Plebiscitos fracasados: La hora de la reflexión
Después de dos plebiscitos constitucionales rechazados por la ciudadanía, se requiere de todas las fuerzas políticas una profunda reflexión, una visión crítica del papel cumplido, de sus vacíos e insuficiencias, tanto desde la izquierda como desde la derecha. En esta oportunidad, nos referimos a una necesaria reflexión crítica desde la óptica de izquierda y centro izquierda.
La inmensa mayoría del país apoyó la protesta social iniciada en octubre del 2019. Miles de personas salieron a las calles y plazas en decenas de ciudades, pacíficamente, a manifestar su repudio a la elite política frente a demandas sociales insatisfechas. Es un movimiento espontáneo, sin organización, sin convocantes reconocidos, sin consignas partidarias. No obedece a un plan de acción. Es anti partidos y anti elite.
Algunos sectores creyeron ver un momento pre revolucionario, en especial aquellos que cargan antiguas herencias ultraizquierdistas. Otros consideraron llegado el momento de deshacerse del gobierno, pidiendo la renuncia del presidente; es cierto que en las manifestaciones y rayados murales la gente pedía la renuncia de Piñera. Pero no es el papel de los dirigentes políticos ir detrás de los movimientos, sino adelante, orientando la dirección política. Eso no sucedió. Esta pretensión era equívoca, porque la renuncia del presidente no conducía a ninguna parte. De ocurrir, la situación se habría resuelto dentro de la institucionalidad vigente, asumiendo el vicepresidente, y quedando el gobierno en las mismas manos. Cualquier otra variante no era viable, y habría quedado fuera del Estado de Derecho; simplemente habría sido el momento de los militares. En definitiva, un camino sin destino, voluntarista y con tintes de ultraizquierda.
La correlación de fuerzas del momento hacía posible otro camino: impulsar “ahora ya” las demandas sociales, las que daban origen al movimiento de protesta, en cuanto a pensiones, salud, educación y otros. No se siguió ese camino, por una lectura sobregirada del momento político.
Junto a su carácter de masas, el movimiento estuvo acompañado de importantes dosis de violencia, donde destacaban elementos anarquistas, barras bravas y también lumpen. El fenómeno representa una grave pérdida de cohesión social en la sociedad, por décadas de discriminación y de un Estado ausente en amplios sectores sociales. Es la misma sociedad la que generó los gérmenes de esta violencia. La situación se mantuvo durante meses en el sector de Plaza Italia, en particular los días viernes. Las manifestaciones terminaban en actos vandálicos en los alrededores, incluyendo incendios y saqueos en donde era evidente la presencia de elementos antisociales mezclados entre manifestantes.
Y así se agrega un nuevo elemento al escenario: ninguna sociedad, ninguna persona, puede vivir durante meses en un ambiente de violencia e inseguridad. Las personas necesitan certidumbre en su vida cotidiana, poder hacer sus vidas con normalidad. Esta violencia persistente fue generando cansancio y distancia en la población.
El conflicto se mantenía y debía ser encauzado. La experiencia mundial demuestra que un movimiento social que se mantiene en las calles indefinidamente, tiende a perder fuerza y termina diluyéndose. Ese proceso es inevitable, no existe la protesta social eterna, salvo contra una dictadura. En un régimen democrático, cualquiera sean sus falencias, las reivindicaciones necesitan incorporarse al sistema político para tener viabilidad de solución. Una forma de darle conducción política y una salida institucional al conflicto fue el Acuerdo del 15 de noviembre, en que el gobierno de derecha se ve obligado a acceder al cambio de la Constitución vigente, ante las manifestaciones persistentes y la violencia imperante. Desde luego, los sectores conservadores impusieron varios de sus términos, como el quórum de dos tercios para aprobar el articulado de la nueva Constitución.
