El pasado 20 de noviembre la “fachada de necesidad habitacional” de tres hectáreas del sector Huantajaya, terreno de propiedad fiscal del Ministerio de Bienes Nacionales usado ilegalmente en Alto Hospicio, se cayó cuando un incendio puso en peligro a las personas por cinco días. El terreno habría estado amparado por supuesta concesión minera, pero utilizado como aparcadero de camiones, depósito de chatarra y cocinería sin permiso sanitario.

Las consecuencias de la exposición prolongada al humo van desde irritación en los ojos, goteo nasal, intoxicación por inhalación, irritación en los ojos, goteo nasal y enfermedades cardiacas, además de pulmonías crónicas, según estudios médicos de United States Environmental Protection Agency. De allí que se vea evidente el peligro que significó la existencia de este espacio.

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Condiciones del terreno

El terreno se encontraba con apropiación indebida de vehículos, que fue detectada al revisar las patentes. El caos desató la suspensión de clases y actividades del sector de Huantajaya y la sorpresiva aparición de un sujeto que quería impedir el actuar de bomberos. El hombre se encuentra en prisión preventiva actualmente.

Según la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, hace tiempo tomaron la iniciativa de recuperar los terrenos que están siendo usados de manera ilícita.

“Estamos desalojando por fin un terreno fiscal de tres hectáreas aproximadamente, que un particular ocupaba como vertedero ilegal y centro de operaciones de distintos negocios de combustible y comida que funcionaban al margen de la ley, y sin ninguna autorización sanitaria”.

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Y agregó: “No queremos esto. Seguiremos recuperando terrenos que son de todas y todos para entregar seguridad a las comunidades y garantizar su buen uso. Llevamos más de 500 hectáreas restituidas a nivel nacional”.

Necesidad o criminalidad

La autoridad hizo ver el evidente peligro que desata la apropiación ilegal de terrenos y también la importancia de destacar que muchas personas utilizan estos espacios como viviendas temporales convertidas en campamentos.

¿Qué ocurre con las personas que son desalojadas? La respuesta de la ministra es que hay que distinguir la necesidad habitacional de la criminalidad y, por esto, los espacios serán utilizados para vivienda y centros que faciliten la convivencia o beneficencia de la comunidad.

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