Cómo balacera de Lo Valledor cambió agenda del gobierno y reactivó presiones para desplegar FF.AA.
La estrategia que delineó el gobierno para marcar la agenda esta semana era clara: destacar la expansión del 4,5% del IMACEC que se registró en febrero.
A primera hora de este lunes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, encabezó un punto de prensa en que se dispuso a destacar los datos entregados por el Banco Central que evidenciaron la mayor expansión de la economía nacional en dos años desde mayo de 2022 cuando fue de 5,2%.
La buena noticia, sin embargo, fue opacada por la balacera ocurrida en Lo Valledor.
El incidente, captado por las cámaras de televisión apostadas en el lugar, se dio en el contexto de la implementación del nuevo plan de seguridad impulsado por la gerencia de Lo Valledor, el cual consistió en disponer agentes se seguridad y guardias privados y, además, la solicitud de carnet a las personas que quisieran ingresar al mercado.
Pero lejos de evitar delitos, la medida terminó provocando que una mujer disparara seis veces mientras era detenida, luego de quitarle el arma al vigilante que la retenía mientras personal de Carabineros se acercaba al lugar.
Los tiros percutados por la mujer —que posteriormente fue identificada como Mariana Bernarda Cea Oyarce, 54 años y de nacionalidad chilena— alcanzaron al guardia que participaba de su detención y un camarógrafo de TV, además de un tercero que estaba cerca del lugar y fue afectado por las esquilas de los disparos.
Alarma en La Moneda
A las 8:37, mientras ocurría la balacera, el ministro de la secretaría general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se encontraba en un punto de prensa en la que se anunciaba la donación de $700 millones por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al Fondo de Reconstrucción.
La pauta pasó a segundo plano. Una vez terminada, la prensa apostada en el lugar comenzó a preguntar al ministro por lo ocurrido en el mercado ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Elizalde, advirtiendo que no tenía conocimiento del tema, atinó a condenar la situación y aprovechó de mandar un mensaje a los parlamentarios: “Reiteramos el llamado para que el Congreso Nacional despache con celeridad los proyectos de ley que están pendientes dentro de la agenda de seguridad”, sostuvo Elizalde.
Algo similar le ocurrió a la ministra vocera de Gobierno, Camilla Vallejo. Luego del comité político que encabezó el Presidente Gabriel Boric, la secretaria de Estado salió junto a Marcel a dar una vocería destacando el IMACEC de febrero, pero la atención estaba en otro lado.
Sobre el incidente, la ministra aseguró que éste “obliga a reforzar las medidas de seguridad” confirmando que el gobierno tomará parte en esta tarea.
Más tarde, fue el propio mandatario quién debió salir a referirse lo sucedido en el popular mercado santiaguino afirmando que “no se le puede bajar el perfil” a lo sucedido y agregó: “Los que tengan estas actitudes, los que cometan este tipo de delitos, lo que tienen que saber es que los vamos a atrapar, y van a tener que responder ante la justicia”.
Por último, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, señaló que “lo más seguro” es que el gobierno se querelle contra la mujer que disparó.
Congreso vuelve a presionar por despliegue militar
Ante la noticia, rápidamente parlamentarios de oposición —e incluso del oficialismo, específicamente de Socialismo Democrático— emplazaron al gobierno a disponer de las fuerzas militares para labores de seguridad.
“Lo ocurrido en Lo Valledor es grave y debemos reaccionar ahora. Cuando la seguridad se desvanece, el tejido social se desgarra. Pido a mi gobierno no vacilar y hacer que las Fuerzas Armadas defiendan la población en zonas críticas. Se requiere además una política de control de armas efectiva y que el proyecto de infraestructura crítica avance a la brevedad. La seguridad es un derecho humano que debemos resguardar”, declaró el jefe de bancada de diputados del PS, Daniel Melo.
El diputado Jaime Araya (IND-PPD), por su parte, hizo hincapié en la importancia de sacar adelante la ley de infraestructura crítica, la cual considera a las ferias como lugar de resguardo.
“Infraestructura crítica es una herramienta de mayor flexibilidad y ha funcionado bien en el norte (…) No hay que tenerles miedo a los militares colaborando en tareas de control y seguridad de orden público, son una de las mayores capacidades del Estado”, dijo el diputado Araya.
Sin embargo, parlamentarios del Frente Amplio se mostraron más cautelosos y llamaron a “reflexionar” respecto a las medidas que se puedan tomar especto a la crisis de seguridad.
“El incidente de Lo Valledor demuestra que no existen balas de plata para resolver problemas complejos de seguridad (…) Otros dicen que esto se puede resolver con militares en las ferias o con la medida de no dejar entrar a migrantes. Esto amerita una reflexión más detenida, más pausada y responsable para abordar de manera integral la crisis de seguridad de nuestro país”, aseguró que senador Juan Ignacio Latorre (RD).