Katty Hurtado tenía 34 años cuando dio muerte a su exmarido, Richard Aravena, con un objeto contundente en la cabeza y un elemento cortopunzante en el cuello. 

Fue la madrugada del 14 de mayo del 2018 cuando Aravena intentó agredirla sexualmente, sujetándola fuertemente del cabello con una mano mientras con otra realizaba tocaciones. 

Esa fue la versión de Katty en el proceso judicial que duró tres años, y que inició luego de que se entregara voluntariamente a la justicia, la que finalmente la declaró culpable de parricidio y fue condenada a 20 años de cárcel. 

La versión de Fiscalía fue por el lado contrario: el Ministerio Público aseguró que el actuar de la condenada no guardaba relación con una legítima defensa, sino con la frustración económica que le habría producido la venta de un paquete turístico compartido, en cuya transacción tenía una participación activa y recibiría cerca de $10 millones.

Desde Fiscalía también aseguran que al momento del ataque Aravena se encontraba durmiendo, descartando agresiones previas. 

Pero lo que la justicia no tomó en cuenta fue la violencia sistemática a la cual fue sometida Hurtado por su expareja, según explican desde la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, donde Katty “si no se hubiese defendido, hubiera pasado a engrosar la lista de los femicidios del año 2018”. 

Los tres años de juicio y el sesgo de género

El caso de Katty es complejo, explica la integrante de la Red, Priscila González, por el sesgo de género de la investigación y ratificación de esta. 

De hecho, Hurtado fue condenada por el delito de parricidio pese al testimonio de su hijo –con su expareja, Richard Aravena–, quien dio cuenta de la violencia ejercida por Aravena hacia la mujer. 

“El hijo de ambos no estaba de acuerdo con que ellos se vieran, imagínate, el hijo rechazaba la relación con el padre precisamente porque era una persona violenta”, asegura Priscila González. 

Tras los hechos, Hurtado se mantuvo en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, y fue en octubre de 2018 cuando la imputada fue víctima de una violación por parte de dos hombres que utilizaban vestimenta de gendarmes en el penal de Calama. 

Tanto la madre de Katty, Yolanda Caamaño, como desde la Red, coinciden en que la respuesta de la autoridad carcelaria fue que Hurtado se había autoinfinglido las lesiones que se evidenciaban en su cuerpo. 

“Lo que sí se pudo acreditar fue la presencia de ADN masculino en las sábanas donde Katty durmió esa noche (...) el sumario administrativo quedó sin culpables, sin identificar responsables, la arista penal está abierta y en todos estos años no ha habido ningún avance, están en etapa de investigación”, sostiene González.

“La Fiscalía aún no se hace cargo de lo que pasó en ese caso, no se investigó nada más allá y cuando ocurre todo esto, estando en las condiciones que estaba mi hija, es removida desde la cárcel de Calama, la trasladan a las dos de la mañana a la cárcel de Tocopilla en donde la dejan en una celda llena de excremento”, relató en conversación con Radio Universidad de Chile la madre de Hurtado, Yolanda Caamaño. 

El indulto

Actualmente, Katty Hurtado tiene 40 años y se encuentra en el penal de Tocopilla, a 160 kilómetros de la ciudad de Calama, donde reside su madre y principal apoyo, y se encuentra en situación de aislamiento en el módulo de lactancia por una medida de protección que interpuso Gendarmería contra ella. 

Según señala González, quien junto a otras integrantes de la Red Chilena Contra la Violencia se reunió con Katty hace un par de días, la mujer se encuentra en dicha condición desde el 15 de octubre, y tras reportarse un “altercado” con otra reclusa, el penal la habría mantenido recluida sin salir de su pieza.

“Nosotras pudimos conversar con ella un par de horas, se encuentra muy pálida, ha perdido peso y pelo y está viviendo ataques de pánico”, dice e insiste en que son varias las organizaciones que solicitan el traslado de Hurtado y que, incluso, desde el propio Ministerio de la Mujer están enterados del caso y han sugerido el traslado al Centro de Estudios y Trabajo de Calama, pero que las facultades legales de la cartera son “bastante limitadas” y en este caso sería más competente la cartera de Justicia. 

Es por ello que varias organizaciones, de la mano de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, ingresarán una solicitud de indulto además de la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la mano de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile, donde antes de llegar a un juicio –que podría tardar años– el Estado tiene un plazo para responder ante las posibles salidas “amistosas” que serían anteriores a la instancia legal.

“Entre otras cosas, presentan como salida alternativa el indulto hacia Katty Hurtado”, precisa González adelantándose al complejo panorama político que ha significado el tema de los indultos para el gobierno actual. 

“Han sido temas complejos, lo tenemos muy claro, por eso nos estamos preparando jurídicamente, comunicacional y políticamente para que esta solicitud sea atendida en todo su mérito”, detalla, la cual será ingresada los próximos días. 

Respecto a las instituciones, González puntualiza que hasta el momento se han reunido con la Seremi de Justicia, Tissy Figueroa, quien se comprometió a revisar la situación de aislamiento de Katty, además de reunirse con la Seremi de la Mujer, Paulina Larrondo, y la directora regional de Sernameg, Gabriela Araya.

Revisa la denuncia del CIDH a continuación: 

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