Consejeros regionales del partido Igualdad, Javier Sandoval y Camila Arriagada, llevan más de un mes pidiendo acciones desde el Consejo Regional del Biobío frente a las distintas irregularidades que se han destapado en la región.

Según acusan a El Desconcierto en el órgano colegiado existió por largo tiempo un “abandono de deberes”, puesto que de los 28 consejeros, sólo uno los apoyó en su intención de sostener una sesión extraordinaria para abordar la crisis cuando salieron a luz los primeros casos, hace más de 30 días.

Sandoval y Arriagada cuestionan las asignaciones directas a instituciones privadas que ha hecho el gobernador Rodrigo Díaz Worner (ex DC) a instituciones privadas. Según las cifras que manejan las autoridades estas determinaciones han aumentado exponencialmente durante la gestión de Díaz, de forma “descontrolada”.

[Te puede interesar] Diputado Melo por caso Convenios: “Injustamente se ha juzgado al ministro Jackson”

“Hasta el 2019 era poco, cuando no estaba la ley, con un par de excepciones”, explica Javier Sandoval. “El 2018 fue un 8%, el 2020 un 7%, pero el 2021 se incrementa fuertemente a un 25% y el 2022 a un 47% de transferencias a privados”, agrega.

Todo comenzó a causa de la nueva ley de descentralización, que permitió que en el año 2022 se abriera este método de asignación de fondos que no pasan por el ojo del Consejo Regional, mientras sean bajo las 7 mil UTM.

Estos traspasos responderían a distintos objetivos, según estiman. Por una parte, a tener una “ejecución presupuestaria rápida, que se note que se está gastando mucho, porque ese tipo de cosas supuestamente deja mejor parado al Gobierno Regional al momento de pedir incrementos presupuestarios”.

También consideran que podría haber “una intencionalidad de proyectarse electoralmente” con los apoyos de las fundaciones y corporaciones beneficiadas con las asignaciones directas.

Derroche y despilfarro

“En el fondo hay mucho derroche, hay un despilfarro de recursos que no tienen impacto significativo o importante en los problemas principales que tiene la región”, añade Sandoval.

“Hay muchos programas que sí tienen sentido, que sí son valiosos, pero no hay fiscalización, entonces ahí entran mezclados los buenos con los malos, las corporaciones regalonas o las entidades privadas, ONG, fundaciones, y corporaciones que tienen cercanía política con el gobernador”, agrega.

La consejera Camila Arriagada también cuestiona que estas irregularidades van “en desmedro de un gran mundo social que sí tiene un trabajo importante y que ha sido abandonado por la figura del Estado completa, y en este caso, que podrían ser financiadas por el Gobierno Regional y no están consideradas”.

Arriagada apunta que lo que está en cuestionamiento para su bancada son los nexos que se escapan de la fiscalización. “Hay una parte que por ley tienes que transparentar, vínculos sanguíneos o si son parte de fundaciones o de corporaciones dentro de esta clase política que está en el Gobierno Regional, pero hay otros que no son tan directos”.

“Ahí es donde nosotros vemos que hay una suerte de clientelismo en donde Rodrigo Díaz tiene, en diferentes instituciones privadas y públicas, una trenza de poder en donde se han visto beneficiadas por largo tiempo estas fundaciones y organizaciones”, indica.

Las 13 medidas anticorrupción

A raíz del caso, los consejeros regionales presentaron 13 medidas en pos de mayor transparencia en el órgano regional, de las cuales sólo una logró ser adoptada por el Consejo la semana pasada, ya que se enmarca dentro de las facultades del CORE: se aprobó una auditoría al Gobierno Regional.

“Nosotros podemos pedir una auditoría externa en cuanto al gasto presupuestario”, explica Camila Arriagada, lo que “en materia de investigaciones y fiscalización es una tercera capa” dentro de sus posibilidades. Las otras “capas”, el Ministerio Público y la Contraloría, ya fueron convocadas por los consejeros.

