Hace algunos días un informe del Instituto Mundial de los Recursos generó alerta en Chile; en él se proyectaba que es probable que el país viva un escenario de estrés hídrico extremadamente alto en 2040, ya que podría enfrentar una disminución en el suministro de agua debido a los efectos combinados del aumento de las temperaturas en regiones críticas y los patrones cambiantes de precipitación en el territorio.

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Si bien este reporte generó alarma en los medios de comunicación, no entregó nueva información, sólo evidenció una realidad que hace años, tanto las comunidades científicas y académicas, como la sociedad civil, venimos alertando: si no actuamos a tiempo, el futuro implica recortes de agua y severa escasez para necesidades elementales.

En esta misma línea, el informe ‘Seguridad hídrica en Chile: Caracterización y perspectivas de futuro’, publicado en diciembre pasado por el CR2, alertaba sobre el escenario de estrés que ha enfrentado por las últimas seis décadas la zona central del país, el que está asociado, en primer lugar, al aumento en el consumo de agua y, en menor medida, a la disminución en la disponibilidad hídrica superficial. El reporte además señala que los usos de agua consuntivos (es decir, aquellos en los que el agua una vez usada, no se devuelve donde ha sido captada) se han duplicado, impulsados principalmente por el desarrollo de las industrias agrícola y forestal.

Según este reporte del CR2, además existe un vacío normativo toda vez que la agricultura de secano (aquella sin riego asociado) y las plantaciones forestales -por ejemplo- utilizan el agua contenida en el suelo, por lo que no requieren contar con derechos de aprovechamiento de aguas para su operación. Esto representa un problema para la gestión del recurso, al dificultar la cuantificación de los usos efectivos de los dos sectores que más consumen agua en el país.

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Es una realidad que las condiciones hídricas están cambiando producto de la crisis climática en nuestro territorio y que la disponibilidad de aguas no es la misma que hace algunos años por el cambio en el régimen de precipitaciones; pero, pese a esa enorme evidencia, aún no se han ajustado los sistemas de otorgamiento de aguas a la realidad actual, ni se han hecho esfuerzos importantes para generar una mayor gobernanza de las cuencas, considerando las particularidades de cada sistema y territorio. La brecha hídrica se agrava por el gap existente entre las recomendaciones de todos los reportes científicos y lo que está ocurriendo en los hechos.

Vemos, con tristeza, como el agua que volvió a la Laguna de Aculeo -gracias a las inusuales lluvias registradas en 2023- ya comienza a desaparecer, mientras la petición para declarar este ecosistema como un humedal urbano -y, así, proteger los cursos de agua que la nutren- cumple tres años de gestión en la burocracia estatal.

No sólo no estamos avanzando en la materia, también estamos retrocediendo, y la aprobación del Comité de Ministros al proyecto Los Bronces Integrado es prueba de aquello: con el objetivo de dar una señal al mundo corporativo y buscando generar puentes con los grupos y gremios de mayor poder del país, el gobierno comprometió las reservas de agua más importantes de la Región Metropolitana, al exponer a los glaciares de nuestra cordillera a la polución y el deterioro ya probado de una operación minera gigantesca, ignorando los consejos de glaciólogos, la petición de las comunidades afectadas y las propias recomendaciones de las instituciones evaluadoras técnicas.

¿Qué hacer? Diversos comités de expertos, como la mencionada publicación del CR2 o la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, han recomendado variadas acciones, que van desde el establecimiento de Metas de Seguridad Hídrica y de Indicadores de Estrés Hídrico en las cuencas, a la modificación de las normativas (Código de Aguas o la ley de Servicios Sanitarios, por ejemplo) que han quedado obsoletas frente a la realidad actual, así como la creación de un sistema de gobernanza del recurso hídrico desde cada cuenca.

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Las urgencias en la materia están levantadas; muchas de las soluciones posibles han sido propuestas. Sólo falta la voluntad de la política pública de avanzar en el único camino que nos puede ayudar en el futuro cercano: proteger (de verdad) el agua.