“Nos dimos cuenta con el paso del tiempo que estas enmiendas estaban provocando una reacción que estaba ralentizando el proceso, provocando un cierto ofuscamiento en la opinión pública“, dijo el consejero del partido de extrema derecha Luis Silva.

En concreto, los republicanos retiraron cuatro enmiendas que fueron entendidas como "retrocesos" en distintas áreas y que levantaron fuerte controversia durante esta primera semana de votaciones de los ajustes que presentaron las distintas fuerzas, para el anteproyecto constitucional.

Silva señaló que el cambio de postura se hizo “para deshacer esas aprensiones y confirmar nuestra voluntad de favorecer la discusión es que hemos desistido de esas cuatro enmiendas buscando unidad de propósito en tres de ellas”.

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Una de las enmiendas retirada es la que planteaba la protección de “la vida del niño que está por nacer”. En su lugar, los ultraderechistas junto con la derecha tradicional, la coalición Chile Vamos, que suman la mayoría de los consejeros, promoverán una enmienda que no modifique la actual ley de aborto en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación).

Otras enmiendas desechadas por los republicanos son la que planteaba aumentar a una mayoría de 2/3 del Congreso las reformas de la Constitución que, finalmente, tras las críticas de todos los sectores, se mantendrá en 3/5; la que colocaba en un rango infraconstitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y la que proponía "reclusión nocturna" a todos los presos mayores de 75 años.

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Esta última fue interpretada como un "perdonazo" a todos los condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se encuentran cumpliendo su pena en la cárcel de Punta Peuco, un recinto destinado de forma exclusiva para ellos, con condiciones mejores que las de las cárceles convencionales.

Llamado a "reconocer el gesto"

Silva llamó a los partidos del Gobierno, que suman solo 17 de los 50 escaños, a "reconocer el gesto y terminar con las caricaturas" que, según él, los perfilan como un grupo que busca "una Constitución identitaria y apartada de las necesidades de la gente".

Por su parte, la presidenta del órgano, Beatriz Hevia, también integrante de la ultraderecha, destacó la voluntad de su partido de "construir acuerdos y lograr puntos en común con las distintas bancadas".

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De la mano de las fuerzas gubernamentales, respondió el consejero Yerko Ljubetic, militante de Convergencia Social, el mismo partido que el presidente, Gabriel Boric: “[Las enmiendas] fueron bajadas porque no gozan de ningún apoyo y más bien son objeto de rechazo del conjunto de la sociedad", apuntó.

"No es más que una movida de orden táctico para remover cuestiones que eran absolutamente impresentables”, agregó.

Este es el segundo intento de Chile en tres años por redactar una nueva ley fundamental, tras el amplio rechazo a una propuesta refundacional, elaborada por una convención de mayoría de izquierdas.

El documento final, emanado del Consejo Constitucional, será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre en el que la ciudadanía tendrá que elegir entre dos opciones: “A favor” o “En contra”.

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