El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) advirtió una serie de problemáticas en las normas propuestas por el Comité de Expertos en esta materia.

En el documento señala que “las normas constitucionales hasta ahora propuestas por el Comité de Expertos para las Fuerzas Armadas no profundizan nuestra democracia y, algunas, la retrotraen a la Constitución de 1980”.

Dicha afirmación se sostiene en cinco puntos que hacen referencia a las limitancias de la autoridad Presidencial sobre las FF.AA.; la profundización del rol policial de éstas; la ampliación del financiamiento; la “insuficiente” separación de la política y las FF.AA.; y la “vaga noción” de seguridad nacional.

Respecto al primer punto, el documento sostiene que el artículo 92-p, propuesto por la comisión para el anteproyecto, es similar al Artículo 32 de la Constitución del 80’, lo que “mantiene la limitación de su autoridad suprema y la extiende solo en caso de guerra”.

Asimismo, el análisis de del centro de estudios afirma que la constitucionalización de la defensa de la “infraestructura crítica” supone una profundización del rol policial de la institución castrense.

Por otro lado, pese a que se menciona en la propuesta del Comité que todas las personas tienen derecho a la repartición de tributos, la ley podría autorizar que determinados tributos puedan ser afectados con el fin de emplearlos en las instituciones militares.

En cuanto al aspecto de “militares y política”, se menciona que el artículo 59-1 no propone un plazo para que comandantes en jefe de las FF.AA. ingresen a la política una vez retirados de la actividad militar.

Como último punto se cuestiona la vaguedad del concepto de “seguridad nacional” que contiene el anteproyecto. “En la medida que el Artículo 105-1 establece el rol de las FF.AA. en la ‘seguridad de la Nación’, estas indefiniciones dan pie a un uso impropio de estas más allá de la defensa nacional estrictamente castrense”, indica el documento.

En conclusión, el análisis sostiene que “la propuesta del Comité de Expertos para las Fuerzas Armadas mantiene importantes normas de la Constitución de 1980 que se deben eliminar, no profundiza nuestra democracia y distorsiona aún más la función castrense de las Fuerzas Armadas”.

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