En el marco del caso Convenios, o Fundaciones, dos de los gobernadores regionales que más se han visto afectados por la magnitud de las denuncias son Patricio Vallespín, de Los Lagos, y Rodrigo Díaz del Biobío, ambos renunciados de la Democracia Cristiana, en los años 2022 y 2019, respectivamente.

Incluso Vallespín, cuya gobernación concentra el 75% de los tratados objetados por la Contraloría General de la República, militó en la falange por 40 años antes de renunciar, acusando que la DC no lograba “adaptarse a los nuevos tiempos”.

Para el senador Iván Flores (DC), quien endureció el tono contra el gobierno desde que trascendieron las primeras revelaciones en torno a las irregularidades que involucran a militantes de Revolución Democrática, Patricio Vallespín “ha sido un buen actor político”.

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De todas formas, en conversación con El Desconcierto, Flores recalca que todos los nombres deben ser investigados, puesto que “la justicia es la justicia y debe ser pareja para todo el mundo”.

Además, se refiere a las acusaciones en contra del ministro Giorgio Jackson, quien nuevamente se ve encaminado a enfrentarse a una acusación constitucional. Al respecto, el senador emplaza a quienes aseguran que el RD tiene responsabilidades en los delitos: “si hay alguna sospecha en ese sentido, quienes acusan a Giorgio Jackson deberían hacer la denuncia”.

-Primero, ¿cuál es la postura de la DC frente a las irregularidades destapadas en el marco de los traspasos del Estado a fundaciones y corporaciones?

La Democracia Cristiana, tal como debe ser transversalmente, no puede estar sino disponible para que se hagan las investigaciones que sean necesarias hacer, independientemente de quién sea la autoridad, si es un gobierno regional, o si es una autoridad ministerial, o el que sea. Nadie está por sobre la justicia y por lo tanto hay una sola postura en esto. 

Ahora, yo no puedo hablar por la Democracia Cristiana, puedo hablar como un senador demócrata cristiano, que no puede permitir que este tipo de irregularidades o delitos se sigan cometiendo, insisto, independientemente del domicilio político que sea. Hay que ordenar la forma de gasto público, porque ese es el origen del problema, el pecado de origen, que no justifica, pero que sí explica todo lo que hemos visto.

Y aquí hay que hacer foco en un fenómeno que ya veníamos advirtiendo: la incapacidad de los gobiernos regionales y de los propios ministerios para ejecutar el presupuesto que debería terminar en obras, programas y proyectos en beneficio de la comunidad, y no resolviéndolo a través de transferencias, porque así está ejecutado el gasto, traspasando recursos, pero nadie cautela el buen uso de los recursos.

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Nunca había ocurrido en Chile que se transfirieran recursos a instituciones sin ninguna experiencia, incluso sin ningún vínculo con la materia en cuestión para lo cual se le entregan los fondos. Jamás había ocurrido que empresas creadas en un solo día reciban cientos de millones de pesos, sin garantía, sin control, sin verificación. Eso es un delito, no solamente una falta administrativa.

Lo que ha pasado con Kimun es un delito; lo que ha pasado con Democracia Viva es delito; lo que ha pasado en el caso del Bío Bío, hay delito. Entonces, bueno, eso tiene que ser investigado, y no porque haya fundaciones que reciban bien los recursos y los ejecuten bien, estamos eximiendo de responsabilidad a las autoridades que han estado a la cabeza de estos procesos.

-Patricio Vallespín fue militante de la DC por 40 años, ¿cuál es su apreciación del gobernador? ¿Y de Rodrigo Díaz?

Es un personaje público conocido, ha sido parlamentario, fue militante en la Democracia Cristiana, ha sido un buen actor político, por eso hay que esperar a ver qué ocurre con la investigación. Será la investigación la que resuelva si él tiene responsabilidad o no, independientemente de su historia, su trayectoria, y de sus condiciones personales. La justicia es la justicia y debe ser pareja para todo el mundo. Lo mismo en el caso Rodrigo Díaz.

-¿Le corresponde a la DC hacer alguna “autocrítica” por la conexión de ambas autoridades con el partido?

Las instituciones no pueden hacerse cargo de lo que son responsabilidades individuales. Cada uno, cuando cumple la mayoría de edad, incluso cuando tiene edad de discernimiento en nuestro país, es responsable de sus propios actos.

No se pueden achacar las responsabilidades personales a la responsabilidad institucional, son dos cosas distintas y por lo tanto a la DC no le corresponde hacer ninguna autocrítica por la conducta de dos exmilitantes porque no hay ninguna participación institucional en cualquier falta administrativa o un delito que pudiese haber independientemente de quién sea las personas.

Distinto es que podemos impulsar los cambios que se requieran al sistema de gasto público en busca de mayor y más transparencia.

-¿Hay alguna acción internamente que se está evaluando para dar respuesta a los posibles flancos abiertos por la conexión de ellos con otros militantes?

Bueno, la Democracia Cristiana como todos los partidos, sin ninguna duda, debe estar preparada para el correcto actuar de todos sus militantes, y de hecho, ha cuestionado dura y firmemente este tipo de acontecimientos que han ocurrido. No es un problema de partidos, es un problema de malos actuares de personas. 

Ahora, si se descubre a futuro, y es parte de las investigaciones que está llevando adelante, tanto el Ministerio Público como la propia Contraloría General de la República, de que hubiese algún grado de concertación o de acuerdo para hacer estas transferencias a nivel nacional por parte de algunos miembros de Revolución Democrática, o de otros partidos, como acusan algunas personas, bueno, eso es otra cosa. Y eso es muchísimo más grave que los deslices que puedan tener autoridades o algunas personas en particular.

-¿Cuál debería ser la respuesta desde el gobierno ante el escándalo político?

La respuesta que debe dar el gobierno ante este escándalo político es reconocer y tomar decisiones estructurales. Reconocer que algunas autoridades estaban en conocimiento de que se estaban haciendo denuncias por parte de las asociaciones de funcionarios, por parte de algunos actores regionales de estos traspasos masivos y el gobierno se quedó callado, por lo tanto, el gobierno aquí falta a su deber, conocido cualquier tipo de circunstancia o acontecimiento que pudiese llamar la atención respecto de malas conductas, debería haber actuado y no lo hicieron. Ahora, se deben adoptar medidas de fondo.

-¿Se suma a las declaraciones que responsabilizan al ministro Giorgio Jackson?

Creo que la gente está bastante “cabreada” de que se diga insistentemente que el ministro Giorgio Jackson aparentemente sea el ícono de la organización para delinquir, como han dicho algunos, o para generar responsabilidad. Creo que primero, si hay alguna sospecha en ese sentido, quienes acusan a Giorgio Jackson deberían hacer la denuncia derechamente si es que hay antecedentes.

Si no hay antecedentes estamos hablando de responsabilidad política, y en este sentido siempre he dicho que las responsabilidades institucionales recaen siempre en la cabeza de la institución, quién representa a la institución, por lo tanto, si esto sigue escalando y hoy día tuviésemos un problema sostenido, tanto en la figura del ministro Jackson como en la figura del ministro Montes u otras autoridades, esas autoridades tendrán que evaluar si su representación política le suma o le resta a su gobierno.

En ese escenario, si le estuviese haciendo daño a la búsqueda de acuerdos legislativos, de acuerdo político, no solamente con la oposición sino que al interior del propio oficialismo, tendrían que evaluar esas mismas autoridades si es más conveniente para su gobierno dar un paso al costado.