Cuando surgió la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, un medio español título un reportaje sobre esa crisis con las siguientes palabras: “Culpables, millonarios e impunes”. Notable título que da cuenta de cómo una serie de ejecutivos de prestigiosas instituciones financieras desarrollaron un tipo de comportamiento reñidos con la moral y la ética, dejando en la más absoluta vulnerabilidad económica a millones de personas. Pero ellos continuaron siendo millonarios amparados en la impunidad. No hubo castigo.

En nuestro país no hemos estado ajeno a esto. Claro está que hay que guardar las proporciones, pero las similitudes van de la mano de comportamientos similares. O sea, de sujetos con un alto prestigio y solvencia económica, llamados hombres de negocios, que en muchos casos se involucran en ilícitos donde se expresa un desprecio hacia la ley y la sociedad que solo ellos se pueden dar y no recibir un castigo proporcional al delito que cometieron. Esto es inimaginable para una persona común, más aún si es pobre.

Traer esto a colación deriva del hecho que hace algunos días se conocieron los audios de una conversación que involucra a “chilenos de los buenos”, conversando animadamente en una oficina. Una conversación distendida en un lenguaje coloquial que se apartaba de los cánones tradicionales del mundo de los negocios. Danzaban miles de millones de pesos en la conversación. Montos que muchos de nosotros, que no somos buenos chilenos, ni siquiera imaginamos. A lo más, cuando pensamos en dinero, pensamos en un sueldo justo o en una pensión justa, algo que nos “permita vivir dignamente” y no solo sobrevivir.

Estos “chilenos de los buenos”, mencionaban cajas negras donde surgían billetitos no para precisamente mejorar los sueldos o las pensiones de los/as chilenos/as. A lo más para mejorar los ingresos de ciertos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cuestión que es parte de la investigación en curso. El simple hecho de mencionar estas instituciones nos muestra la fragilidad de ellas, aumentando la desconfianza con todo el entramado institucional en nuestro país, cuestión no menor al estar todos/as nosotros/as involucrados en estos momentos en un nuevo proceso constitucional, que discute lo que queremos ser como país. Situaciones como la ya descrita, no ayudan a esto.

Estos “buenos chilenos” también nos refriegan las diferencias sociales que existe en nuestra sociedad. Algunos, solo por tener dinero, se permiten acceder a casi todo: a conseguir información privilegiada, a generar influencias políticas (caso financiamiento ilegal de la política) o beneficios económicos (caso colusiones) que van más allá de la necesidad de lucrar. Cosas que caen ya en el ámbito de la avaricia: avaricia de dinero y avaricia de poder.

Lo peor de todo esto, es que casi siempre estos “chilenos buenos” no van a parar a la cárcel, a cumplir penas como cualquier otro chileno (pobre). A lo más, terminan recibiendo clases de ética, las cuales tenemos que decir, no causan ningún efecto en ellos. Si la socialización familiar o cuando estaban en sus colegios confesionales no les dotó de un paradigma moral y ético para desenvolverse en la vida social, cuando ya son personas adultas será poco probable. Esto no es menor porque cuando nos referimos a la delincuencia común y cuando tratamos de entender esas conductas, se habla de condiciones socializadores deficientes, con familias disfuncionales, con estructuras de personalidades bordeline y muchas otras cosas más. ¿Aplicará esto a estos “buenos chilenos”?

Este tipo de delito en la tradición penal y sociológica se denominan “delitos de cuello blanco” o delitos financieros. Hay que señalar que estos son tan o más peligrosos que los cometidos por la delincuencia común, la cual, a diferencia de estos, son estigmatizados como altamente peligrosos y donde la sociedad pide las penas del infierno a quienes lo cometen. Precisamente para este tipo de delitos no ocurre algo similar. A lo más se ven como algo anecdótico; no tienen un reproche social, y cuando lo tienen este se olvida fácilmente.

Me atrevo a decir que este tipo de delitos están a la altura de los que comete el llamado Tren de Aragua por su peligrosidad, por el impacto financiero que involucra y por afectar la fe pública en las instituciones. Claro, no matan, no asesinan físicamente, pero el efecto en las personas podría tener resultados similares. Tienen similitudes con los carteles criminales y organizaciones delictuales ya que generalmente se trata de comportamientos organizados que no nacen de la improvisación, al contrario, estos están altamente planificados, generando conductas ilegales que son difíciles de pesquisar. De ahí, que hay que pensar que este tipo de actividad ilícita no es menor y es peligrosa por la cuantía de los recursos, en miles de millones de pesos, que se desfalcan.

Cierro señalando que hay que tratar este tipo de delitos de la misma forma en que se trata a los delitos sobre seguridad pública. Tampoco se debe dejar la imagen que existe una justicia para gente rica y otra para pobres. Este tipo de delitos provoca daños mucho más considerables que los ocurridos durante la revuelta social, la cual precisamente emerge para recordarnos la diferencias y inequidades que tenemos como sociedad.

Se necesita que la justicia actúe. Que sea justa. Que no discrimine entre pobres y ricos. No se puede instalar nuevamente un escenario de impunidad penal solo porque los que han incurrido en este tipo de delitos, si delitos, pertenecen a los “chilenos buenos” porque después con que cara se pide a los/as niños/as, jóvenes y adultos que no roben, que sean honrados o que Chile no “arda nuevamente” por las injusticias.