De acuerdo a un dictamen de la Corte Suprema, las isapres están obligadas a devolver US$1.400 millones a sus afiliados por los cobros excesivos e injustificados realizados por las aseguradoras. 

Para hacer efectivo dicho pago, desde el gobierno ingresaron un proyecto de ley corta al Congreso que busca establecer los mecanismos para que estas restituyan los dineros, contexto en el que se desarrolla la crisis de las aseguradoras, escenario ante el que varios especialistas coinciden en la necesidad de repensar el modelo y avanzar hacia una “gran Fonasa”, a través de fondos de salud mancomunados. 

“Es importante aclarar que Fonasa ya es bastante grande”, asegura el doctor Cristián Rebolledo, jefe del Programa Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. De hecho, el académico recalca que el fallo del máximo tribunal “vino a zanjar un tema que debería haber zanjado el Ejecutivo hace 10 años”.

“La idea central es un solo fondo, universal, al cual llegue la totalidad de las contribuciones en salud, tanto las cotizaciones individuales de todas las personas, impuestos generales, así como eventuales impuestos marcados”, explicó a El Desconcierto.

“Posteriormente, a partir de este fondo existiría un seguro único que financie las prestaciones de salud de las personas, independiente de la contribución financiera, basado en sus necesidades en salud, ajustando la oportunidad a la urgencia o prioridad”, explica. 

La abogada Pamela Martínez, doctora en Derecho y académica del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la casa de Bello, coincide con Rebolledo, ilustrando que actualmente el 77% de la población está cubierta por este seguro público. 

“Este seguro además permite dos modalidades, las atenciones de la propia red pública y además la libre atención, es decir, contratar prestadores privados que están adscritos al sistema, en este caso Fonasa subsidia una parte de la atención”, destacó. 

Transición a una “gran” Fonasa

Por supuesto, la idea no surge de la nada. Para ambos profesionales, las aseguradoras presentaban un problema de fondo que el fallo de la Corte Suprema vino a acrecentar. “Lo de fondo es que estamos ante un sistema de salud privada que basó parte de su sistema de negocio, a partir del 2010, en no cumplir la ley”, sostuvo Martínez. 

Ahí es donde la idea de un “gran Fonasa” cobra vida, sobre todo considerando que sólo 17% de la población está afiliado a una Isapre. “No obstante, esas personas se encuentran en los quintiles más ricos”, señaló la académica. 

De hecho, para Rebolledo una simple “modernización” del actual sistema de salud resulta “insuficiente”, pero aclara que un cambio “abrupto”, de todas maneras, tendrá connotaciones negativas. “Lo más adecuado sería plantear una reforma o una reestructuración del financiamiento y aseguramiento en salud. Sin embargo, es esencial que la propuesta considere etapas de transición desde la situación actual hasta el escenario deseado, en lugar de enfocarse únicamente en el resultado final”. 

“Lo que tiene que cambiar definitivamente es movernos a un seguro base, digámoslo así, un seguro universal o un seguro único”, señaló Fabián Duarte, director del Departamento de Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile. “Mi sensación es que es más fácil con un único asegurador, que sería Fonasa, porque ahí están todos los riesgos, está toda la población completa, y después tener un segundo nivel donde tienes seguros complementarios bien regulados”, agregó.

Fondo mancomunado de salud

¿Pero cómo operaría esta fórmula que apela a la mancomunación de fondos? Para el académico de la Escuela de Salud Pública, el concepto es el resultante de una redistribución de los recursos financieros al interior de un grupo de participantes del acuerdo de seguridad social. 

“La particularidad de esta redistribución es que responde al principio de solidaridad”, a través de la contribución, a través de impuestos, seguros de salud o mecanismos similares. De acuerdo a Rebolledo, implicaría que aquellos con mayores recursos “deben contribuir en mayor medida para garantizar que todos tengan acceso a los servicios de salud necesarios, independiente de su capacidad de pago”. 

Sin embargo, explica que el gran desafío está en que requiere de “una reconfiguración cultural para que las personas separen conceptualmente la contribución financiera del uso del sistema”. 

Al respecto, Martínez enfatiza en que hablar de mancomunar los fondos “no impide la iniciativa privada, que puede operar mediante seguros que se concatenan con el público”, entendiendo el seguro público como un “desde, una base, un pilar y mínimo común que nos damos por pertenecer al país”.

“En rigor, hoy no tenemos eso, tenemos un sistema público infra financiado, donde no hay aporte patronal, las personas de más recursos tampoco aportan y están indirectamente subsidiadas por el sistema público. Ya que hay que tener en cuenta que prestadores privados no están presentes en todo el territorio, como sí está el sistema público. Allí las personas que no aportan a Fonasa solo pagan la prestación y no los gastos de mantención del sistema”, concluye.

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