Contraloría no observa omisiones de ministros que asistieron a reuniones con Zalaquett

A juicio de los diputados y diputadas de derecha, “se vulneraba la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios”.

Contraloría tajante

Sin embargo, la CGR desestimó las acusaciones. “La Contralora (S) señala que el artículo 2 N° 1 de la ley N° 20.730, define el lobby como aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos (ministros)”.

En consecuencia, a juicio del órgano contralor, no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones que deban registrarse de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Lobby.

“No todas las actividades de los sujetos pasivos están reguladas por dicha ley, ni todas las audiencias o reuniones que estos sostengan deben anotarse en el registro de agenda pública, sino sólo aquellas que importen una actividad de lobby o de gestión de intereses particulares”.

Sin ir más lejos, CGR concluyó que las reuniones “constituían trabajo en terreno, o de representación propios del cargo, y que no configuraban actividades que deban registrarse en la agenda pública de lobby”.

Temas tratados en reuniones

Además, para dejar más en claro su rechazo a los requerimientos de parlamentarios de oposición, Contraloría detalló los temas tratados:

• Situación de sequía en el país
• Momento político del país
• El futuro de la alianza de Gobierno y la estrategia del Ejecutivo en materia de seguridad
• Situación del sistema de pensiones y perspectivas de reforma
• Situación país, la actividad y los desafíos de nuestro sector
• Contexto global
• Cambio climático y pérdida de biodiversidad
• Visión (…) sobre la industria de salmonicultura

“En consecuencia, a la luz de lo sostenido en los precitados dictámenes, referidos a situaciones de similar naturaleza, y teniendo presente el principio de certeza jurídica, la Contralora (S) concluye que no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta Entidad de Control mantenía vigente para toda la Administración al momento de la ocurrencia de tales hechos”, cerró CGR.