Un comentario que rememoró un escándalo del gobierno de Sebastián Piñera, fue el que lanzó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), durante la tramitación del proyecto que establece el deber de efectuar registros audiovisuales en las actuaciones policiales.

Esto, luego que diputados de la oposición cuestionaran la “falta de transparencia” en el desglose del financiamiento para las cámaras, que asciende a 1,6 mil millones de pesos por aparato.

Tohá respondió ante la Sala de la Cámara, haciendo un guiño a la gestión de Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito. Recordemos que el Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró como ilegal que Martorell adjudicara la licitación de cámaras corporales para Carabineros a Motorola, por $378 millones.

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“Lamento que ayer en la comisión no haya habido una explicación suficiente, si así fue, del detalle de cómo esto se hizo, pero quisiera pedir que no se acuse falta de transparencia en un proyecto que todavía no se ejecuta”, comenzó la ministra.

Agregó que “especialmente cuando se apoyó un gobierno que sí hizo un proyecto de cámaras, donde se gastaron miles de millones comprando unas cámaras que están guardadas en una bodega, y un gran sumario desarrollándose para entender qué fue lo que pasó ahí”.

“Este proyecto se va a ejecutar correctamente, de manera moderna y transparente. Y las dudas técnicas que existan respecto a cómo se formuló, tenemos toda la disposición de aclararlas”, continuó.

Tohá aseguró que “nos encargaremos que en las instancias que este proyecto todavía tiene por delante, se dé una explicación pormenorizada de cómo se llegó a esta evaluación de costos y esta proyección del presupuesto que este proyecto tendrá”.