“La Constitución está mal hecha y es de derecha”, fue la frase que acuñó el ahora ex comisionado experto Alexis Cortés (PC) durante el debate del proceso constitucional y que ha resultado ser casi un mantra en la campaña del ‘En contra'.

En entrevista con El Desconcierto, el experto desglosa esta frase y explica qué elementos de derecha en concreto tiene la propuesta presentada por el Consejo Constitucional y que será plebiscitada el 17 de diciembre. Además, Cortés enfatiza en que “la propuesta reincide y empeora algunos de los problemas del texto vigente, porque reaviva el principio de Jaime Guzmán de que en la Constitución se tiene que aprovechar de constreñir al adversario para que si este llega al poder tenga que comportarse de un modo similar a como lo harían quienes redactaron la Constitución”.

—Usted mencionó que esta propuesta es de derecha y está mal hecha, ¿qué elementos de derecha tiene esta Constitución?

Para que Republicanos apoyaran un nuevo texto constitucional, necesariamente el texto tenía que ser más conservador y más neoliberal que la Constitución vigente. Ellos siempre fueron muy transparentes al decir que no querían un nuevo proceso ni una nueva Constitución. Entonces ¿qué los hizo cambiar de opinión? Que el proyecto fuera más de derecha.

Este texto cruza varios límites que están en el texto vigente, que ya es un texto programático impuesto en dictadura, donde los vencedores impusieron su Constitución, a pesar de que se haya reformado en ciertos aspectos posteriormente. Y desde el punto de vista moral, en este texto se refleja una moral determinada en ciertas normas, como por ejemplo la de libertad de enseñanza; cómo mal se definen los derechos de niños, niñas y adolescentes; la restricción a la huelga y en la objeción de conciencia.

—La otra parte de la frase es que está mal hecha. ¿Por qué está mal hecha esta propuesta de nueva Constitución?

Hay un problema de diseño que lo sintetizó muy bien Gonzalo García, ex-ministro del Tribunal Constitucional, quien señaló que hay un riesgo alto de colapso normativo con el texto que se propone. ¿Por qué? Porque una Constitución debería ser el marco general, pero lo que hace este texto está lleno de cuestiones que deberían ser materia de ley, es decir, que deberían ser resultado de la discusión democrática en el Congreso.

Una Constitución por definición es contra mayoritaria, debe ser más difícil de ser cambiada, porque son las bases fundamentales del orden. Entonces cuestiones como la constitucionalización de las AFP e Isapres, los beneficios carcelarios, contribuciones, normas tributarias que condenan una reforma, el voucher en educación, son todos aspectos programáticos que descalifican lo que debería ser una Constitución y al mismo tiempo rigidizan políticas públicas. Y eso además tiene el efecto de dejar inconstitucional propuestas de sectores que no piensan que estas sean las mejores políticas. Todas esas políticas que ellos pusieron en la propuesta son legítimas, pero se deben discutir en el Congreso.

Por eso a mí me parece que la propuesta reincide y empeora algunos de los problemas del texto vigente porque reaviva el principio de Jaime Guzmán de que en la Constitución se tiene que aprovechar para constreñir al adversario para que si este llega al poder tenga que comportarse de un modo similar a como lo harían quienes redactaron la Constitución. En definitiva, es un traje la medida para la derecha.

—¿Por qué desde el oficialismo se dice que esta propuesta tiene letra chica?

Me parece que hay mucho de propaganda engañosa en la propuesta en temas como las contribuciones, la seguridad, migración, etc. Ninguna constitución del mundo es capaz de resolver esos problemas. Y más allá de la declaración discursiva, no hay ninguna herramienta en este proyecto que permita mejorar alguno de esos aspectos.

—Desde la derecha alegan que propuestas del oficialismo fueron recogidas en la propuesta ¿no fue así?

Ellos dicen que son cosas que recogieron, pero son cuestiones que venían del anteproyecto y que en el Consejo Constitucional fueron deslavadas y debilitadas, a tal punto de volverlas irreconocibles.

