Los municipios han adquirido un rol protagónico en materia preventiva a través de sus direcciones de seguridad municipal, esto en consideración a que cada vez cumplen un rol más estratégico ante una comunidad que exige mayor seguridad en sus barrios. Patrulleras y patrulleros con calidad de inspectores en móviles de seguridad pública se han transformado en actores claves, aportando a bajar la percepción del temor, en el combate a las incivilidades, la violencia intrafamiliar y la prevención de delitos.

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Carabineros de Chile, en función del centenar de cometidos que tiene, necesita mejorar su presencia en el territorio poniendo el foco en los delitos que por defecto causan mayor estrago en la sociedad. Si lo llevamos al caso de la Región Metropolitana tenemos un dato clarificador, según un estudio elaborado por la Universidad Alberto Hurtado las municipalidades suman más de 2.000 patrulleras y patrulleros con calidad de inspector lo que debiera transformarse en una herramienta clave para todas las unidades policiales presentes en la región.

Si bien Carabineros definió que es el Departamento OS-14 el encargado de llevar las relaciones con las municipalidades, es imperativo afinar esta alianza y definir funciones claras que complementen la labor policial, más allá del patrullaje mixto.

Al respecto, se torna fundamental traspasar de forma definitiva algunas funciones a esta coordinación, con lo cual se podría redestinar a Carabineros hacia la cobertura de  delitos de mayor connotación social, y dejar a la dupla Carabinero-Patrullero en la fiscalización de medidas cautelares, el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, por sólo nombrar un par, que permitirían un trabajo efectivo sin una dependencia rígida tanto de la comisaria o subcomisaria de los territorios en cuestión, y que pasen a ser funciones permanentes, mejorando la cobertura en el sistema de turnos en el territorio.

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En paralelo a la formulación de una acción como esta, se torna indispensable profesionalizar el actuar de las y los patrulleros, primero con un registro nacional de funcionarios de seguridad pública municipal, para tener control de que cumplen con los mínimos requeridos para realizar esta función generando un catastro que permita evitar vinculo de estos actores con causas judiciales pendientes o crimen organizado.

Segundo deben tener la calidad de contrata e inspector, contar además con póliza para poder manejar vehículos fiscales, equipamiento táctico de protección personal como chaleco y casco antibalas, cámaras GoPro corporal para contar con medios de prueba y, por cierto, seguro de vida en función de las constantes agresiones de las que son víctimas.

En este punto el gobernador Claudio Orrego ha propiciado a través del gobierno regional estandarizar la protección de los equipos de seguridad municipal entregando cascos y chalecos antibalas a las comunas de la región metropolitana, siendo este el camino correcto en consideración a que les permitirá estar en mejor pie ante situaciones de riesgo.

En tercer término, estamos al debe en formación y si bien la Academia de la Subsecretaria de Desarrollo Regional ha dado señales, es imperioso instalar competencias en patrulleras y patrulleros que son claves para el correcto desempeño en el trabajo con Carabineros, curso de inspector certificado, curso OS10, cursos de defensa personal, derechos humanos, manejo de evidencia, curso de manejo en situaciones de riesgo, primera respuesta en caso de VIF, RCP, control de hemorragias y primeros auxilios por nombrar algunos.

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Redefinir labores policiales de bajo riesgo con seguridad municipal puede ser una acción relevante en prevención y fiscalización, que permita redestinar a Carabineras y Carabineros a control o reacción, lo que sería un salto sustantivo en los tiempos que vive la región metropolitana, pero depende de una apuesta robusta que estandarice y perfeccione a funcionarios municipales que son los llamados a transformarse en actores claves para abordar de mejor modo el proceder junto a Carabineros.