Según dio a conocer un reportaje de la radio Biobio, una disputa por uso de derechos de agua en el río Laja tiene a operadores turísticos y regantes de la región del Ñuble en alerta.

Esto luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) aprobara la entrega de un caudal de 10 metros cúbicos por segundo adicionales a los canalistas del canal Zañartu, presididos por la familia Sabag, que antes había sido multada por extracción ilegal de agua en el mismo lugar.

Se trata de una trama de poder político que involucra a la DGA y a históricos referentes del Partido Demócrata Cristiano, pero que también puede tener un impacto en la disponibilidad de agua para una región bajo decreto de escasez hídrica, aguas arriba de una zona en juicio por daño ambiental en el mismo río.

Robo de agua

El caso por extracción ilegal de agua comenzó en el 2019 y resultó en una multa de $ 31 millones por parte de la DGA contra los canalistas presididos por la familia Sabag, además del inicio de una investigación por parte de fiscalía.

Por eso sorprendió la resolución de la misma dirección que, a fin de agosto, decidió entregar un aumento de caudal de 10 metros cúbicos por segundo adicionales, que en la práctica sirven para regar 11 mil nuevas hectáreas.

Según el diputado de Renovacion Nacional, Frank Sauerbaum, esta agua no estaría destinada para riego sino para cumplir la aspiración de instalar una generadora de electricidad. En efecto, la asociación del canal Zañartu tiene un proyecto hidroeléctrico que cuenta con permiso ambiental.

Fue la empresa eléctrica Colbún, que tiene dos centrales hidroeléctricas que se alimentan de las mismas aguas, la entidad que hizo la denuncia que originó la multa por extracción ilegal de agua.

Según sus reclamos, los canalistas están extrayendo 45 metros cúbicos por segundo, muy por encima de los 22 que tienen aprobados, y que ahora se aumentan a 33.

Zona en conflicto

Todo lo que se hace aguas arriba en un río, afecta a quienes operan aguas abajo. Es el caso de las hidroeléctricas de Colbún y de las cascadas turísticas Saltos del Laja, cuyo representante comercial y turístico alerto sobre el riesgo que corre el lugar con este nuevo caudal que se otorga.

Aguas abajo de los saltos, está la localidad de La Aguada, que se encuentra en un juicio por daño ambiental en contra de una hidroeléctrica propiedad de la multinacional francesa Engie, que creó un embalse que inundó partes de la comunidad y generó serios problemas de calidad en las aguas, según denuncian.

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