El caso Cathy Barriga viene a cerrar no sólo un marco de irregularidades que se han ido visibilizando en el servicio público, sino que conforman un nuevo capítulo de lo que quedó en deuda con la Comisión Engel (Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción), los temas de probidad en los municipios.

A esta nueva telenovela, se suman las situaciones fraudulentas observadas en las municipalidades de Las Condes, Vitacura, Algarrobo y Antofagasta, por nombrar sólo algunas.

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En su columna (“Lo que nos dejó el 2023 en materia de corrupción”, La Tercera, 05/01/2024), Susana Sierra señala que la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público mantiene 642 causas abiertas en todo Chile por temas de malversación de fondos de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude al Fisco y blanqueo de capitales.

Asimismo, Sierra precisa que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha interpuesto 90 querellas que permitirían devoluciones millonarias defraudadas al Fisco por 32 alcaldes/as en condición de imputados/as. Toda una maquinaria que la fiscal Constanza Encina, quien acusa a Barriga, ha calificado como la instalación de una ‘política de gobernanza fraudulenta’, a través de “la implementación de una estructura orgánica administrativa de ‘disponibilización’ fraudulenta de recursos” (DiarioUchile, 16/01/2024).

De acuerdo a Encina, el ‘caso Barriga’ correspondería a 55 fraudes de la Fundación Democracia Viva, 28 del municipio de Vitacura, 20 de Algarrobo y 944 estafas en relación al monto defraudado por nuestra ex-alcaldesa Karen Rojo (CNN Chile, 17/01/2024).

Los casos no podrían ya ser considerados ‘castigos ejemplares’ ni persecución política, sino más bien que a “río revuelto, ganancia de pescadores”. Si visibilizamos el modus operandi de los casos no sólo vemos los millonarios montos involucrados, sino la instalación de una ‘arquitectura’ armoniosa de estafar al fisco, de adueñarse de lo ajeno y de considerar al Estado como botín (Mario Waissbluth, Voces La Tercera, 26/07/2016; Carlos Tromben, Interferencia, 09/10/2021; Enrique Barros, EMOL, 07/07/2023). Las tácticas corresponden por lo general a tratos directos y a la fragmentación de los recursos pecuniarios para que no pasen por el concejo municipal, que debiera constituir el órgano fiscalizar por antonomasia.

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María Victoria Murillo (y otros, 2021) enfatiza que los actores relevantes reemplazan las normativas vigentes a través de subterfugios que le tuercen la nariz a la institucionalidad y caen en incumplimiento sin incumplir, por lo cual las situaciones más bien rayarían en un mal gusto que en casos de corrupción con nombre y apellido.

Sin embargo, si analizamos la teoría democrática expuesta por la periodista turca Ece Temelkuran, situaciones como éstas estarían en el espacio de la inmoralidad y la escasa vergüenza, y el desmantelamiento de los mecanismos políticos de sana gobernanza (Cómo perder un país. Los siete pasos de la democracia a la dictadura, 2019).

En un medio nacional (El Diario de Cooperativa, 17/01/2024) se analizaron las políticas y mecanismos de esta gobernanza fraudulenta como parte fundamental de la erosión de la democracia en el país. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos y gran defensor de la independencia americana señalaba que las democracias se habían suicidado. El otro fundador de la democracia yanqui, James Madison, planteaba que las democracias sufrían del mal de ser cortas y sufrir un ocaso violento.

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El politólogo español Daniel Innerarity (La Libertad Democrática, 2013) precisa que el mito de la fragilidad democrática se debe más a una cultura política dominante que a liderazgos particulares. Es decir, en democracias con gobernanzas fraudulentas es todo el sistema político-público el que está enfermo, y así como el caso de Ecuador con la violencia, podríamos señalar que las malas prácticas en los municipios constituyen la ‘metástasis’ de un cáncer terminal de la institucionalidad pública, que hay que exterminar como sea.