El caso Democracia Viva ha sido un golpe directo al gobierno del Presidente Gabriel Boric y las múltiples aristas que se han generado a partir de la polémica derivaron en una serie de críticas estructurales, respecto a la falta de fiscalización en las diversas instituciones del Estado. En consecuencia, volvió a la palestra la necesidad de tener mejores instrumentos para hacer seguimiento de cómo se utilizan los recursos públicos, y por ello es que desde el parlamento se reflotó la idea de la actualización de la ley de transparencia.

A mediados de 2018 el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto de ley para modificar la actual legislación al respecto, el que tuvo una rápida acogida en la Cámara Baja de manera transversal, ya que incluso el por entonces diputado y miembro de la Comisión de Constitución, Gabriel Boric, resaltó la importancia de su tramitación. 

Sin embargo no corrió la misma suerte en el Senado, donde la iniciativa se encuentra estancada desde marzo de 2020 y solo fue aprobada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización en enero de 2022. Desde esa fecha el proyecto se estancó totalmente, a pesar de recibir varias solicitudes de urgencia, la última de ellas el 20 de junio, fecha en la que ya se conocían los detalles del caso Democracia Viva.

Incluso, el mismo Presidente en su primera Cuenta Pública del año 2022 mencionó la necesidad de avanzar en el trámite de la ley 2.0 y anunció que le daría suma urgencia al proyecto con el fin de elevar los estándares de todas las organizaciones del Estado. No obstante, nada ha cambiado desde entonces. 

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¿Qué dice el proyecto?

La base de la iniciativa de ley es darle un reforzamiento a la legislación actual que data de 2008, esto se hace por medio de un estatuto único para todos los órganos del Estado, lo que implica ampliar la aplicación de la ley al interior del Congreso Nacional, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de los órganos con autonomía constitucional (Ministerio Público, Banco Central, Contraloría, Servel, Tribunal Constitucional, entre otros).

Además, modifica el gobierno corporativo del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, estableciendo requisitos para ser nombrados consejeros, limitando su reelección y fijando prohibiciones post empleo.

Junto con esto, crea el “Portal de Transparencia del Estado” a través del cual deberán interoperar todos los órganos (ventanilla única), y cuya función será facilitar el cumplimiento de los deberes de transparencia activa, así como la presentación y tramitación de las solicitudes de acceso a la información y el acceso a la información que de su cumplimiento derive.

Por otro lado, establece ciertas obligaciones de transparencia activa para las empresas concesionarias de electricidad, servicios sanitarios y de obra pública, además de las personas jurídicas sin fines de lucro que durante un año calendario perciban transferencia desde el Estado por sumas superiores a UF 1.500. 

Igualmente confiere facultades a la Contraloría General de la República para acceder de manera reservada a operaciones financieras de los órganos de la Administración del Estado, sin conocimiento de los órganos, y de esa manera perfeccionar su labor fiscalizadora.

La postura de los senadores 

Conscientes de la situación que se vive actualmente, los senadores consideran relevante que se acelere el trámite de la ley para no estar expuestos nuevamente a esta clase de casos. Al respecto, el senador PPD, Jaime Quintana, señaló que “debemos formar un convenio de colaboración para el apoyo en todos los procesos de transparencia. Hay que actualizar la ley del lobby, entre otros. En el Senado venimos trabajando con el Consejo para la Transparencia y hay muy pocos organismos e instituciones del Estado que lo tienen y esto debería ser transversal”, apuntó.

En la misma línea, Gaston Saavedra (PS), comenta a El Desconcierto la necesidad de “siempre estar adecuando las formas y el fondo respecto de garantizar a la sociedad que esto va a funcionar bajo los marcos de la prioridad administrativa, de la transparencia y de evitar, por lo tanto, los delitos que tienen que ver con el abuso, el uso de los recursos públicos que son de todos los chilenos”.

Adicionalmente, el parlamentario agrega que el Senado ha estado preocupado por estos casos y que se “han aprobado, por ejemplo, hace poco tiempo atrás, una ley de protección y de prioridad administrativa, en realidad protege a los denunciantes respecto a los actos de la falta de prohibición. Ese es uno de los ámbitos, permitir que haya denuncias, pero también se trata de fiscalizar las instituciones privadas que hagan uso de recursos públicos”, precisa. 

Para Karim Bianchi (independiente) es necesario fortalecer de forma inmediata los mecanismos de fiscalización, pero también es necesario “no solo preocuparnos de agregar más sujetos al control del Consejo para la Transparencia, sino que también combatir a aquellos que le meten mano al bolsillo del Estado. Yo considero que hay que cambiar cómo se están entregando los fondos a las fundaciones. Por eso es que ingresamos un proyecto que ya no permite eso y pone exigencias, por ejemplo a las gobernaciones que llegan y hacen los traspasos”.

También, la senadora Luz Ebensperger (UDI) manifestó que “en términos generales, la ley ha sido una gran herramienta; sin embargo, creo que este proyecto es una oportunidad para ver qué de lo actual podríamos modificar, y tener sanciones efectivas para quién corresponde”.