Una de las claves del proyecto de royalty minero que se aprobó esta semana en el Congreso es la repartición de una enorme bolsa de recursos de alrededor de 390 mil millones de pesos que llegarán a las regiones a través de tres fondos.

Dicha tarea estará en manos del subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC), quien despeja dudas sobre los criterios de repartición y responde a alcaldes que quedaron fuera de la lista.

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- El royalty tardó cinco años en tramitarse. ¿Por qué no se pudo antes? ¿Y por qué sí se pudo ahora? ¿Qué cambió?

En primer lugar, creo que estamos en un momento en que el país requiere un mayor esfuerzo en materia de financiamiento para distintas reformas y políticas que surgen como necesidades ciudadanas. Por ejemplo, los temas de seguridad y de inversiones están en el centro y, efectivamente, eso es parte de los destinos de la recaudación por royalty.

En segundo lugar, hubo un debate mucho más maduro en el Congreso, y también por parte del Ejecutivo hubo un interés respecto a ir avanzando en esta iniciativa que llevaba harto tiempo en discusión. Además, el propio sector minero requiere de certidumbre, y tener un proyecto de ley en tramitación precisamente no avanza en ello.

Por otro lado, tenemos un gobierno que se ha dispuesto a tener un acuerdo político y técnico con la oposición, y también con el sector empresarial, para poder llegar a un esquema de royalty que sea sostenible en el tiempo, que genere certeza y que nos permita avanzar en todas las políticas públicas que requieren financiamiento permanente.

- Parlamentarios de derecha han criticado que el royalty va a desincentivar la inversión minera. ¿Qué tan efectivo es este cuestionamiento?

La discusión en el Congreso escuchó a todos los actores involucrados y llegó a un acuerdo con la certeza de que el royalty minero no generará un desincentivo a la inversión minera en el país. Es por ello que se bajó la carga máxima tributaria inicialmente presentada y se establecieron mejores condiciones para la inversión y para facilitar la expansión de los proyectos. Es decir, se acogieron las opiniones de la oposición y del sector empresarial. Con lo aprobado, podemos decir que Chile, aún no llega a los niveles de carga tributaria que tienen otros países mineros como Perú o Australia. 

[caption id="attachment_838468" align="alignnone" width="900"] Nicolás Cataldo. Foto: Subdere[/caption]

- Una de las consignas del gobierno con este proyecto es que se avanza en equidad territorial. ¿Cómo se traduce eso concretamente?

El proyecto de ley crea tres fondos, a través de los cuales se transferirán recursos a gobiernos regionales y gobiernos locales, por un total de 450 millones de dólares en régimen. Uno de los fondos es para los Gobiernos Regionales, destinado a inversiones en productividad y desarrollo, por un total de 225 millones de dólares. Adicionalmente, existirán dos fondos para comunas, el primero de ellos es para las comunas mineras por un total de 55 millones de dólares y el segundo fondo, es de equidad territorial, el que beneficiará a las comunas con baja capacidad de generar ingresos propios, por un total de 170 millones de dólares. Esto, fortalecerá las capacidades de los gobiernos subnacionales para generar inversiones y acciones directas en sus respectivos espacios territoriales. Para el Ejecutivo son muy significativos estos fondos, ya que avanzan en descentralización, lo cual es un compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric.  

Por otro lado, el protocolo de acuerdo entre parlamentarios y el Ejecutivo, estableció la creación de un Fondo de Inversión para el Norte, que será plurianual, por 200 millones de dólares por año, los que inicialmente eran tres años de inversión, y podrá ser prorrogados hasta diez años. Estos recursos van a traer hartas oportunidades de desarrollo territorial para el norte de Chile y su inversión en infraestructura. Adicionalmente, y con el objetivo de adelantar recursos a los gobiernos subnacionales, hemos comprometido un fondo puente que nos permita ya el año 2024 inyectar recursos a gobiernos regionales y a gobiernos locales, por un monto equivalente a la mitad de lo que se está estimado en régimen con el proyecto de royalty minero.

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- ¿Cómo se determina qué comunas van a recibir más y cuáles menos? ¿Cuáles son los criterios que ahí operan?

La ley establece algunos criterios, los que ya son utilizados para otros fondos, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo Común Municipal (FCM), con eso tenemos que formular un reglamento, es decir, se distribuirán a través de instrumentos conocidos y que hoy día se aplican. Por lo tanto, despejo inmediatamente cualquier duda respecto a la discrecionalidad en la entrega de los recursos.

Respecto a los fondos comunales, en el caso del Fondo Equidad Territorial, se distribuirá a los municipios que tengan una dependencia superior al 50% del Fondo Común municipal, o que estén bajo el percentil 80 de ingresos propios permanentes, es decir, estamos hablando de municipios que no tienen capacidad de generar recursos propios.

De acuerdo a nuestras estimaciones iniciales, serían beneficiados alrededor de 300 municipios que son los más pobres de nuestro país y que van a tener un aumento de sus recursos. Estos criterios son objetivos, son claros, son conocidos y eso es lo que nos va a permitir entonces darle también certidumbre a los actores territoriales de cómo van a ser ingresados los recursos.

[caption id="attachment_838469" align="alignnone" width="900"] Nicolás Cataldo. Foto: Subdere[/caption]

- Se lo pregunto porque ha habido críticas de algunos municipios como Rancagua, La Florida, que quedaron fuera de estos fondos. ¿Qué le responde a ellos? 

Que de cumplir alguno de los requisitos que se están planteando como la dependencia del Fondo Común Municipal o como la generación de ingresos propios permanentes, ellos podrían acceder a los recursos, sin embargo, hoy día no cumplen con aquellos requisitos y esto no es discrecional. Esto no es una conversación municipio a municipio, sino que con criterios objetivos y reglamentarios que luego van a ser aplicados sin tener a la vista quiénes son los distintos municipios que accederán a estos recursos.

- El royalty significará una importante bolsa de recursos a las municipalidades. ¿Qué garantías tienen las personas del buen uso de estos recursos, considerando que recientemente se han destapado casos de corrupción que involucran a alcaldes y otras autoridades municipales?

El mismo proyecto de ley obliga a informar el gasto que cada municipio hará de los recursos del royalty. Además, Subdere cuenta con herramientas en el caso de tener que solicitar información de rendición de cuentas para poder tomar decisiones administrativas como, por ejemplo, en el caso de no rendirlas o no informarlas, poder retener el Fondo Común Municipal.

Nosotros vamos a ejercer todas las herramientas legales y administrativas que tenemos para asegurarnos que, lo que establece la ley de royalty, se cumpla. Además, actualmente se están tramitando proyectos de ley sobre probidad y transparencia municipal, los que hemos impulsado como Ejecutivo.