La reciente decisión de rechazar la prisión preventiva para Cathy Barriga, acusada de fraudes al fisco y falsificación de instrumento público, expone las profundas desigualdades en el sistema penal chileno.

Al contrastar este caso con el de Carlos Weiss, encarcelado por destruir un torniquete del metro durante la revuelta social, surge una incómoda realidad: la cárcel parece ser una realidad reservada para las personas comunes y corrientes, mientras los sectores poderosos se resguardan tras sus redes y privilegios.

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Este contraste se vuelve aún más agudo al considerar el contexto de la revuelta social, un levantamiento que no solo señaló injusticias particulares, sino que también destapó las fracturas sociales y económicas profundas en la sociedad chilena.

Para explorar esta problemática, recurro a las perspectivas de Angela Davis, Michel Foucault y Frantz Fanon.

Davis, en "Las cárceles de la miseria", lleva a reflexionar sobre cómo el sistema penal refleja y perpetúa las desigualdades sociales y raciales. La disparidad en la aplicación de la prisión preventiva destaca la tendencia del sistema a castigar con mayor severidad a aquellas personas que carecen de recursos para navegar sus complejidades.

Foucault, con su análisis en "Vigilar y castigar", nos sumerge en la comprensión de la cárcel como un mecanismo de control social. La selectividad en la aplicación de la prisión preventiva revela un sistema que, en lugar de buscar justicia, busca mantener el orden social reprimiendo a ciertos grupos.

Agregamos ahora la voz de Frantz Fanon, cuyas reflexiones en "Los condenados de la tierra" abordan las dinámicas de poder en contextos coloniales. Aunque su enfoque originalmente se centra en la descolonización, su análisis de cómo los sistemas de poder perpetúan las desigualdades ofrece una lente valiosa para entender la selectividad de la prisión en Chile.

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Fanon destaca cómo las instituciones de poder, al igual que la prisión en nuestra sociedad, sirven para mantener un statu quo que beneficia a ciertos grupos privilegiados. El paralelo con el contexto colonial resuena especialmente en un Chile donde la riqueza y el poder están concentrados en manos de pocas personas.

La selectividad en la aplicación de la prisión preventiva, evidenciada en casos como el de Cathy Barriga, refuerza la idea de que la justicia penal no opera de manera equitativa. La cárcel, en lugar de corregir, contribuye a la marginalización de aquellas personas que ya están excluidas de los círculos de poder. Fanon nos recuerda que desafiar estas estructuras de poder es esencial para la construcción de una sociedad más justa, se constituye, por lo tanto, en un deber ético-político.

En la búsqueda de una nueva sociedad, surge la imperante pregunta: ¿son realmente necesarias las cárceles? Las breves reflexiones presentadas a lo largo de esta columna apuntan a que el sistema penal, tal como lo conocemos, no solo es selectivo y sesgado, sino que también contribuye a la perpetuación de las desigualdades.

Angela Davis, Michel Foucault y Frantz Fanon nos han proporcionado herramientas analíticas para entender que la cárcel, lejos de corregir injusticias, se ha convertido en un mecanismo que refuerza las divisiones sociales y promueve el mantenimiento de privilegios.

En lugar de ser un instrumento efectivo de corrección y rehabilitación, la cárcel se ha convertido en una herramienta de control social que castiga de manera desproporcionada a aquellas personas que ya enfrentan adversidades y marginación.

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Es momento de explorar alternativas que aborden las raíces sistémicas de la delincuencia, implementando estrategias que promuevan la justicia restaurativa, la reinserción efectiva y la equidad.

Al desafiar la necesidad de las cárceles en su forma actual, nos acercamos a la posibilidad de construir un sistema más humanizante, justo y comprometido con la verdadera rehabilitación y transformación de personas y de la sociedad en su conjunto.