Este miércoles se discutió el proyecto que establece el deber de efectuar registros audiovisuales en las actuaciones policiales autónomas durante procedimientos penales, emanado de parlamentarios del Partido Socialista (PS), y respaldado por el Ejecutivo.

Respecto al financiamiento, un punto discutido por la Cámara, contempla un gasto anual fijado en más de 7.400 millones de pesos, que costearán la contratación del servicio, que incluye el arriendo de 4.443 dispositivos, almacenamiento y streaming. El valor aproximado por aparato es de 1,6 millones de pesos.

Específicamente, se proyecta destinar 2.123 videocámaras a Carabineros y 2.310 a la PDI. En particular, se aplicarán a las unidades especializadas de drogas, investigación criminal y de robos y delitos violentos.

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La propuesta, originada en moción, cuenta con su aprobación en las comisiones de Constitución y de Hacienda, y durante su discusión en Sala recibió el respaldo en todas las intervenciones parlamentarias, desde Republicanos hasta Apruebo Dignidad.

Durante la cita, desde la oposición los diputados Daniel Lilayu (UDI), Luis Sánchez (Republicanos) y Miguel Mellado (RN) expresaron su voto a favor del proyecto, sin embargo cuestionando “falta de transparencia” en el desglose del financiamiento.

La diputada Mercedes Bulnes (CS), en tanto, expresó su respaldo a la iniciativa señalando que “apoyaremos sin duda un proyecto que va en la dirección correcta”.

Por su parte, Leonardo Soto (PS) valoró el “mayor control de la delincuencia” que permite la iniciativa, pero de todas formas lamentó que no se contemple ampliar la obligación a todos los funcionarios de Carabineros y la PDI, y solo a unidades especializadas.

Sistemas colapsados

Frente a esto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), informó ante la Sala cómo se llegó al modelo económico para el proyecto de ley y el por qué no puede, de momento, extenderse a todos los funcionarios.

En ese sentido, Tohá señaló que “en Chile existen infinidad de políticas públicas que desarrollan cámaras de teleprotección de distinta naturaleza”, y “todas ellas se hacen a través de fondos de inversión”.

“Se dedican recursos para la compra de cámaras y posteriormente se dedican otros recursos para servicios de mantención y operación de estas cámaras. Esta forma de operar con los sistemas de cámaras está totalmente colapsada porque la tecnología de las cámaras evoluciona a una velocidad muy superior a nuestra capacidad de inversión”, agregó.

Un “salto” moderno

Esto, ya que “las inversiones se hacen y están desvalorizadas al muy poco tiempo, los servicios de mantención son extremadamente costosos y en general la mayoría de quienes son los receptores de estas inversiones no tienen capacidad de mantener el equipamiento”.

“Entonces se quedan con la inversión hecha y las cámaras no funcionan, están malas, están obsoletas o prestan servicios parciales en comparación con tecnologías más nuevas que aparecen varias veces al año”, indicó la ministra.

Por eso cuando se evaluó el proyecto se tomó la decisión de “hacer un salto en serio y tener un sistema de cámaras arrendadas con un sistema leasing que tuvieran incorporadas la mantención y el streaming”.

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“Eso nos va a permitir que el sistema esté siempre actualizado, funcionando, cuando haya fallas se reparen inmediatamente y se vayan actualizando de manera permanente, sin necesidad de hacer nuevos proyectos de inversión”, añadió Tohá.

En ese sentido, respecto a las estimaciones de costos, el proyecto original que implicaba tener obligatoriedad de cámaras de esta naturaleza en todas las operaciones policiales tenía un costo anual de más de 50 mil millones de pesos todos los años.

Por eso, explicó que “no se puede hacer en todos los servicios policiales en este momento con los recursos que hoy día existen. Vamos a partir con las operaciones de los servicios especiales y lo vamos a ir extendiendo en la medida que los recursos lo permitan”.

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De acuerdo con el informe emanado de la Comisión de Hacienda, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo a la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Lo que falte, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público. Esto, sin considerar los posibles ingresos emanados del Pacto Fiscal en proceso.