En el momento actual Chile afronta una situación muy singular, porque dentro de poco celebra un plebiscito para aprobar o rechazar un nuevo borrador de Constitución -hecho muy poco frecuente en la historia de un país-, al tiempo que, desde diferentes fuentes y desde el momento en que se redactaba el primer borrador, un grupo de políticos e “intelectuales”, de centro y de izquierda, abogaban por una suerte de “pacto social” que garantizara la convivencia en paz y la justicia social, lo cual hacía “necesario rechazar” ese primer borrador.

Esto es sorprendente, puesto que si algo caracteriza la aprobación de una nueva Constitución, es la concreción normativa de un gran acuerdo nacional y eso es, precisamente, el pacto social que necesita Chile desde hace muchos años. Pero el primer borrador fue rechazado por una amplia mayoría de votos y se eligió a nuevos constituyentes, en este caso personas que mayoritariamente no quieren, ni consideran interesante, cambiar la esencia de la Constitución de 1980, la de la dictadura.

Pero es más, la Asamblea Constituyente que chilenas y chilenos eligieron para redactar el primer borrador de la nueva carta magna, era uno de los órganos más representativos que se hayan visto en la historia de las constituciones del mundo. Se trataba de una asamblea elegida democráticamente, con garantía de paridad de género y participación intercultural e interétnica suficiente. La manera de elegir esta asamblea ya debió ser entendida como un pacto, ya que fue una forma de convocar a todo Chile en un escenario común, para redactar ese gran contrato social que es la Constitución. Y esa asamblea se reunió y trabajó durante muchos meses, discutiendo y armonizando diferentes posiciones, para redactar un borrador que garantizara, por fin en Chile, derechos fundamentales que aseguraran a todos y todas un proyecto de vida digno.

Más aún, hay que tener presente que fue durante el llamado estallido social cuando se puso de manifiesto la necesidad ¡imperiosa! de contar con una nueva Constitución. En efecto, no se debe olvidar que en octubre de 2019 Chile estalló en las calles exigiendo el fin de la corrupción y los abusos cometidos, en muchos casos, directamente por representantes del Estado, amparados por un entramado institucional y normativo (la Constitución de 1980 lo permite), diseñado y desarrollado durante años para el beneficio de sociedades privadas.

Las movilizaciones de octubre de 2019 pusieron de manifiesto que las personas afectadas no constituían un grupo social concreto y especialmente vulnerable, sino que la grave situación de desprotección social concernía a amplísimos sectores de la población, lo que reflejaba deficiencias sistémicas profundas que, como es natural, requerían (y requieren) de cambios estructurales que hagan viable un modelo socioeconómico alternativo al neoliberalismo salvaje imperante.

Se reclamaban cambios profundos, lo que incluía a las personas que deberían ponerlos en marcha, al tiempo que un potente clamor de la población exigía la implementación de soluciones estructurales, entre ellas, una nueva Constitución que los salvara definitivamente del desastre en el que se encontraba el país: según la encuesta Pulso Ciudadano-Activa Research (25 octubre 2019), el 83,6% de la población apoyaba las manifestaciones. En octubre de 2019, parecía claro que la respuesta debía consistir en una apuesta seria por un cambio de modelo y que se pusiera, por fin, la protección y los derechos sociales en el centro de la conversación, porque la gente -¡más de un millón de personas solo en Santiago!-, no requerían respuestas asistenciales que calmaran su rabia, sino un cambio de paradigma político que les hiciera recuperar la confianza.

De octubre de 2019 hasta hoy no solo han pasado 4 años, también pasó una pandemia que lo ensombreció todo y fue determinante para un largo tiempo de desmovilización y desmemoria. Se perdió la perspectiva de una realidad que no ha cambiado; prácticamente todas las demandas del estallido social siguen vigentes, no existe un verdadero ni legítimo sistema de garantía de derechos y, por tanto, la situación que provocó el movimiento de octubre de 2019, en esencia es la misma. Por ejemplo, al amparo de la actual Constitución, en Chile se puede -y así ocurre-, a través de agencias financieras privadas, especular con el ahorro previsional de trabajadores y trabajadoras; no existe un sistema público de protección social, no se reconoce el derecho a la vivienda ni a una educación gratuita, pública y de calidad, etc.

¿Cómo fue posible, entonces, que hubiera quien rechazara la idea de un nuevo marco normativo a todas luces más justo y, desde luego, más legítimo que el actual? ¿Cómo pudo haber representantes “progresistas” que siquiera se plantearan mantener una Constitución que ha negado derechos fundamentales a chilenos y chilenas durante décadas y que pidieran un pacto social para no se sabe qué?

Probablemente la mejor manera de responder a estas preguntas sea considerar dos cuestiones. Por una parte, intentar averiguar quiénes están mejor en la situación actual, quiénes podrían haber perdido algo con la promulgación de una Constitución basada en el primer borrador, quiénes forman la élite que se ha beneficiado y lucrado gracias al marco jurídico constitucional de 1980; cuando se reconozca quiénes son, se verá que cuentan con recursos más que suficientes para influir e intentar manipular a la opinión pública.

El segundo factor que explica el masivo rechazo al primer borrador es que una parte importante de la sociedad se encuentra desideologizada y reacciona fundamentalmente oponiéndose, en lugar de valorar qué hay de positivo en lo que se propone; los movimientos populistas de ultraderecha en todo el mundo -Chile no es una excepción-, basan su discurso en el odio, en la necesidad de defenderse de amenazas tan poco ciertas como fáciles de asimilar: “los inmigrantes que son delincuentes y nos invaden”, “las leyes de los comunistas que nos quitarán lo poco que tenemos”, “los privilegios de las minorías que estarán por encima de los de la mayoría”. En definitiva, se rechazó esas supuestas amenazas, no una nueva Carta Magna que garantizara derechos de todos. Más difícil de entender es la posición pro-rechazo de políticos que, durante la campaña del primer plebiscito, manifestaron su “escepticismo sobre la nueva Constitución y que el plebiscito está lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana” (Ricardo Lagos).

Procurando entender a los que proponían un pacto social posterior al primer plebiscito, seguramente concluiremos que se equivocaron al pensar que aquel rechazo abriría posibilidades de mejora siquiera parecidas a las que recogía aquel primer borrador, y que acertaban plenamente cuando decían que Chile necesitaba un gran pacto social. El problema es que ese gran pacto social que era aquella propuesta de nueva Constitución, tristemente, ya no verá la luz… al menos en muchos años.