

Esta acción debiera ser un incentivo permanente de todas las fábricas en nuestro país debido que al comercializar productos a 1.000 pesos no solo se combate al mercado informal o ambulante que no da garantías de procedencia ni salubridad de lo que vende, sino que permite a las familias con menos recursos acceder a productos de primera necesidad a precios accesibles y debidamente testeados.

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La Industria del retail en Chile debiera avanzar en legitimar los 1.000 pesos como una opción prolongada en el tiempo, bajo esta lógica un comercio justo es posible, un intercambio de calidad es propiciable donde las señales sean claras desde un mercado en constante ajuste y definición, generando de esta forma una competencia virtuosa entre las marcas donde el foco esté centrado en un mejor producto que gane progresivamente espacio al comercio ambulante, el contrabando y los mercados informales, generando la oportunidad real de acceder mensualmente a las personas de a pie a una compra de calidad y mucho más segura.