Un nuevo modelo previsional que entregue pensiones dignas, y un sistema de salud que asegure el acceso a este derecho, han sido demandas ciudadanas que siguen pendientes y sin solución.

Es por eso que, cuando se abrió el proceso constituyente en 2021, salud y pensiones fueron aspectos centrales del debate constitucional.

Y en este segundo proceso la situación no ha sido diferente. La discusión respecto a los modelos de la salud y pensiones crispó el ambiente del Consejo Constitucional. Esto ya que las derechas terminaron por consagrar la “libertad de elección” en los derechos sociales, aspecto de la propuesta ampliamente criticado por el oficialismo y diversas organizaciones sociales.

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Libertad de elección

“Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, consagra la propuesta de nueva Constitución en materia previsional.

Pero ¿qué tan efectivo es que se asegure la libertad de elección? Para María José Azócar, investigadora de Fundación Sol, la libertad de elección no es más que “una narrativa ilusoria de una libertad vacía”.

La libertad de elección en pensiones, asegura Azócar, no es real en Chile, considerando tres aspectos clave: el nivel de informalidad en los empleos, las bajas pensiones que da el sistema privado y el enriquecimiento de las AFP a través del modelo.

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“La única forma de mejorar las pensiones es introduciendo solidaridad dual al sistema; una solidaridad entre generaciones y una solidaridad al interior de una generación”, dice la investigadora.

Sin embargo, la propuesta de nueva Constitución afianza el sistema actual y limita la solidaridad, advierte Azócar.

“El texto constitucional tal cual está redactado, deja poco espacio para implementar esta lógica de solidaridad dual al legitimar la participación de empresas privadas orientadas a la obtención del lucro”, concluye la investigadora.

Isapres

La propuesta de nueva Constitución se presenta a la ciudadanía en medio de la crisis más grande que ha atravesado el sistema de salud privado. En agosto de 2022 la Corte Suprema mandató a las isapres a devolver los cobros excesivos que incurrieron al aumentar los planes de manera unilateral.

La respuesta de las isapres fue categórica: si devuelven los montos apropiados irregularmente, entrarían en insolvencia.

Pero a pesar del complejo panorama, y de que hay diversos proyectos de ley en el Congreso que buscan hacerse cargo de esta crisis, el Consejo Constitucional consagró la libertad de elección en salud en la propuesta.

“Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”, sostiene el literal b del artículo 22 de la propuesta constitucional.

Sobre este aspecto, la consejera Kinturay Melin es especialmente crítica. “La propuesta constitucional de los republicanos en materia de salud fortalece el sistema actual de las isapres manteniendo la segregación por capacidad de pago”, sostiene luego de ser consultada al respecto por El Desconcierto.

En ese sentido, la consejera explica que, en materia de salud, “la propuesta es mala y genera inestabilidad”.

“El problema no es la libertad de elegir, sino incorporar normas que prohíban la discriminación por razones socioeconómicas, de género y territoriales. Esta propuesta defiende a un sistema donde privados eligen atender a una población, que en zonas como la región de La Araucanía, no superan el 7%. Entonces, así como quedó el texto, la mayoría de los chilenos nos quedamos sin ninguna garantía de poder mejorar nuestro acceso a la salud”, concluye Melin.

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