La jornada de este lunes la oposición oficializará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que contiene siete capítulos y cuyo texto final fue el resultado de una negociación entre varias bancadas que reprochaban la gestión de la autoridad.

Si bien el libelo surgió de la mano de las parlamentarias del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, por la guía de educación sexual —desarrollada y difundida en la segunda administración de Michelle Bachelet—, tras el apoyo de Republicanos y Chile Vamos el texto mutó y añadió diferentes puntos transformándose en la mayor cantidad de infracciones enfrentadas por algún ministro de Educación en el país.

Eso sí, la acusación no incluirá el caso de abuso sexual denunciado en una escuela de Talcahuano, a raíz de un operativo de salud del cual era responsable la municipalidad y las autoridades sanitarias locales. Ello, pese a que el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, anunciara públicamente que considerarían los hechos dentro del libelo. 

Votos en el Congreso

Para pasar al Senado, quienes actuarán como jurado de ser el caso, el libelo necesita una mayoría simple de los diputados presentes, con un total de 78 votos a favor si todos los parlamentarios están presentes en la Sala.

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Hasta el momento, los comités opositores de derecha —sin Evópoli, que hasta la jornada de ayer aún no resolvía su postura— comprometieron sus votos en el texto: 23 de la UDI, 23 de RN, 12 de Republicanos y siete independientes-socialcristiano, además de Gonzalo de la Carrera.

Los siete flancos contra el ministro de Educación

Tras las dudas instaladas en algunos sectores del oficialismo, desde donde acusaban que el libelo perseguía al titular de Educación por su homosexualidad, desde el bloque opositor insistieron en que "lo que fundamenta la acusación constitucional es la gestión educativa del ministro. No tiene nada que ver esta herramienta con su orientación sexual".

En esa línea, explicaron que el libelo apunta a la "inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (...), asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal".

Entre las primeras dos causales se alude a los programas de educación sexual impulsados por el Mineduc. Mientras el capítulo I señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por la implementación de las "Jornadas de Educación No Sexista".

El II acusa una infracción del derecho preferente a propósitos de las polémicas guías "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile", que fueron actualizadas en mayo tras haber sido publicadas durante 2017.

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El capítulo III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la "Política de Educación Inclusiva", y el IV, al rol de autoridad y conducción del sector educativo, reprochando —entre otras cosas— el retraso injustificado en la entrega de los resultados del Simce, ausentismo y la deserción escolar, problemas a la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.

En tanto, la causal V apunta a un incumplimiento del rol de supervigilancia sobre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por el capítulo de información sobre "educación no sexista" en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público y el VI, por irregularidades detectadas en los programas de "Alimentación Escolar" y de "Alimentación Parvularia", de la institución.

Mientras que el capítulo VII, señala problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación, tachados por el libelo como un "incumplimiento de la ley".

Revisa el capítulo sobre Alimentación Escolar y de Párvulos en el archivo adjunto:

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