“Muy linda propiedad dentro de un spot mágico con una vista impactante hacia el mar desde altura, para disfrutar de una vida outdoor de manera completa”. Así se promocionaba en un portal inmobiliario un terreno del proyecto Punta Puertecillos en la costa de la región de O’Higgins. Desde fines del 2022, la Corte Suprema prohibió la venta de terrenos de este proyecto, obligó a someterlo a evaluación ambiental y multó a la inmobiliaria, mientras la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) fiscaliza los terrenos ya vendidos.

Es un solo caso que ilustra la disputa que generan las parcelaciones rurales: proyectos de subdivisión de terrenos en zonas rurales, que terminan generando núcleos urbanos en zonas que muchas veces no tienen la preparación para albergarlos. Según muestran las cifras del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el aumento ha sido explosivo: mientras en el 2019 se aprobaron 9 mil proyectos de parcelaciones rurales en el país, en el 2021 el número aumentó a más de 19 mil. En el 2022, fueron 16mil los proyectos de loteo aprobados.

“Irse a vivir al sur” es una tendencia que creció tras la pandemia, y la Patagonia ha experimentado el crecimiento de parcelaciones rurales . Son los alcaldes quienes están en la primera línea del fenómeno, asumiendo la carga de nuevos habitantes en zonas sin infraestructura para recibirlos. “Esto está amenazando el medio ambiente, la buena convivencia y las obligaciones que tiene que asumir el municipio sin estar preparado. No tienen agua, no hay un retiro de basura, no hay tenencia responsable de los canes”, explicaba el alcalde de Pucón, Carlos Barra, en un encuentro entre alcaldes de distintas comunas para analizar la situación.

Los impactos ambientales de este tipo de desarrollo urbano sin planificación se están empezando a conocer: “cuando se construyen caminos y cercos se fragmentan corredores biológicos y las especies nativas no se logran reproducir, hay tala de bosque nativo, más consumo de leña y agua, acumulación de basura, aumenta el riesgo de incendios forestales, y un número de riesgos que surgen en un lugar en un corto tiempo y sin planificación”, explica Patricio Segura, presidente de la Coropración para el Desarrollo de Aysén. 

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Disputa legal

La magnitud del fenómeno ha puesto en alerta a las autoridades del país, que trabajan para hacer efectivas las normas existentes y mejorar la forma en que se coordinan los distintos servicios públicos, fortaleciendo los mecanismos para prevenir un desarrollo que, una vez finalizado, sería contrario a las leyes de urbanismo. 

Este trabajo ha sido fuertemente resistido por las inmobiliarias rurales, que se agruparon en un gremio llamado Chile Rural, y cuyos abogados han llevado a los servicios del Estado ante la justicia para revertir resoluciones que ponen un freno a las parcelaciones rurales. En visión de la gremial, el Ministerio de Agricultura se está tomando atribuciones que no le corresponden al asumir de antemano que la subdivisión de terrenos será para urbanizaciones. 

En el ámbito judicial también se está generando jurisprudencia ante las parcelaciones, como sucedió en el caso mencionado de Punta Puertecillos. En los primeros días del 2023, el Tribunal Ambiental suspendió las obras del proyecto Petrohué Riverside en la zona rural de Puerto Varas, tras denuncias del Consejo de Desarrollo del Estado por daño ambiental. Otro caso, que llegó a la Corte Suprema, terminó incluso con penas de presidio para dos personas por delitos de loteos irregulares y estafa. 

Para distintos actores involucrados la discusión de fondo que debe abordarse es sobre cómo hacer un ordenamiento territorial que permita a quienes quieren vivir cerca de la naturaleza, hacerlo de forma planificada, con la infraestructura necesaria, en zonas evaluadas como aptas según la región y con criterios de cuidado a los ecosistemas y modos de vida sustentables. 

“Las áreas y configuraciones del loteo deben responder a un escrupuloso proceso de análisis del valor ambiental, agrícola y cultural del predio, limitando las áreas desarrollables a aquellos paños de menor valor agrícola o ambiental, circunstancia que podría evaluarse dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, propone, por ejemplo, un documento con recomendaciones publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP). 

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