Luego de que este viernes la Corte Suprema se pronunciara asegurando que no "hay nada que aclarar" respecto de su fallo que mandata a las isapres a devolver los dineros cobrados en exceso a sus afiliados, lo que considera una cifra estimada en U$1.400 millones, el ministro de Justicia, Luis Cordero, recalcó que la ley corta del gobierno enviada al Congreso para implementar la sentencia resulta fundamental.

"En términos sencillos (la resolución) es general para los afiliados de cada isapre, no es universal para el sistema. Por lo tanto, el proyecto de ley se hace indispensable, porque (la devolución) tiene un efecto que no es menor respecto del funcionamiento del sistema en general. Sobre este punto, no hay ningún cambio en lo que hubiese resuelto la Corte", aseguró el secretario de Estado en declaraciones que reproduce Cooperativa.

Posteriormente, recalcó que "cuando la Corte recibió amparo de derechos en estos casos, amparó a la persona recurrida y a los afiliados a la isapre donde se aplica esa tabla de factores. Por eso hemos hablado de que el alcance es general respecto de la isapre respectiva".

"Las isapres recurridas son aquellas respecto de las cuales la Corte decidió los recursos en noviembre, que son las que solicitaron aclaración en este caso", sostuvo luego aludiendo a Banmédica, Vida Tres, Nueva Masvida y Cruz Blanca.

Y a renglón seguido, Cordero insitió en que el máximo tribunal, "al rechazar todas las solicitudes de aclaración, ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia, más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar sobre ella".

"Para resolver cada uno de los puntos de la aclaración, la Corte ha citado los considerandos respectivos de su sentencia. Esto es bien relevante, porque creo que parte del debate público se ha confundido al analizar parcialmente la sentencia o la parte resolutiva sin tener en consideración la primera parte, que es la considerativa, donde está la explicación", dijo.

Finalmente, Cordero reiteró que "la ley corta se hace indispensable, la Corte Suprema dio un plazo de seis meses para el cumplimiento de la sentencia, eso se cumple a finales del mes de noviembre, y el Ejecutivo ha planteado al Congreso que, para efecto del cumplimiento de la sentencia, este proyecto de ley se hace indispensable".

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