Por ejemplo, paridad no quedó como una paridad efectiva, sino que en la norma permanente quedó una política de cuotas. En los derechos, por ejemplo el del agua, no quedó como tal, sino que como derecho al acceso al agua, que es reducir el derecho a una dimensión.

Los derechos laborales también eran muy importantes para nosotros. Eso porque no hay Estado Social y Democrático de Derecho en el mundo que se aprecie como tal sin un movimiento de trabajadores organizados fuerte, con derechos laborales fuertes, que permita mayores grados de igualdad a través de, sobre todo, la negociación colectiva. Y lo que hace el texto es congelar la discusión para que ésta no sea capaz de evolucionar junto con el derecho internacional, que es más avanzado que el nuestro y se reducen estos derechos a la relación laboral, transformándolo en una cuestión particular, siendo que un tema general.

—También se atenuaron las normas que venían de la Comisión Experta en cuanto a la libertad sindical y la huelga.

Claro, porque en la libertad sindical está la prohibición constitucional de la negociación ramal. Además se limita la huelga a la negociación colectiva, que eso reduce enormemente el universo de trabajadores que pueden acceder a ella.

—En cuanto a salud y pensiones ¿es efectivo que se podría constitucionalizar las AFP e Isapres a través de la libertad de elección?

En materia de salud y seguridad social, el texto propuesto aumenta la dosis e incluso refuerza y empeora lo que ya tenemos. En ese sentido, efectivamente el texto constitucionaliza las Isapres y las AFP. ¿Por qué? En el caso de la salud lo que establece es que hay libertad de elección no solo sobre el prestador, sino que sobre dónde se coloca el 7% de la cotización de salud. Eso supone que siempre tiene que existir un seguro privado que yo pueda escoger para que se quede con mi cotización. Con esa redacción, si las Isapres no existieran, habría que inventarla. Y si quebraran, tal vez habría que rescatarla.

Además eso supone que otras respuestas en materia de salud no serían posibles en Chile. Por ejemplo, el sistema de salud de Inglaterra, que es el sistema probablemente más prestigioso del mundo, sería inconstitucional en Chile. O lo que han hecho otros estados sociales y democráticos de derechos, como los franceses, los alemanes, los españoles, los portugueses, que tienen buenos sistemas de salud públicos con seguros privados complementarios, serían inconstitucionales en Chile.

—¿Y qué pasa en el caso de las AFP?

En el caso de pensiones ocurre algo similar, se va mucho más allá de la redacción que está en la Constitución vigente y se incorporan los principios del sistema de capitalización individual o de AFP, donde también va a existir libertad para elegir dónde se impone, sea en un organismo estatal, que nosotros no tenemos esa alternativa hoy, o privado, que serían las AFP. Con eso no se podría ejercer uno de los principios fundamentales del Estado Social, que es la solidaridad a través de las cotizaciones.

—¿No se podría generar un sistema de reparto, por ejemplo?

A través de las cotizaciones no; los sistemas de reparto clásicos serían inconstitucionales en Chile. Y la norma quedó tan mala que tuvieron que redactar una norma transitoria para evitar que Dipreca y Capredena (sistemas previsionales de las instituciones policiales) quedaran inconstitucionales.

—Usted me dice que el oficialismo pudo ceder en algunos puntos en salud y pensiones, ¿por qué cree que la derecha no se movió de sus posturas?

Creo que es mera sobre-ideologización, porque yo puedo comprender que, en el caso de salud, la gente obviamente va a preferir atenderse en una clínica de buena calidad a un hospital público. Pero en el caso de las pensiones o de la seguridad social, eso va contra los principios de la seguridad social, que apunta a mutualizar el riesgo ante las distintas contingencias de la vida.

—Ha surgido la comparación entre la actual y la propuesta de nueva Constitución. Para usted, ¿Cuál es mejor —o en su defecto— peor?