El 90% de las fuerzas políticas adhirió a este acuerdo. Otros lo hicieron a título personal como Gabriel Boric, y por eso hoy es presidente de Chile. Hubo sectores que sencillamente se restaron de este acuerdo, con el argumento de que no se incorporaban los pueblos indígenas ni la paridad de género. Estos débiles argumentos, siendo ciertos, no alcanzan a cubrir una lectura insuficiente del momento histórico, que exigía un cauce democrático. La correlación de fuerzas a favor de los cambios era en ese momento abrumadora. Por eso en dicho acuerdo debieron incluirse las demandas que se gritaban en las calles.
Luego, en el plebiscito de entrada, el 80% de los votantes decidió cambiar la Constitución. Así se llega a la Convención, dominada por la izquierda e independientes. Estos independientes son antisistema, anti partidos, sin proyectos de país, cada uno en su nicho, haciendo muy complejo el diálogo y los acuerdos con ellos.
La responsabilidad principal para fijar una estrategia y darle conducción política a la Convención estaba en la mayoría de izquierda. Pero los partidos políticos correspondientes parecen estar ausentes. Esta mayoría sin conducción actúa en completo desorden. El Partido Comunista y el Frente Amplio van cada uno por separado, con sus propios aliados independientes e indígenas, en vez de actuar de conjunto como soporte principal de dirección política. Los convencionales parecían mandarse solos, sin una dirección estratégica detrás. El Partido Socialista reacciona tarde, cuando se percata que en la Convención se está eliminando el Senado, entre otros riesgosos, improvisados e inoportunos cambios institucionales.
La Convención tenía un año de plazo para escribir la Constitución, pero estuvo tres meses discutiendo el reglamento, que terminó en cinco reglamentos. Durante semanas se discutió una propuesta fuera de lugar, para aprobar el articulado por quórum distinto al estipulado en el Acuerdo, el cual de aprobarse dejaba a la Convención fuera de la reforma constitucional que le dio origen, provocando un conflicto nuevo y absurdo que ponía en peligro la continuidad del proceso. El voluntarismo campeaba en la Convención.
Hubo muchas propuestas delirantes, sin ningún sentido de realidad, que eran primera noticia en los medios dominados por los defensores del Estado subsidiario. La Convención se convirtió en una burbuja, en donde la correlación de fuerzas no variaba, pero al exterior de la Convención si variaba: el rechazo minoritario comenzaba a crecer.
Hay variados elementos que demuestran la falta de estrategia y conducción política, que es la carencia principal del proceso de la Convención. Veamos lo concerniente al ambiente externo: La Convención no está en Francia en 1792, cuando se instala luego de la revolución la Convención Nacional. En la Francia revolucionaria, las restricciones que tiene dicha Convención son muy pocas, todo hay que construirlo. No hay una sociedad civil poderosa que pueda incidir (partidos políticos, diarios, radios, televisión, organizaciones educacionales, culturales, religiosas, etc.). Tampoco hay instituciones republicanas que estén funcionando y sean tradicionales en la sociedad, hay que crearlas. Pero no sólo eso, en Francia no hay un plebiscito de salida que se deba sortear. Es decir, nuestro proceso constitucional no está en Francia de 1792, que parte de cero.
Esa es la realidad. Significa que hay que evaluar la correlación de fuerzas externas, fuera de la convención, que es donde se dará una discusión en paralelo, inevitablemente, y en donde se ganará o se perderá el plebiscito de salida. Y la política a desplegar para ganar ese plebiscito no comienza cuando termina la redacción del texto constitucional, sino mucho antes, cuando comienza el proceso, el primer día de la convención. Ese día comenzaba el proceso de convencimiento de la ciudadanía. De haber existido, la estrategia política habría “descubierto” que la correlación de fuerzas al interior de la Convención era una, y fuera de la Convención era otra, y que era necesario adecuar el proyecto político a ambas realidades.
