“La ampliación de la planta desalinizadora nos dará una seguridad hídrica que es muy necesaria para el sector productivo y agrícola de la región y, algo que es fundamental, que es abordar el agua para consumo derivado de la crisis habitacional que vive esta región”.

Es noviembre de 2022 y el que habla es el por entonces ministro de Obras Públicas Juan Carlos García -hoy embajador de Chile en Canadá-, sobre la ampliación de la planta de procesamiento de agua de mar de Aguas Antofagasta y que transformaría a la capital regional en la primera ciudad de América Latina en ser abastecida 100% con agua desalinizada para el primer trimestre de 2024.

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La prensa destacaba que el proyecto, ubicado en el sector de La Chimba de la ciudad de Antofagasta, “representa la mayor inversión histórica en la industria sanitaria regional” con un costo estimado de $130 millones de dólares.

Sin embargo, un año después de las auspiciosas palabras del ministro García, el 3 de diciembre de 2023, la mencionada planta sufrió una falla eléctrica que derivó en una cadena de errores que provocó una crisis sanitaria que dejó por cinco días al 60% de los habitantes de Antofagasta sin agua potable y a la Seremi de Salud decretando a la capital regional como “Zona de Riesgo Sanitario”.

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El corte masivo, además de los problemas ocasionados a la población, generó una serie de declaraciones y recriminaciones entre autoridades locales, gobierno central y la empresa Aguas Antofagasta en medio de la crisis.

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Derecho fundamental

Mientras la delegada presidencial, Karen Behrens, acusaba “negligencia inexcusable” por parte de la empresa contratista que provocó el corte eléctrico y de tener una “acción errática” a Aguas Antofagasta, el alcalde de la ciudad, Jonathan Velásquez, era apuntado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de no conformar -como la ley lo obliga- el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (COGRID).

La emergencia sanitaria que provocó la falla de la planta desaladora puso en entredicho la “seguridad hídrica” que aseguraba hace un año el exministro García, pero más preocupante aún, dejó en evidencia que el derecho fundamental de la población al acceso a agua potable está sustentado en una normativa que no se cumple cuando se está frente a una crisis, lo que no ocurre en el caso de empresas extractivistas como es la industria de la minería.

En 2022 se reformó el Código de Aguas que establece en su Artículo 5 que “el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”.

El mismo artículo establece que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento”.

Sin plan de emergencia

Ese es uno de los argumentos expuestos en el recurso de protección que el abogado Antonio Rojas interpuso en contra de Aguas Antofagasta y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a raíz de la emergencia sanitaria generada por el corte de agua.

La acción judicial acusa a la empresa de no contar con un plan de emergencia, tal como establece la ley. De igual forma, el recurso va en contra de la SISS por no realizar su labor fiscalizadora.

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En el documento también se hace mención al decreto tarifario N°133 del año 2017, que establece un aumento de las tarifas de las cuentas de agua para la construcción de obras de seguridad.

Este aumento de tarifas debía ser autorizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios una vez que se comprobara la entrada en operaciones de dichas obras, cuestión que no ocurrió y que quedó de manifiesto con la emergencia sanitaria vivida en diciembre pasado.

El recurso indica que a la fecha no existe un plan de emergencia sanitario que pueda hacerse cargo de un nuevo posible corte de suministro de agua potable.

“Dicho decreto, indicaba que los aumentos de las tarifas serán autorizados mediante resoluciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios una vez que se compruebe la entrada en operación de dichas obras de seguridad, cuestión que en la práctica, no ocurrió, toda vez que de haber existido los estanques de agua comprometidos, probablemente se habría prevenido la crisis sanitaria ocurrida en la ciudad de Antofagasta entre los días 3 y 8 de diciembre de 2023”, expone el escrito.

La acción judicial argumenta que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización de Naciones Unidas (ONU), han determinado que el acceso a agua potable es un derecho humano fundamental, razón por lo cual el corte de suministro reviste una importancia y urgencia fundamental.

Consumo minero v/s consumo humano

El mismo día en que se decretó Alerta Amarilla en Antofagasta, la empresa CCU, de propiedad del grupo Luksic, donó 34 mil litros de agua embotellada para los habitantes de la capital regional, los que fueron enviados desde Santiago en un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea.

Pero más allá de este acto altruista, la relación del grupo Luksic con la planta desaladora que provocó la crisis sanitaria es de larga data, ya que, en 2003, mismo año en que la planta comenzó a operar, el holding minero ofreció al Estado $186 millones de dólares por la concesión a 30 años de la empresa sanitaria que surte casi al 80% del agua en la región de Antofagasta.

