La subdivisión de terrenos en suelos rurales para construir viviendas se ha masificado en los últimos años, generando núcleos urbanos en zonas que están restringidas por ley para uso habitacional, y donde no hay infraestructura adecuada para albergar urbanizaciones.

Cuando el año pasado el Ministerio de Agricultura intentó ponerle límites a este desarrollo, empresas inmobiliarias se agruparon para apelar ante la justicia, argumentando que los requisitos puestos eran arbitrarios e ilegales.

Esta semana, la Corte Suprema finalmente falló a favor de estos nuevos requisitos solicitados por el Ministerio de Agricultura a través de circulares del Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

¿Qué significa esto para las parcelaciones rurales?

El punto en disputa, y para el que la Corte Suprema emitió su opinión, es que al solicitar un permiso para una subdivisión, el Ministerio de Agricultura puede determinar de antemano si la subdivisión será destinada a cambiar el uso de suelo de rural a habitacional o no.

Así, se pueden suspender los permisos si se encuentra que ese cambio de uso de suelo sería contrario a las normas vigentes de ordenamiento territorial, protección del bosque nativo, protección de sitios ancestrales o patrimoniales, de acceso a los cuerpos de agua, y cualquier otra normativa.

“Este fallo da cuenta que lo único ilegal es utilizar la normativa de subdivisión de predios rústicos para desarrollar proyectos inmobiliarios al margen de la ley”, afirmó el ministro, celebrando el fallo de la Corte.

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