Presidente de la Asociación de Fiscales y nueva agenda de seguridad: “Legislar por legislar no resuelve los problemas”
Francisco Bravo asegura que los fiscales no están divididos y que han tenido una postura consistente a lo largo del tiempo respecto al tema de la seguridad. El directorio del gremio que actualmente preside viene denunciando desde hace dos años, asegura, “las cifras de aumento de homicidios, casos de imputados desconocidos, aumento en el uso de las armas, el crimen organizado y la llegada de los carteles de droga en el norte del país”.
Dice que están preocupados básicamente por dos cuestiones. Una es la sobrecarga de trabajo y el estrés en regiones como Arica, Tarapacá, Los Lagos, Valparaíso, que estarían “completamente sobrepasadas”. Y, por otro lado, la calidad de la persecución penal, “porque si tienes fiscales con 1700 causas, promedio, ni aunque trabajemos las 24 horas del día vamos a ser capaces de absorber ese trabajo”
“Esto naturalmente trae una ralentización del sistema, rezago y afecta la calidad de la investigación. Lo hemos dicho en todos los tonos, se necesita un aumento de dotación urgente, ni siquiera para tener holguras sino simplemente para cerrar la brecha de déficit que tenemos desde hace años”.
-¿Cuántos fiscales más necesitan?
Necesitamos por lo menos 300 fiscales más en el país, priorizando aquellas regiones que están completamente sobrepasadas. Lo otro es la seguridad de los fiscales. Nosotros hicimos una encuesta hace más de un año, la contestaron más de 400 fiscales y revela que más del 30% ha sido amenazado y otro porcentaje ha sido agredido en el ejercicio de su función. Aquí se requiere pronto, no solo una política de seguridad en el Ministerio Público, sino un estado de protección a aquellos agentes que hacen persecución penal y que están en situación de riesgo. O sea, todos los colegas de la macrozona norte, los colegas que llevan crimen organizado o tráfico de drogas y la macrozona sur.
-La actual crisis de seguridad no se resuelve entonces con más legislación…
No, con esto no quiero decir que la legislación no sea necesaria en algunos aspectos importantes, por ejemplo, en técnicas de investigación o mayores recursos de carácter procesal. Eso es necesario. Pero cuando en el ámbito penal se aumentan penas, no digo que esté mal, no se resuelve el problema de la seguridad. Tampoco va a implicar que los delitos de homicidio vayan a bajar. Lo que está más o menos probado en el mundo no es que al aumentar la pena bajan los delitos. Lo que baja los delitos, en rigor, es disminuir las brechas de impunidad y ese es un desafío nuestro: investigar y aclarar los delitos. No puede ser que el 40% de los homicidios, hoy en día, no sepamos quién es el autor. Ese es un problema grave y no se resuelve con legislación, sino con mayores recursos para quienes hacen la persecución penal, los fiscales y las policías especializadas, que tienen que estar capacitadas permanentemente con herramientas modernas para investigar los nuevos fenómenos criminales, que ya no son delitos aislados. La legislación puede ayudar, por ejemplo, en que la ley de crimen organizado pueda atacar el patrimonio.
-Pero los políticos se oponen al alzamiento bancario, situación que ha estado en el debate estos últimos días.
Siempre es un tema político, porque pugna el derecho de los cuentacorrentistas a mantener a la reserva de sus antecedentes, pero también en casos calificados tiene que abrirse la posibilidad de investigar el patrimonio de las personas y las organizaciones. Insisto, no se trata de que sea a destajo, pero en casos calificados poder recurrir al alzamiento del secreto bancario y acceder al estudio del patrimonio de las personas que es la manera que tiene el Estado de atacar a las organizaciones criminales.
-Atacar a los peces gordos y no andar demoliendo casas en los matinales por infracción a la Ley del Mono.
Claro, no con los eslabones más bajos. Porque pasa mucho eso, nos quedamos en el último eslabón de la cadena, el tipo que vende al menudeo, pero hay una cadena para arriba y la idea es llegar al capitalista, la persona que pone los recursos y que no se mancha las manos en el tráfico, pero que financia el negocio.
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Francisco Bravo, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales[/caption]
-¿Estamos en una época de populismo punitivo?
Yo creo que sí, lamentablemente estas discusiones están muy contaminadas políticamente. Muchas de las legislaciones que se hacen son de carácter reactivo; no es solo ahora, viene desde hace algún tiempo. Yo no juzgo intenciones, pero el hecho de legislar sin darle un poco de vuelta a las cosas, ver cuál es el efecto que podría provocar, a veces no resuelve los problemas de seguridad. Y eso se viene discutiendo hace mucho tiempo, diría unos 20 años, sobre la reforma al código penal de 1874. Se dice que es muy antiguo, lo venimos escuchando como una cantinela, pero todavía no se modifica. Entiendo que los penalistas son jodidos, en términos que no se ponen nunca de acuerdo, pero es el momento de decir sentémonos, hagamos un código penal armónico, moderno, que nos permita ser más eficiente en la persecución penal y que las penas que se imponen a las personas se cumplan y que no sean simbólicas.
-¿Qué piensas de las leyes exprés, insertas en esta nueva agenda de seguridad, que pretenden hacer en 90 días lo que no se había hecho en años?
