Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, ofreció este martes una entrevista a Cooperativa, medio en el que anunció que en mayo empieza a operar el "empadronamiento biométrico" del Ministerio del Interior, para identificar a más de 120.000 extranjeros que han entrado a Chile por pasos no habilitados.

"El ingreso irregular al país, evidentemente es un riesgo para la seguridad", sostuvo al tiempo que insistió en que "en esa línea, vamos más allá de la declaración, No sólo lo consideramos un riesgo, sino que el gobierno ha hecho una inversión para iniciar un proceso de empadronamiento biométrico de las personas para saber quiénes son y dónde están".

"Esto es algo inédito en el país. Nunca se había realizado este tipo de procedimientos", relevó.

Respecto de la operativa, entregó algunos detalles de su puesta en marcha. "En el mes de mayo, o principios de junio, estaremos ya en las calles empadronando a las personas que están en una situación irregular", aseguró.

Paralelamente, insistió en que “el problema del control de la migración no se va a resolver sólo con expulsión".

Lo anterior, apuntando a la inquietud del Ejecutivo respecto del proyecto de ley de la oposición (RN y la UDI), que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país y que se está discutiendo, en general, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Específicamente, busca sancionar con presidio menor a quien que no reúna "las condiciones para ser declarado como refugiado en nuestro territorio, o reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas" y que, de todas maneras, haga ingreso a nuestro país, por un paso no habilitado o evitando el respectivo control.

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"Hoy existen las herramientas administrativas para que las personas que ingresan irregularmente sean expulsadas. Nosotros planteamos como primera cuestión que, como gobierno, el objetivo que tenemos es expulsar en el más breve plazo a las personas que ingresan irregularmente", relevó Thayer.

En este sentido, planteó los reparos del Ejecutivo a la iniciativa legal. “Tenemos, con una parte del proyecto, algunas aprensiones y con otra parte del proyecto creemos que se puede avanzar en una discusión y podemos llegar a un acuerdo. ¿Con qué parte tenemos aprensiones? Consideramos que penalizar el primer ingreso clandestino, puede ser ineficaz para materializar la expulsión", dijo.

E insistió en que, "si uno penaliza y judicializa a una persona que entra irregularmente, uno no la puede reconducir, (sino que) se abre una persecución penal por parte de la Fiscalía".

Miles de causas, cero condenas

Posteriormente, Thayer aseguró que, de acuerdo al Ministerio Público, entre los años 2018 y 2021 hubo cerca de 9.000 causas por ingreso irregular, y cero condenas. "Vale decir, es una herramienta ineficaz en términos de la persecución penal", expuso.

"Según datos los datos de Carabineros, están ingresando -al menos por Tarapacá- 400 personas a la semana. Estas se convertirían, en vez de reconducirlas, en causas penales que tendrían que ser tramitadas por el fiscal regional", aseguró luego Thayer.

Y en relación a la entrada de inmigrantes indocumentados a nuestro país, dijo que "en 2021, ingresaron 56.000 personas por pasos no habilitados. En ese momento, era un delito, así que tampoco nos parece que sea un desincentivo muy eficaz para el ingreso irregular".

"Sin embargo, creemos que la discusión en torno a aquellos ingresos que se dan cuando la gente tiene prohibición de ingreso, cuando hay reincidencia -vale decir, cuando hay desacato de la autoridad administrativa o judicial- se podría penalizar e incluso hemos planteado ayer que el ingreso irregular, en aquellos casos donde adicionalmente hay un delito de una persona, constituya eventualmente una agravante", planteó.

"La expulsión es una medida que es necesaria y eficaz. Normalmente, si uno mira la última década, entre judiciales y administrativas, el promedio de expulsiones anual es de 2.500 o 2.000. Entonces, claro, tenemos que dimensionarlo", sostuvo.

Finalmente, recalcó que la normativa vigente no es una gran ayuda para enfrentar el problema de la migración. "Hoy tenemos una ley que es compleja en términos de la notificación de las expulsiones y, por lo mismo, el gobierno ha presentado un proyecto para facilitar esto y vamos a seguir presentando iniciativas legislativas, porque nos parece una dimensión importante de trabajar", aseguró.

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