El triunfo de Kast en la primarias presidenciales de la derecha y su paso a segunda vuelta, fue una voz de alarma que tampoco conmovió a la Convención y a los partidos políticos. Era una confirmación de la volatilidad del electorado, que vota por un sector y después por otro, sin mayor conciencia política. Una confirmación de la fuerza que lograba el sector más extremo de la derecha en base a banderas que conmovían a las personas, como la delincuencia y la migración. El Apruebo comenzaba ya a ser amenazado, pero el aviso pasó desapercibido. Los árboles representados en el estallido social no permitían ver el bosque.
La falta de diálogo entre distintos sectores demuestra que al interior de la Convención no se comprendió el sentido de su labor, realizar un trabajo de propuesta constitucional para el pueblo de Chile, y no para las reivindicaciones sectoriales o parciales de cada convencional o grupo. Los convencionales, posiblemente, no estaban en condiciones de redactar una Constitución neutral o habilitante, porque no podían desprenderse de la carga emocional de la dictadura y su sentimiento de opresión en sus vidas personales y de sus familias.
En vez de acotar el contenido a lo indispensable y políticamente primordial, los convencionales se compran una variedad de problemas: Estado plurinacional, justicia indígena, autonomía indígena, consentimiento indígena, comisión territorial indígena, todos conceptos que no se explican a la ciudadanía y que se presentan abiertos, sin límites, sin bordes, y que nadie entendía. Cambio de nombre al Poder Judicial, eliminación del Senado, poner el aborto en la Constitución, eliminar el estado de excepción en medio del conflicto en la macrozona sur, etc. La propuesta es demasiado extensa, abarca demasiados temas y como tal, tiene más forados potenciales y queda más expuesta. Demasiados cambios relevantes a demasiadas instituciones, hacían surgir oposiciones innecesarias en el proceso constituyente, desde los más diversos ámbitos
Hay un tema relevante relacionado con la percepción de las personas, que los convencionales y los partidos políticos que debían conducir el proceso no percibieron: la influencia de la ideología liberal después de 50 años de vigencia en el país, desde el golpe de Estado. Desde hace ya algún tiempo, se internalizó en las personas el concepto de propiedad de sus fondos de pensiones, y la legitimidad alcanzada por los colegios privados subvencionados (que tienen la mayor cantidad de matrícula, por sobre la educación pública), por poner dos ejemplos. Esta ideología impuesta por la dictadura y vigente hasta hoy, ha logrado convertirse en hegemónica, es decir predominante, y abarca a todos los sectores sociales. Esta hegemonía ideológica conservadora formaba parte de la correlación de fuerzas que rodeaba a la Convención, y que estaría presente en el plebiscito de salida.
La conclusión es que cualquier pretensión extrema sobre los anhelos de la ciudadanía, en el sentido de estar ésta a punto de un salto revolucionario, no es realista y es al contrario, simple voluntarismo e infantilismo. El origen del estallido social del 2019 se mantiene, las demandas sociales seguirán en pie, pero las sobre interpretaciones de su significado, no llevan a ninguna parte. Era suficiente con lograr el objetivo principal, reemplazar la Constitución de 1980, sentar las bases de un Estado Social y modificar así gradualmente el carácter del Estado, haciendo posible que el libre ejercicio de la democracia permitiera llevar a la práctica las transformaciones. Una lectura equivocada de la situación política y de la correlación de fuerzas terminó en el desastre del 4 de septiembre de 2022.
Hay que escarbar en las derrotas para aprender de ellas. Por eso es necesario este momento de reflexión, para asimilar el país real que los hechos nos están mostrando. Y no hablarle a un país imaginario, sino al verdadero, que tiene más cansancio y hastío que hace cuatro años. Está más distante de la política y de las elites dirigentes, se siente más abandonado ante sus problemas sociales sin resolver, más abandonado ante la delincuencia en los barrios y poblaciones, más incrédulo ante la extensión de la corrupción. Es el momento de estar junto a las personas y sus problemas reales, y recuperar la confianza ciudadana. Es un momento de unidad de las fuerzas transformadoras. La pregunta ¿qué hacer? encontrará respuestas en una reflexión crítica.