El lunes tuvimos un debate con dos penalistas consagrados, Jean Pierre Matus y Héctor Hernández, y la visión técnico jurídica que uno escucha allí no es muy alentadora. La conclusión es que esta ley (Nain-Retamal) no viene a resolver nada y tampoco aporta mucho a las expectativas que la ley se había fijado. Yo sé que son temas complejos, pero esto habla de que legislar por legislar no resuelve los problemas de seguridad. O, al menos, no es suficiente.
-¿Con estos cambios se terminó la época garantista?
No me atrevería a ser tan categórico, pero el tema del garantismo es una etiqueta que siempre pasa por épocas de cuestionamientos. Siento que hay que mirar esto con más perspectiva, con más reposo, no sobrecaliente. Hay muchos cuestionamientos que son infundados respecto a que el sistema procesal penal es garantista. La gente dice que entran y salen como Pedro por su casa. Un dato: de 10 prisiones preventivas que piden los fiscales, 9 son otorgadas por los jueces de garantía. Entonces, ¿es realmente garantista el sistema? Claro, hay casos y casos, que hay que revisar, pero si me preguntas por el grueso, yo te diría que no. Entonces no sé si es tan cierto que el sistema es tan garantista.
-Pero estamos ante un cambio de paradigma, ¿o no?
Creo que ese es un debate que le falta más densidad. Hay muchas frases hechas, clichés y etiquetas al hablar de garantismo, y muchas veces no se entiende qué hay detrás. Es cierto que hay criterios y criterios, pero en términos gruesos los jueces aplican la ley y sin arbitrariedades. No conozco, salvo excepciones muy puntuales, jueces arbitrarios.
-¿Hay un mea culpa del Ministerio Público en esta crisis?
Siempre he dicho respecto a la administración anterior -aunque sería injusto cargar toda la mata- que el Ministerio Público no fue capaz de ver las alza que hubo respecto del crimen violento. Desde el 2015 hay antecedentes concretos de un alza en los homicidios, aumento del uso de las armas de fuego y una forma distinta de cometer delitos. Yo creo que eso nadie lo advirtió, en el sentido de modernizarse y actualizar a la fiscalía en función de estos nuevos fenómenos.
-No lo vieron venir.
Exactamente, aunque recuerdo haberlo conversado con fiscales el 2015. En ese tiempo algunos decían que habían datos preocupantes, pero nadie le puso mucha atención. Recién hace dos o tres años, comenzaron a levantarse las alarmas de manera cada vez más fuerte. Y esto hizo crisis el último año y medio. Nosotros como directorio de la asociación estuvimos con el fiscal Arancibia y le expusimos al Fiscal Nacional, en agosto de 2021, que en Tarapacá se estaba viviendo una cuestión dramática. Yo creo que el Fiscal Nacional nos escuchó, pero nunca dimensionó lo que estaba pasando. Nosotros le comentamos sobre las condiciones laborales de los colegas. Me saco el sombrero con ellos, son 19 fiscales y hacen 600 juicios al año, incluso los días domingo, en la mañana y en la tarde.
-¿Qué hace falta para que funcione mejor el engranaje a nivel de investigación?
Son varias cosas, falta más dotación y capacitación en las policías, fortalecer las brigadas de homicidios, de crimen organizado, el departamento 0S-9 de Carabineros. Hay que especializar a muchos fiscales y funcionarios policiales en lavado de activos, porque muchos de los nuevos delitos tienen aparejado lavado de dinero. El Fiscal Nacional así lo ha entendido, hay una lógica transversal sobre atacar el lavado de activos y ahí requerimos mas capacitación. Nosotros venimos reclamando la necesidad de crear una academia de formación de fiscales, como la Academia Judicial, que tiene una formación previa de siete meses. Aquí se requiere un programa de formación y capacitación para abogados, funcionarios y fiscales. Es muy importante, antes de tomar una carpeta investigativa o ir a cualquier audiencia, un proceso de capacitación integral en gestión y criminalística de al menos seis meses antes de entrar a la Fiscalía.
-A propósito de la ley Nain-Retamal que aumenta las penas por delitos en contra de Carabineros y la PDI, ¿crees que las cárceles están preparadas para recibir más detenidos?
Es un hecho público que hay cerca de 47 mil presos y tenemos una capacidad de 40 mil. Claramente los recintos penitenciarios están sobrepoblados y eso requiere una atención del Estado. Nosotros como fiscales no tenemos una relación directa con la temática, pero obviamente es una situación que debe preocupar a todos los actores del sistema. Ahí el Ministerio de Justicia tiene la palabra y deberán decidir si echan a andar la construcción de nuevas cárceles, concesionadas o no.
-Si las policías tienen más atribuciones, es necesario crear más y mejores controles. ¿Qué piensa de la fiscalización a ellas para no terminar como en México o Colombia?
Esto te lo digo a título personal, porque no son debates que hayamos hecho a nivel gremial. Siempre la función pública está sometida al principio de responsabilidad. Debemos responder por nuestros actos y siempre hay limitaciones. El tema de los controles es súper interesante. En el año 2021, la asociación participó en un proceso constituyente interno donde se estableció un conjunto de propuestas. Una de ellas era poder intervenir en las metas, objetivos e indicadores de gestión de las policías y que eso tenga algún impacto en las evaluaciones y los ascensos. Nos falta mucho por hacer en eso.
