El exjuez Baltasar Garzón tuvo "absolutamente claro" que debía emitir una orden internacional de detención contra el dictador Augusto Pinochet en 1998 y, a 25 años de su arresto en Londres, celebra que la cooperación internacional lo hiciera posible y se produjera "un cambio histórico".

Fue específicamente el 16 de octubre de 1998 cuando el general, entonces senador, fue arrestado por la policía británica en la capital inglesa donde se encontraba por una intervención médica.

Garzón emitió esta orden internacional de detención como parte de la causa por el Plan Cóndor (1975-1989) que investigaba desde España, donde familiares de víctimas chilenas habían denunciado al dictador ya que en Chile no podían hacerlo por las leyes de amnistía.

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"El Chile del que salió Pinochet y al que volvió 500 y poco días después tras ser detenido en Londres, ya no era el mismo", rememora en una entrevista con EFE con motivo de esta efeméride, en la que se resta protagonismo y explica la orden de arresto como un hecho "ordinario dentro de la dinámica del trabajo".

Fue en medio de una investigación sobre la dictadura argentina y su relación con otras en la región, que le comunicaron que Pinochet estaba en Londres, pero que regresaría a Chile el día 17, por lo que el 16 decide emitir la orden de detención en coordinación con Scotland Yard y otro juez que investigaba los crímenes de la dictadura chilena.

"Solo quedaba una opción, u ordenabas la detención o dejabas que se marchara, en mi caso lo tuve absolutamente claro, la obligación de un juez que está investigando los hechos criminales catalogados en aquel momento como terrorismo y torturas, era una decisión que no podía dejar pasar, hice lo que tenía que hacer", considera.

Días después se empezaron a sumar denuncias desde Chile y aperturas de procedimientos penales en otros países europeos y en Estados Unidos. Los abogados de Pinochet alegaron inmunidad y la justicia británica le dio la razón, aunque la Fiscalía apeló y llevaron el caso al parlamento.

500 días de arresto en Londres 

Tras la apelación de la Fiscalía, España pide la extradición -que luego replicaría Bélgica- y el parlamento británico decide finalmente no reconocer la inmunidad a Pinochet, por lo que la decisión final recae en el entonces ministro del Interior, Jack Straw.

No sería hasta enero de 2000 que el gobierno británico tomó la decisión de negar la extradición a España por motivos de salud de Pinochet. En marzo, regresó a Chile tras más de 500 días bajo arresto, en los que -según Amnistía Internacional- más de 2.000 casos individuales de violaciones de derechos humanos fueron interpuestos en su contra.

"Nunca me hubiera perdonado no hacerlo, España ganó la extradición para juzgarlo pero fue entregado, por decisiones del Gobierno británico con el Gobierno chileno, a Chile, pero yo creo que ocurrió algo fundamental y es que la historia cambió", incide Garzón.

En ese tiempo que Pinochet pasó en Londres, "los procesos judiciales que venían adelantándose se consolidaron y a partir de ahí fue beneficioso para las víctimas y la justicia frente a este tipo de crímenes masivos, que atenta no solo contra las víctimas sino contra la esencia de la democracia".

Presiones y cooperación judicial internacional

Garzón resta importancia al hecho de que "cuando un juez o un fiscal investiga hechos que tienen relevancia social, política o económica siempre" haya "tensiones", como también le sucedió durante el caso de Pinochet.

"Las presiones son tales si las aceptas, si la rechazas, no, es una cuestión muy clara, este es mi trabajo, hay una división de poderes, había tensión en que al Ejecutivo (español) le costaba cumplir las órdenes judiciales, pero el único control que yo tenía era de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ratificó todas mis decisiones", aseguró.

Aunque respeta la decisión de Londres de no extraditarlo, cree que se tomó una "decisión política": "¿Se podía tomar? Evidentemente sí, pero en mi opinión se tendría que haber seguido el procedimiento de extradición, pero es mixto tanto en Inglaterra como en España, hay una decisión judicial y el gobierno de turno decide si lo entrega o no".

A su juicio, que "la decisión política se imponga sobre la protección judicial de las víctimas es la constatación del fracaso que es la impunidad".

Pese a ello, asegura que es "por otro lado la plasmación de la cooperación jurídica internacional y el concepto de jurisdicción internacional" que pone "de manifiesto las fisuras de esos sistemas y la contradicción o el interés de una interpretación" de un gobierno.

"La jurisdicción internacional no mira a ese interés, sino a que las víctimas frente a determinados crímenes, sean reparadas porque se les ha negado el acceso al derecho a la justicia", concluye.

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