Yo no considero buena la constitución vigente, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y efectivamente el texto propuesto por el Consejo empeora muchas cosas. Está mal diseñado, representa un solo sector y por lo tanto implica que las políticas del mundo progresista, del social cristianismo, de la social democracia, de la izquierda, van a quedar inconstitucionales. Sus programas de gobierno no van a poder realizarse nunca porque van a tener siempre el obstáculo de la constitución. Eso atenta contra la democracia y va en contra de lo que se esperaba del proceso, que era una redacción que permitiera decir que esta es la casa de todos.

También es peor porque pone en riesgo legislación vigente, que han sido conquistas de los últimos años. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo entre causales. La objeción de conciencia, amplia como quedó, transforma en letra muerta la Ley Zamudio. La Ley Papito Corazón, con la inexpropiabilidad de los fondos que contiene la propuesta, también seria inconstitucional.

Y también, es importante decir, que la redacción de la propuesta pone en riesgo la capacidad del Estado de sancionar el abuso, en materia económica y en materia medioambiental. Hay dos normas que establecen que las conductas para castigar —cuando se producen crímenes— tienen que estar claramente definidas en el núcleo central de la ley. Pero delitos económicos, medioambientales o incluso el narcotráfico, normalmente son dinámicos y requieren que su especificación quede en mecanismos que son infra-legales, como los reglamentos.

—Es el planteamiento que expresaron los académicos de la UAI respecto a la afectación al combate al narcotráfico.

Claro, y eso pasa porque quienes condujeron el proceso, la derecha, han tenido una aspiración histórica de querer elevar las garantías del derecho penal sobre la sanción administrativa. Las sanciones administrativas normalmente las cometen gente poderosa, que comete delitos de colusión, bursátiles o que contaminan. Y las garantías del derecho penal buscan proteger a individuos más débiles frente a la omnipotencia del Estado. Pero en este caso lo que se quiere resguardar es el interés de la gente poderosa.

—¿Y en ese afán tangencialmente se beneficia al narcotráfico?

Claro, es un efecto no buscado del sector. Como en su objetivo de querer limitar al Estado para sancionar, terminaron por afectar el combate al narcotráfico.

—Y el texto de la Convención, ¿sería mejor? Se lo pregunto porque hoy el ex comisionado Osorio y otros personeros del Socialismo Democrático aseguraron estar “arrepentidos” de haber votado apruebo

Yo siempre he dicho que hay que aprender del largo proceso constituyente. Y eso para mí incluye no solo la Convención, sino que también el proceso de Bachelet, e incluso estoy pensando en la Constitución del 80. Ese texto constitucional se redactó en un contexto autoritario, de imposición, donde uno de sus padres, Jaime Guzmán, tenía en mente una visión, creo yo, torcida del texto constitucional diciendo que lo que había que hacer en él era conseguir que el adversario, si éste llegara al poder, tuviera que comportarse de un modo no muy distinto de quienes redactaron ese texto.

Por lo mismo, uno debería evitar caer en la misma tentación de constreñir al adversario y buscar un texto más habilitante.

—¿Y eso pasó en la Convención?

Yo creo que nosotros aprendimos la lección como sector de que necesitábamos un texto habilitante donde los cambios no necesariamente quedaran reflejados en la retórica del texto, pero sí operativamente, que fueran posibles. Y ese aprendizaje creo que quedó bien plasmado en el anteproyecto que no era un texto que nos permitiera estar felices con la propuesta, no era ideal, no era para celebrar, pero permitía que nosotros pudiéramos convivir y que la derecha también se pudiera sentir parte.

Bajo ese texto las políticas de la derecha eran posibles, pero nuestras políticas también lo eran. Pero lamentablemente quienes acusaron a la Convención de proponer un texto maximalista, detallista, de un solo sector que dividía, terminaron haciendo exactamente lo mismo. Lo que hoy se propone es un texto escrito para un solo sector, con normas programáticas, que importan ideas conservadoras y reaccionarias de países como Estados Unidos, que constitucionalizan los argumentos que han dado en el tribunal constitucional aquí, para que la constitución en vez de hacer las reglas generales del juego, permita predecir quién va a ganar el partido. Para que en el fondo siempre sea la derecha la que termine ganando, o sea, se están llevando la pelota para la casa.