Durante la primera semana de enero se hizo pública la decisión de la Fiscalía Regional Centro Norte de la Región Metropolitana de solicitar la formalización del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en la omisión de apremios ilegítimos, con resultado de homicidios, ocurridos durante el estallido social, período durante el cual, en todo caso, era el general Mario Rozas quien comandaba la institución.

Fue en este contexto que, desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que como Ejecutivo esperarán la audiencia, agendada para 7 de mayo a las 09:00 horas, en el Centro de Justicia, "para tomar cualquier decisión como gobierno. Nuestro interés es que la institución pueda seguir funcionando, cumpliendo su función".

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Chile Vamos coincide con Boric

En tanto, desde Chile Vamos exigieron al gobierno respaldar al uniformado ante la crisis de seguridad que enfrenta el país, un tema que en diálogo con El Desconcierto comenta Rocío Zepeda Majmud, cientista política y magíster en Seguridad y Defensa, doctora en Ciencias Políticas y docente Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor, quien ve en la formalización de Yáñez más de una arista de análisis.

"Creo que es un tema más profundo. Chile está inmerso en una crisis de seguridad, porque la sensación de inseguridad es muy alta, pese a que las cifras no reflejan un aumento considerable significativo en la seguridad o la baja seguridad ciudadana, sí hay una crisis de inseguridad porque la población se siente más insegura y esto tiene que ver con el tipo de delitos que han ido ocurriendo últimamente, que son delitos mucho más violentos de lo que nosotros acostumbramos a ver", plantea.

Boric y confianza de Carabineros

Para la experta, esta situación que enfrenta nuestro país, con la comisión de ilícitos que antes no se veían a este lado de Sudamérica, también implica que "nuestra policía, como son delitos nuevos, no está tan acostumbrada a tratar y a llevar este tipo de delito, entonces el Presidente (Gabriel Boric) necesita el apoyo, el respaldo y la confianza con este ente que es el director general de Carabineros".

"Que esta persona esté formalizada, nos lleva a dos escenarios, dos campos de acciones a los que se podría mover el gobierno", detalla.

Y agrega que el Ejecutivo podría "por un lado, decir 'él está formalizado, se suspende de su cargo'. O, por otro, tratar de mantener esa confianza, decir 'vamos a ver cuáles son los cargos, vamos a ver qué pasa, que el proceso legal siga su curso y en base a eso vamos a tomar una decisión", agrega.

En definitiva, dice, "tomó la segunda postura, lo que creo que es correcto de hacer, porque irse en contra del general director de Carabineros, antes de saber cuáles son los cargos, qué va a pasar con el proceso legal, y efectivamente si es culpable o no (...) prefirieron esperar hasta que la ley dé la razón".

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"Buena estrategia"

"Eso es una buena estrategia desde el gobierno hacia las Fuerzas de Orden y Seguridad para tratar de mantener las confianzas, porque lo necesitan para poder seguir avanzando y solucionar esta crisis de seguridad", complementa Zepeda.

Eso sí, introduce una nueva arista de análisis.

"El problema que trae esto, es que esta decisión pareciese ser la más racional posible, decir: 'vamos a esperar que el proceso siga su curso', si él es culpable de estas acusaciones que se le imputan, vamos a sacarlo de su cargo'. Sacarlo precipitadamente sería también una señal de que desde el gobierno no hay confianza hacia Carabineros y ahí se obstaculizaría mucho más la idea del actuar conjunto para solucionar la crisis", comenta antes de profundizar.

¿Dónde está el conflicto? Zepeda apunta a la opinión pública. "Porque a nivel interno desde el gobierno, es la decisión correcta, pero para la ciudadanía la idea que queda es que una persona que está siendo procesada sigue en el gobierno. Entonces, si bien la decisión política es correcta, la forma en cómo la ciudadanía lo está entendiendo, puede ser un riesgo", advierte.

Comunicación efectiva

"Porque se puede dar a entender que se está apoyando a una persona que está siendo formalizada. Y eso es lo que ellos deben comunicar correctamente, centrarse en decir que hay un principio de inocencia, que la persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, no es al revés", plantea la cientista política.

Apuntando a cuáles podrían ser las consecuencias de mantener a Yáñez en el cargo, la experta alude a la postura actual de Ejecutivo, proyectando qué podría suceder si no se toman los resguardos necesarios.

"Ese principio se está aplicando, decir: 'nosotros lo vamos a mantener en su cargo, si la ley dice que él es culpable, lo vamos a sacar, pero es un arma de doble filo, porque de este discurso se pueden tomar las posiciones políticas contrarias para poder atacar al gobierno", alerta.

"Por ahí tiene que ver más que todo con el manejo comunicacional que tenga el gobierno para poder enfrentar esta situación, pero desde mi perspectiva, pero como analista política que tiene estudios en seguridad y defensa, en política lo correcto es mantenerlo, hay que mantenerlo hasta que se muestra lo contrario. Porque si lo sacan ahora precipitadamente y resulta que la ley sigue su curso regular en la formalización, sigue su curso y esta persona resulta ser inocente, ¿qué pasa? Va a ser mucho peor. Creo que es la decisión correcta", concluye Zepeda.

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