Un remezón en el Poder Judicial provocó el reportaje publicado por Ciper en que se da cuenta de la influencia del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de jueces.

Según pudo constatar el medio, en las conversaciones de WhatsApp del abogado protagonista del Caso Coimas se podía apreciar cómo éste influyó en el nombramiento de Jean Pierre Matus como ministro de la Corte Suprema en 2021 y de Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones el mismo año.

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Ante la polémica, la Corte Suprema abordó escuetamente la situación a través de una declaración pública leída este marte por el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez.

La declaratoria afirma que la Suprema es consciente de que el “sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad”, pero que la Corte “ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”.

En esa línea, la Suprema se mostró favorable a una eventual reforma al sistema de nombramientos.

“La Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el Proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo”, sostuvo Sáez en la declaración.

Efectos

Para Cristián Riego, académico y director del departamento de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales (UDP), esta práctica de influir en el nombramiento tiene tres dimensiones: que es una práctica habitual, que para “ascender” en el Poder Judicial es necesario tener una nutrida red de contactos y que esto a la vez afecta la calidad de los jueces.

“Estas prácticas de lobby que dan cuenta las conversaciones de Hermosilla, son empleadas por muchas otras personas. Es una situación habitual. Y el problema que eso genera es se atenta gravemente contra la independencia de los jueces. Porque los jueces saben que si quieren postular un cargo superior, tienen que llevarse bien con todas las personas que tienen influencia en esta red de contactos. Llámese jueces, lobbistas y políticos. Y eso puede condicionar la actitud de los jueces, porque saben que su trabajo está constantemente bajo control o análisis por parte de estas personas que toman la decisión de apoyar o no una campaña”, asegura el académico a El Desconcierto.

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En esa línea, Riego sostiene que esta situación “atenta contra la calidad del servicio. Porque no se nombra a las mejores personas, sino que a las personas que tienen más apoyo en términos de amistad, de lobby, de favores realizados a personas poderosas”.

“Un juez puede ser muy bueno, pero si no tiene una red de amigos potente, o no la apoya alguno de estos grupos de interés, no tiene ninguna posibilidad de ser designado. Y en consecuencia, desaparece totalmente la selección por un criterio de calidad”, acota.

¿Quién designa o cómo se designa?

Respecto al debate de una eventual reforma al sistema de nombramiento —discusión levantada por el exministro de Justicia Hernán Larraín o tocado en ambos procesos constitucionales— Riego asegura que no ha quedado conforme en cómo se ha abordado una eventual reforma ya que no se ha abordado el método de los nombramientos.

“Esas propuestas (las constitucionales) no me gustan mucho porque cambiaban a quienes designan, que hoy es la Corte Suprema, el Presidente de la República y en algunos casos el Senado. Pero el problema de fondo es cómo se nombra a los jueces”, sostiene el académico.

“Si se quiere hacer una reforma el énfasis no tiene que estar puesto en quién designa, aunque se puede cambiar, no veo problema en eso, pero lo realmente importante es el método por el cual se designa. De algún modo debería prohibirse o suprimir el lobby en el proceso de nombramiento. Se debe asegurar que las designaciones se hagan en base a información objetiva”, sentencia Riego.

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