Debate por "sueldos justos" que abrió choque entre ministra Jara y empresario Larraín Matte
En un mercado del trabajo marcado por la dificultad de los chilenos de llegar a fin de mes, en un país donde el sueldo mínimo alcanza los $460.000, donde un 65% reconoció aquello durante enero, según una encuesta realizada por la empresa de estudios de mercado Activa y la Worldwide Independent Network. En ese contexto, el debate por el nivel de los sueldos sigue vigente, después de su centralidad durante los días del Estallido social.
La discusión cobró un nuevo impulso tras un tenso intercambio entre la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el expresidente de la Sofofa Bernardo Larraín Matte, en un programa de conversación.
Un enfrentamiento que pone de manifiesto la creciente preocupación por la equidad salarial y la inclusión social en el contexto de las nuevas leyes laborales impulsadas por el Gobierno, como las 40 horas.
Sumado a una realidad país con 8,4% de desempleo, con 250.000 menos empleos de los que existían antes de la pandemia, y donde la informalidad alcanza el 27,5%.
“Si quieren que haya inclusión, paguen mejor”
En ese escenario, la secretaria de Estado desafió a los empresarios a mejorar los salarios como una forma de promover la inclusión. “Si quieren que haya inclusión, paguen mejor”, exigió, señalando que el respeto a los derechos de las personas es fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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“La gente en este país vive al tres y al cuatro y gana muy poco. Entonces, una de las razones por las cuales las personas hacen un emprendimiento o se tiran a vender cosas de distinta naturaleza en la informalidad, es porque aquí se les pagaban 350.000 pesos por trabajar toda la jornada laboral y no le alcanza para sacar a su familia de la pobreza”, detalló Jara.
Flexibilidad laboral
Por su parte, Larraín Matte, actual presidente de Pivotes, definido como "centro de incidencia pública", representa una visión privada que a menudo choca con las políticas gubernamentales orientadas a la redistribución, y aboga por una agenda marcada por la flexibilidad laboral. “Hay una cosa media establecida de que cualquier cosa que libremente pacten trabajadores y empleadores es definición de precariedad o un abuso, cuando son las personas las que optan por no tener jornada, o que optan por no estar sindicalizados, aseguró en el mismo espacio de conversación.
Una discusión que el expresidente gremial de los empresarios profundizó en una entrevista en Ex Ante, donde aseguró que "el sueldo formal promedio es aproximadamente el doble que el sueldo informal para todos los niveles educacionales. Entonces que alguien sostenga que la gente prefiere la informalidad precaria sin seguridad social, es profundamente equivocado".
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Productividad y negociación colectiva
Además, refutó al exlíder gremial de los empresarios en torno a los bajos niveles de sindicalización, al asegurar que a la preocupación por el desempleo inhibe la sindicalización, dado que el empleador posee la capacidad de terminar el contrato de trabajo de manera arbitraria, lo que constituye una manifestación extrema de la flexibilidad en el ámbito laboral.
Futuro del mercado laboral
Un choque de visiones que reflejo de un debate más amplio sobre la justicia social y la equidad salarial en Chile. Mientras el gobierno busca implementar leyes que favorezcan una distribución más equitativa de los ingresos, el sector empresarial se enfrenta al desafío de adaptarse a estas nuevas normativas y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa.
Una realidad a la que se suma la disparidad salaria por género. Iniciativas como la presentación de un proyecto de ley que exige a las empresas detallar remuneraciones por género buscan potenciar esta igualdad y disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Un debate que se espera que siga candente durante el 2024, año en el que se llegara a los $500 mil pesos de sueldo mínimo, un compromiso del gobierno de Gabriel Boric que se enfrenta al problema de la informalidad, como una realidad presente en el país, que tiene el riesgo de dejar en ascuas medidas como la ley de 40 horas.