Respecto a las otras 13 medidas propuestas desde la bancada de Igualdad, que entregaron directamente a Díaz la semana pasada, señalaron que “son para que el Consejo Regional incorpore un rol fiscalizador activo hacia el gasto que está haciendo la administración del Gobierno Regional”.

[Te puede interesar] Julio César indignado por hechos de corrupción que golpean a gobierno: "Váyanse a la cresta"

Otra de las propuestas tiene que ver con las comisiones del GORE, donde pasan muchos proyectos de inversión. Comisiones como la de Ética, “que en este caso debería tener un rol mucho más activo en toda esta coyuntura, son privadas en este momento”, cuestiona Arriagada.

“Entonces no son transparentadas a la ciudadanía y una de las medidas nuestras es que esta Comisión de Ética, y todas las comisiones que trabajamos en el Consejo Regional, sean públicas, que se puedan transmitir en tiempo real, que la gente pueda sostener la información de manera transparente y directa”, agrega.

Abandono de deberes del CORE

Según resalta Javier Sandoval, estas medidas se enmarcan “dentro de una intención que el CORE del Biobío cambie su actitud y ejerza un rol fiscalizador al cual ha renunciado. El Consejo Regional tuvo un mes de abandono de deberes. Durante un mes no se ejerció verdadero control sobre la crisis”.

De acuerdo con las autoridades, el Consejo Regional no acogía ningún tipo de fiscalización que fuera necesaria ejercer. “Nosotros propusimos algunas, y siempre la respuesta era que la fiscalización era algo individual”, lamenta Sandoval.

“Nosotros pedimos incluso que hubiera una sesión extraordinaria apenas detonó la crisis, y el Consejo Regional no la acogió, salvo un consejero, y necesitábamos cinco. Somos 28. Hubo un abandono de deberes y una complicidad que permitió un mes de impunidad mientras esta crisis avanzaba”, agrega.

“Es un mes en el cual ellos permitieron que este modelo, que nosotros le llamamos 'el método Rodrigo Díaz Worner', se desatara y siguiera desatado”, concluye.

Pero este martes los consejeros cumplieron con su cometido. Ahora lograron reunir las cinco firmas que necesitaban para solicitar formalmente una sesión extraordinaria en el Consejo Regional. Todo esto, luego que el escándalo escalara por la declaración de Camila Polizzi, vinculada al caso “Lencerías”.

https://twitter.com/JavierIgualdad/status/1686493315875651584

Las 13 medidas de los consejeros regionales del Biobío:

1. Solicitar una auditoría externa al Gobierno Regional del Biobío.
2. Pedir una sesión especial de interpelación al gobernador regional Rodrigo Díaz.
3. Requerir que las comisiones del CORE sean transmitidas en vivo y se permita el acceso al público
4. Suspender los programas que están siendo investigados por el Ministerio Público, hasta aclarar si existe alguna irregularidad o delito.
5. Exigir la restitución de los fondos sin ejecutar y sin rendir, de los programas investigados por el Ministerio Público
6. Compensar a las comunidades que han sido postergadas para recibir recursos por beneficiar a iniciativas privadas cuestionaras por eventuales irregularidades.
7. Citar nuevas comisiones en terreno para investigar los programas de la fundación Bonhomía en Concepción y Levantemos Chile en Isla Mocha.
8. Reducir porcentaje de discrecionalidad de iniciativas inferiores a 7.000 UTM, aumentando su concursabilidad, salvo emergencias.
9. Modernizar plataforma para la revisión de antecedentes de iniciativas financiadas por GORE Biobío.
10. Solicitar absoluta independencia económica con la Contraloría Regional, de modo de impedir cualquier grado de dependencia del ente contralor.
11. Renunciar a la presidencia de Corporación Desarrolla Biobío, como institución privada receptora de fondos del Gobierno Regional.
12. Renunciar como gobernador a la presidencia o representación legal de cualquier fundación, corporación u ongs, de quienes formen parte del Consejo Regional del Biobío.
13. Publicar en un sitio web institucional todos los convenios con sectores públicos y privados, donde estén disponibles todas las rendiciones para que cualquier persona tenga acceso a la información.