Es precisamente en la génesis de la planta desaladora en la que queda expresado que el objetivo primario de la planta no es precisamente abastecer de agua a la comunidad, sino que beneficiar a la industria minera.

[caption id="attachment_833898" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

En el Informe de Impacto Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), -institución financiera que entregó los dineros para el desarrollo del proyecto-, de julio de 2003, señala que “la tecnología empleada permitirá reemplazar las fuentes de agua proveniente de los Andes, liberando estas aguas, sobre las que ESSAN tiene derechos de explotación por 900 lps. La liberación de aguas de la cordillera permitirá su eventual venta y posterior utilización en la minería”.

Aunque la licitación fue adjudicada al Consorcio español Desalant S.A., meses después de entrar en operación, el grupo Luksic compró los derechos de la empresa sanitaria. En la práctica el holding dueño de Antofagasta Minerals se quedaba con una planta desaladora que fue construida para beneficio de la industria extractivista, además de adquirir los derechos de agua.

La compra de la desaladora por parte del grupo Luksic, dueña de El Tesoro, mina que empezó a operar en 2001 a 190 kilómetros de Antofagasta y que saca su recurso hídrico de la cuenca de El Loa, ocurrió tres años después de que la Dirección General de Aguas (DGA) estableciera que no se entregarían más derechos de agua a raíz de que el río Loa, principal fuente de agua continental para la gran minería, estaba agotado. Sin embargo, entre los años 2000 y 2019, se entregaron 37 derechos de agua a la minería.

En 2021, Codelco extrajo de la cuenca del Loa más de 31 millones de metros cúbicos, convirtiéndola en la empresa que más agua extrae en la zona. Antofagasta Minerals, Minera Centinela y Minera Lomas Bayas suman en total otros 3 millones de metros cúbicos.

Según el Informe Consumo de Agua en Minería 2019 - 2020 de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), el 80% del agua continental es consumida por la gran minería del cobre.

En abril de 2015 el grupo Luksic vendió Aguas Antofagasta al grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM) en $965 millones de dólares, es decir, cinco veces lo que pagó 12 años atrás.

Daños a salud en zonas mineras

Por décadas las zonas de extracción de minerales y combustibles fósiles, tanto en Chile como en el mundo han sido apuntadas como las causantes de enfermedades por la exposición a metales pesados,

En abril de 2015, un informe del doctor Aliro Bolados Castillo, presidente del Colegio Médico de Antofagasta expuso en la Cámara de Diputados la preocupación por la salud de los habitantes de zonas mineras. En el documento, recordaba los casos a finales de la década del 90 de niños con síntomas propios de cuadros graves de contaminación por metales pesados.

“En 1998 el Colegio Médico de Chile Regional Antofagasta era presidido por el Médico y Pediatra, Dr. Tomás Verdejo, quien en su consulta privada advierte los primeros casos de niños plomados, provenientes en su mayoría de viviendas situadas en las inmediaciones de los patios del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, propiedad del Grupo Luksic, en pleno centro norte de Antofagasta (…) Todo hacía sospechar que los acopios de plomo y zinc bolivianos ubicados a metros de sus hogares eran los responsables”, señala el informe.

[caption id="attachment_731138" align="alignnone" width="900"] Foto: imágen referencial[/caption]

En septiembre de 2020 el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, publicó el artículo “Nosotros tomamos agua de mar” Injusticias hídricas asociadas al agua desalinizada para consumo humano en la ciudad de Antofagasta, que identificó diferencias en el acceso al agua potable para el consumo humano provenientes de fuentes cordilleranas y de plantas desaladoras en la región de Antofagasta.

El estudio, liderado por la profesora asociada María Christina Fragkou, determinó que mientras el agua continental es utilizada por las empresas mineras, la población debe abastecerse con agua desalinizada proveniente de la planta ubicada en La Chimba.

La publicación también recoge un estudio realizado en las localidades costeras de Israel, donde por décadas la población ha consumido agua de plantas desalinizadoras, donde los casos de paros cardíacos han aumentado por falta de magnesio, elemento que se encuentra en las aguas continentales, pero no en la que proviene del mar.

En el mismo estudio de los investigadores de la Universidad de Chile, realizaron una encuesta a 1.150 hogares de la región de Antofagasta, donde identificaron que existe una desconfianza por parte de la población en el agua potable, lo que ha generado que 9 de cada 10 personas prefiera tomar agua embotellada en vez de la que proviene de la llave.