Ante el acuerdo entre Codelco y SQM, que extiende la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el 2060 aumentando la cuota de extracción, comunidades representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) bloquearon el acceso al salar y a las faenas de SQM durante casi cinco días.

El bloqueo fue desarmado el pasado sábado luego de diálogos con la ministra de Minería, Aurora Williams, quien según el CPA confirmó que el presidente Boric realizará una visita al Salar de Atacama para conocer los lugares que presentan daños por la minería metálica. La visita aún no ha sido confirmada por Presidencia.

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Este era el principal pedido de los comuneros, ya que la visita al salar es una promesa que el mandatario expresó en junio del año pasado y que aún no se concreta. El objetivo es mostrarle lugares donde ya se puede conocer el daño ambiental que genera la actividad minera en los delicados salares altoandinos.

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El impacto de la minería en los salares no es noticia para el Estado. Su Consejo de Defensa (CDE) ha demandado en tres ocasiones a empresas mineras por daño ambiental en ecosistemas ubicados en salares altoandinos del país.

Salar de Punta Negra

Uno de los lugares que el Consejo de Pueblos Atacameños quiere mostrarle al presidente, es el Salar de Punta Negra, ubicado justo al sur del Salar de Atacama. El CDE demandó junto a comunidades indígenas a la minera Escondida de BHP por dañar de forma acumulativa, permanente e irreparable el salar.

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El CDE constató la disminución severa del agua en el acuífero comprometiendo su regeneración, el deterioro del sustrato o suelo salino, la pérdida de los bofedales y su vegetación y del ecosistema en general, afectando la biodiversidad que allí habitaba y los servicios ecosistémicos que cumplía el salar.

El caso llegó a una conciliación en el 2021, en que la empresa se compromete a tomar 19 medidas valuadas en US$ 80 millones para intentar remediar el daño causado en el ecosistema y restaurar las funciones que se puedan, con una mesa de gobernanza para que las comunidades locales puedan fiscalizar el avance de las medidas.

Acuífero Montarqui-Negrillar-Tilopozo

El otro lugar que las comunidades piden visitar es el acuífero Montarqui-Negrillar-Tilopozo. El daño generado en este lugar es parte de un proceso judicial en curso, donde el CDE demanda por daño ambiental a las mineras Escondida (BHP), Zaldívar (Antofagasta Minerals) y Albemarle, por la “extracción continua e ilegal de agua del acuífero”, generando un “daño irreparable” en el salar, como consta en el texto de la demanda.

Para este caso, el CDE presentó como prueba los informes de diversos organismos públicos constatando la disminución del nivel de agua, impactando a la biodiversidad y la capacidad de regeneración del ecosistema, además de las vegas altoandinas de Tilopozo y los ecosistemas acuáticos de las lagunas La Punta y La Brava, que albergan organismos extremófilos escasos y únicos en el mundo.

También denuncia la afectación a los modos de vida ancestrales de comunidades indígenas de la zona, que se hicieron parte de la demanda.

Daños estudiados

Uno de los casos más estudiados de daño ambiental por la minería en salares ha sido el del acuífero de Lagunillas, donde un estudio del 2017 constata que la actividad minera generó un cambio en el clima local, aumentando la temperatura del suelo, disminuyendo la humedad de este y afectando la cobertura vegetal.

Los cambios de salinidad también afectaron a distintas especies que dejan de estar en el salar por lo que existe una pérdida del ecosistema como tal.

Además se da cuenta de la fragilidad de los salares, como cuencas cerradas evaporíticas que reciben el agua de procesos sumamente lentos, con un tiempo de recuperación que supera la escala humana por lo que es difícil que las medidas tomadas puedan recuperar el equilibrio de estos ecosistemas.