El pasado 28 de marzo el Tribunal de Garantía de Arauco ordenó a Fiscalía entregar un informe sobre una serie de oficios que advertían errores de la PDI y del Servicio médico Legal (SML), en el caso de Tomás Bravo, menor fallecido el 17 de febrero y que estuvo nueve días desaparecido.

Estos oficios corresponden a los confeccionados por la fiscal a cargo del caso, Marcela Cartagena. En dicho documento cuestiona a los organismos involucrados con las supuestas irregularidades que se cometieron en la investigación.

En concreto, la fiscal apunta a los persecutores que la precedieron en su función; los fiscales José Ortiz y Carolina Molina. Sobre ellos, se reconoce que junto a la PDI tuvieron “responsabilidades compartidas en cuanto a cómo se enfrentaron los primeros pasos de esta indagatoria”, según detalla el documento revelado por La Tercera.

Asimismo, sobre la institución policial se consigna que hubo “situaciones irregulares” en la investigación que se tradujeron en “acciones, omisiones o posibles negligencias”.

Además, se cuestiona que ninguno de los dos primeros fiscales a cargo de la causa pusieran en custodia al tío abuelo del menor, Jorge Escobar, principal sujeto de interés en la investigación, por haber sido la última persona en haber estado con Tomás.

Esta situación, a juicio de Cartagena, “merece nuestro juicio crítico y tampoco fue sugerido por el personal de la Brigada de Homicidios, encargado exclusivo de la investigación desde antes que transcurrieran 24 horas desde que se conocía la desaparición del niño y hasta la aparición de su cuerpo”.

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En esa línea, se explica que “hubo una inexplicable reticencia a considerarlo sospechoso, en circunstancias que durante ese tiempo acotado (9 días) no apareció, ni aparece hasta la fecha ningún antecedente que lo descarte objetivamente como el responsable de lo que le aconteció al niño”.

“Seguramente la falta de liderazgo de la fiscal Molina los primeros cinco días de búsqueda y la intervención de 'muchas manos' desde la PDI, en ese mismo lapso, que proponían cursos investigativos desesperados y algo ansiosos, conspiraron para que se obtuviera un resultado investigativo definitivamente irregular”, consigna el oficio.

Por otro lado, la fiscal apunta al rol de Carla Aldana, integrante de la Brigada de Homicidios y del SML, por haber descartado en el sitio del hallazgo la violación del niño, por lo que no tomó muestras relacionadas a este posible delito. Sobre esto, Cartagena calificó la actitud de la profesional como “muy grave”.

“Injustificable desde cualquier metodología posible y se torna peligroso si se analiza que dichos comentarios fueron escuchados por todo el personal BH que la acompañó”, sentencia el documento.

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