¿Pudo evitarse la muerte del cabo Palma?: Fiscalía sobreseyó otra causa de Luis Lugo estando en libertad vigilada
La historia pudo haber sido distinta. Ocho meses antes de asesinar al cabo Daniel Palma, el venezolano Luis Lugo Machado fue detenido por una patrulla para realizarle un control de identidad en Tomé. Fue el 12 de agosto del año pasado y se encontraba con libertad vigilada intensiva, luego de acceder a un procedimiento abreviado por posesión y tenencia de arma.
La sentencia había sido dictada tres meses antes, el 6 de mayo de 2022, luego de ser sorprendido al interior de un bus en el Peaje Agua Amarilla, a la altura de Penco, con una “pistola a fogueo adaptada, marca Leo, modelo GTR-17, de procedencia turca y calibre 9mm”, además de 7 cartuchos y una bolsa de nylon con 600 milígramos de cannabis sativa. Hecho ocurrido el 08 de junio de 2021 y que lo mantuvo en prisión preventiva durante tres meses.
En esta otra ocasión la detención fue por algo similar. La policía lo buscaba tras recibir información de que éste se encontraría vendiendo drogas en las inmediaciones de la calle Manuel Montt, en Tomé, lugar donde fue interceptado pasado las 19:30 horas, encontrándole en su poder 12 papelillos con 12,64 gramos de marihuana, un celular Samsung Galaxy A31 y $152 mil en billetes.
La constancia de Carabineros detalla que al otro día, el 13 de agosto de 2022, la Fiscal del Ministerio Público, Sandra Vejar Carvajal, autorizó la remisión y entrega de la droga a Carabineros, para luego ser trasladada al servicio de salud de Talcahuano, en una causa tipificada como “delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga”.
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En esa oportunidad el Ministerio Público no solicitó su control de detención, sino que lo dejó apercibido. El proceso finalmente terminó, el 25 de enero de este año, luego que el Sistema Informático para la Gestión Judicial (SIAGJ), informara que no se habría aportado ninguna “presentación posterior al tribunal”, lo que derivó en el sobreseimiento definitivo de la causa, cosa que la Fiscalía del Biobío habría negado en una declaración al medio ExAnte.
La historia no terminó ahí. Un día después del asesinato del cabo Daniel Palma, la fiscal Sandra Vejar ingresó un escrito al tribunal solicitando una fecha para formalizar cargos en contra de Luis Lugo por tráfico de pequeñas cantidades de droga, “resucitando” judicialmente el caso.
Una trama que finalmente derivó, según contrastó El Desconcierto con el Ministerio Público, en una investigación administrativa ordenada por la Fiscal Regional, Marcela Cartagena, que busca dilucidar por qué no se habría solicitado una audiencia de formalización en la segunda causa en contra de Luis Lugo.
Una medida que intentará dilucidar varias interrogantes de este caso, que bien pudo haberle salvado la vida al cabo Palma: ¿Por qué estando en libertad vigilada y cometer otro delito, Lugo no es formalizado y su causa termina sobreseída? ¿por qué, en el fondo, no se consideró su situación judicial previa? O bien, conociendo ésta, ¿por qué no se tomó una medida más gravosa como la prisión preventiva?
La opinión de los penalistas
El Desconcierto conversó con varios penalistas respecto a los antecedentes disponibles y cómo los órganos competentes han actuado hasta ahora, intentando despejar las inquietudes que rondan en el caso.
Lo primero que salta a la vista según la abogada Sandra Rivera -magíster en Criminología y Justicia Penal, especialidad en victimología- es la carencia de una “visión de integralidad”. “El sistema ve el caso como una conducta individual monoepisódica, sin contar con los antecedentes anteriores de reiteración, considerando que tuvo una oportunidad de libertad vigilada intensiva y aún así volvió a reiterar su conducta. Hubo una falta entonces de un correcto estudio para sopesar el caso en su integralidad”.
Uno de los mayores problemas en la persecución penal es la falta de una base de datos unificada, asegura el penalista Mauricio Daza, que permita “un acceso fácil a todos los operadores que intervienen en el sistema y que permita tener información completa respecto a la situación de los imputados. Su mejora no pasa por una cuestión de leyes, sino por la voluntad de poder concretar esa coordinación. O sino vamos a observar muchos casos como este. Ese es el problema”.
Sobre el caso concreto de la segunda causa en contra de Luis Lugo, Daza asegura que le “llama mucho la atención que una persona que estaba cumpliendo una libertad vigilada intensiva, en virtud de una condena, haya sido encontrada por marihuana, imputada probablemente por microtráfico, y no haya quedado en prisión preventiva. Es algo absolutamente fuera de lo normal y creo que amerita una investigación”.
Para Cristián Riego, Director Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos, el problema pasaría además porque en Chile no existiría un mecanismo eficaz de control de los sistemas de cumplimiento alternativo. “No hay mucha presión respecto del cumplimiento de estas medidas del pasado, el sistema de algún modo se desentiende. La libertad vigilada no cuenta con un sistema eficaz en materia de registro, ni hay oficiales que vayan al juzgado a pedir la revocación, como teóricamente debiera funcionar”.
“En la práctica el sistema se enfocaría en los delitos nuevos”, explica Riego.
Otro problema que identifica Carlos Alvear, Abogado y excomisionado de la infancia del Sename, es la situación migratoria de Lugo Machado. “Si está ilegal, es una persona sin arraigo ni domicilio y son muy difíciles de pesquisar. Estos personajes muchas veces están relacionados en redes de comercio y explotación sexual, incluida la de niños, por la irrupción de bandas extranjeras”.
Un Plan de Intervención Individual de Gendarmería, emitido el 29 de julio del año pasado, no sólo reconoce un rango de reincidencia delictual media en Luis Lugo, sino que es el mismo quien justifica su accionar como una forma de “protección frente a la amenaza de otros extranjeros”.
Lo mismo que confesó una testigo respecto a uno de los prófugos en el caso, el venezolano Carlos Cortés, quien se habría relacionado con un compatriota con antecedentes por homicidio y drogas en su país y que le habrían ofrecido trabajar en la explotación sexual de mujeres.
“Tenemos extranjeros ilegales que están cometiendo delitos, a quienes no se les ha aplicado medidas cautelares de mayor intensidad. Estamos en una situación de crisis migratoria, entonces no se puede aplicar el mismo estándar de medidas cautelares que se aplica a la población común. Y eso es porque no tienen domicilio y están ilegales”, agrega Alvear.
Una situación que el abogado relaciona directamente con el control de nuestras fronteras. “No puede ser que no tengamos una ley para generar un control de identidad a los migrantes, pero vamos a comprar una cerveza al supermercado y nos piden carné de identidad. Resulta que tenemos más de un millón de extranjeros ilegales y no le podemos pedir su identificación. Es algo muy poco razonable”.
Es por esta misma razón que Fiscal Nacional Ángel Valencia instruyó el jueves pasado a todos los fiscales del país solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para todos aquellos extranjeros que sean detenidos cometiendo un delito sin tener su cédula de identidad.
Situación idéntica al caso de Luis Lugo Machado.
